Asistimos en las primeras décadas de este nuevo siglo a una contrarrevolución social sin precedentes en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana, la cual redunda en un progresivo deterioro del bienestar de las clases populares en beneficio de la oligarquía económica.
Muestra de ello es que muchos de los servicios públicos esenciales que, hasta hace apenas diez años, funcionaban de manera satisfactoria y sencilla, por el simple hecho de entrar en este cambio de época, están siendo empeorados o suprimidos, a veces sin darnos cuenta que los argumentos que nos exponen, casi siempre, son carentes de sentido.
Esta dinámica también se está produciendo en el sector del transporte público en la Región y, en particular, en el municipio de Murcia. A los y las ciudadanas se nos ha convertido en rehenes de este nuevo 'dorado' para las empresas privadas que quieren explotar este sector con la complicidad de las administraciones públicas y, en definitiva, del poder económico depredador con mayúsculas que hay detrás.
El transporte urbano e interurbano de autobús y el sistema radial que le daba forma y sentido de servicio público al municipio de Murcia y que ha estado funcionando durante 40 años de manera más que satisfactoria, ha saltado por los aires. La consejería de Fomento lo ha aniquilado paulatinamente bajo el falso pretexto de considerarlo obsoleto.
¿Con qué argumento y justificación? Que el transporte de autobús no es rentable. ¿Por qué no son rentables los autobuses del municipio? ¿Por qué dentro del mismo municipio hay tres empresas de transporte distintas y por qué se hace distinción de transporte urbano?
Encontramos la respuesta viendo algunos datos de forma desmenuzada:
- Transporte en el área metropolitana: 37,95% de la población (168.191 habitantes), considerado rentable.
- Transporte interurbano (destinado a las 55 pedanías): 62,05% de la población (275.052 habitantes), considerado no rentable.
Este planteamiento de nuestros gobernantes, en sí mismo, ya supone una discriminación a la población de pedanías y va en contra del derecho a la movilidad de las personas, porque los mejores transportes, horarios y precios los disfrutan siempre los ciudadanos de la capital.
Si somos el séptimo Municipio de España, por número de habitantes (por delante de Bilbao y por detrás de Sevilla) es con la suma de todos los barrios y pedanías de Murcia. De hecho, a la hora de pedir transferencias económicas al Estado no se distingue entre los y las vecinas del área metropolitana y de barrios y pedanías, sin embargo, cuando ha de ponerse en marcha la inversión pública, esta distinción existe en todo momento, lo cual hace que quienes residimos en pedanías nos sintamos engañados y maltratados.
El mejor ejemplo para ilustrar lo anterior es el tranvía de Murcia (para muchos, un 'lujo' innecesario que no nos podemos permitir), que nos cuesta más de 9 millones de euros, los cuales van ineludiblemente aparejados a un contrato de 40 años de duración, para solo 8 kilómetros de línea, desde el centro hasta los centros comerciales y universidad privada situadas en zona norte del municipio. Por su parte, las concesiones que explota la empresa LAT y dan servicio a las pedanías, tienen un coste total de 5.194.553 euros al año. Por tanto, las cifras nos demuestran que si los autobuses estuvieran bien gestionados serían rentables y, consecuentemente, los antedichos argumentos que da la consejería de Fomento no son más que una falacia.
En consonancia con lo anterior ha de destacarse que en el 2009 tenían que haber salido a concurso todas las concesiones de transporte público de la comunidad autónoma, pero no se hizo. La CARM optó por prorrogar la concesión otros 10 años más a Autobuses LAT, con la condición de mejorar el servicio y renovar los autobuses. Estas condiciones en absoluto se han cumplido por ninguna de las partes. No en vano, muy al contrario de lo pactado, se han cerrado líneas durante estos últimos años y se ha despedido a 50 trabajadores del servicio. Es decir, nuevamente, la ciudadanía volvió a ser engañada.
El estudio del transporte de las ciudades de España, llevado a cabo por la OCU en el año 2015, ofreció unas conclusiones demoledoras en lo que respecta al municipio de Murcia: se constató que nos encontramos ante la ciudad y el municipio con peor calidad en el transporte de España y con el billete más caro de todas.
También el cambio climático está siendo utilizado por las distintas administraciones de forma demagógica para demonizar al autobús. Al contrario de lo que se dice en determinados foros, un buen servicio de líneas de autobús no redundaría en una mayor polución para nuestra ciudad, sino todo lo contrario. Un autobús del siglo XXI con la incorporación de las nuevas tecnologías (motores híbridos, por ejemplo) es capaz de consumir y contaminar menos que 8 autobuses equivalentes de la década de los '80, según datos de CONFEBÚS, la patronal del transporte de viajeros por carretera). Además, un autobús equivale a 50 coches menos contaminando el aire, según el análisis realizado por la Asociación de Empresas Gestoras de Transportes Colectivos Urbanos (ATUC). Entonces, ¿por qué en Murcia se empeñan desde 2009 en cerrar líneas de autobús? Sólo por afán de negocio. Gracias a eso, tenemos a diario más contaminación que hace nueve años.
Por todo lo expuesto anteriormente, el malestar entre los y las vecinas de Aljucer, San Ginés y El Palmar es creciente ante el abandono que padecemos desde hace 6 años por parte de la administración regional en materia de transporte público.
Todo ello nos ha obligado a movilizarnos para hacer ver a las distintas instituciones de nuestro municipio y nuestra comunidad autónoma que no es cierto que estemos pidiendo “un autobús para cuatro vecinos”, como nos dijo el señor Díez de Revenga, Director General de Transporte, en la reunión que mantuvimos con él hace unas semanas. Esto se demostró con la notable asistencia que registró la concentración habida en el pasado 11 de julio ante la Dirección General de Transporte para exigir la restitución de la línea 61 de transporte público.
Y no solo eso, tenemos claro que si no es capaz de mostrar interés por solucionar un problema tan sencillo y la vez tan grave como el de la movilidad de muchísimos vecinos de tres pedanías, este señor no podría ser considerado un servidor público digno del pueblo de Murcia y, por tanto, por una cuestión de ética, debería recoger sus bártulos, dimitir y marcharse por donde ha venido.
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