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El creativo desastre de los presupuestos del transporte público urbano
Teodoro Antolinos / Francisco Balibrea
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El Consejero de Fomento auguraba a comienzos de marzo que el servicio público de autobuses entre Murcia capital y sus pedanías posiblemente tendría que suspenderse tras el verano, debido a las enmiendas de la oposición a los presupuestos regionales. Dos meses después, el augurio se confirma: según fuentes del Gobierno regional no habrá dinero para pagar a LATBUS el último trimestre del año, salvo que la oposición se avenga a modificar las partidas destinadas al transporte público. Y debe hacerlo, además, porque los trabajadores de LATBUS van a cobrar este mes solo el 60% de la nómina a la espera de que se modifiquen los presupuestos.
Los datos del presupuesto para 2016 sobre ayudas al transporte público urbano por carretera indican lo contrario de lo que dice el Consejero, pues se han incrementado en 1.349.525 euros, al pasar de 4.862.553 en 2015 a 6.212.078 en 2016, siguiendo su tendencia de crecimiento interanual. Pero este incremento puede pasar desapercibido porque, en un alarde de contabilidad creativa, algunas partidas y proyectos que en años anteriores estaban incluidos en las ayudas, ahora han cambiado de sitio. Efectivamente, mientras que en 2015 todas las ayudas al transporte público urbano se concentraban en el capítulo 4 de subvenciones (Transferencias Corrientes), en 2016 se reparten en dos capítulos: el 4 de subvenciones y el 6 de inversiones (4.712.078 y 1.500.000 euros, respectivamente, que hacen la cantidad de 6.212.078).
Pero la “creatividad” va más allá, llegando a cambiar el concepto y destino de algunos proyectos: por ejemplo, el proyecto que en 2015 se llamaba “Subvención a transportes de viajeros de Murcia SLU para ”Bonificación de tarifas“, dotado con 4.436.548 euros, en 2016 se convierte en ”Subvención a transportes de viajeros de Murcia SLU para “compensar costes de explotación”, dotado con la misma cantidad. De esta manera tan “imaginativa”, lo que era una subvención a los viajeros se convierte en ayuda directa a una empresa para garantizarle las ganancias. Es decir, que una ayuda cuya finalidad es reducirle “al ciudadano” el precio de las tarifas del transporte, se transforma en una ayuda de carácter general “a la empresa” para reducir sus costes, sean estos derivados de una rebaja de tarifas o por cualquier otro motivo.
Reconvertir las ayudas para mejorar la calidad de vida del ciudadano en ayudas para mejorar la calidad de los beneficios empresariales es un cambio preocupante, pues respaldar el riesgo empresarial privado de las empresas concesionarias no es precisamente una de las funciones de la Administración.
Otra muestra de contabilidad creativa se encuentra en la discrepancia existente entre la cantidad total de las subvenciones al transporte público y la destinada a subvencionar a las empresas del transporte público. Lógicamente, ambas cantidades deben coincidir. Pero no coinciden, tal y como se puede constatar en Anexo de Subvenciones Nominativas, en donde vienen desglosadas las ayudas a las distintas empresas del transporte público: las subvenciones nominativas a conceder suman la cantidad de 5.539.548,00 €, mientras que el importe total de la partida destinada a pagarlas es de 4.442.073,00 €. En otras palabras, la Asamblea Regional ha aprobado dos cantidades diferentes para una misma partida, una contradicción que parece encaminada a forzar la aprobación de nuevas subvenciones eludiendo el mandato de la oposición.
A todo esto, el pecado de la oposición no fue otro que enmendar la partida de 1.995.000 euros destinada a la patronal FENEBUS (bajo el epígrafe de “apoyo a líneas de débil tráfico”) para que esta la repartiera discrecionalmente (a dedo) entre las empresas. Partida que era nueva respecto de los presupuestos de 2015: de ayudas por bonificación de tarifas (ayudas al ciudadano por reducción del bono) se ha pasado a ayudas “a la empresa” para garantizarle los resultados de explotación. Como esto no lo aceptó la oposición, el propio PP presentó una enmienda por la que se reduce esta partida a 500.000. Pero el resto de la partida, 1.495.000 euros, no se pierde sino que se va al capítulo de inversiones, con redondeo (1.500.000).
La Consejería de Fomento, en un ejercicio de irresponsabilidad y cinismo, trata de enfrentar a las empresas del transporte con la oposición, al tiempo que sigue manteniendo el plan de optimización del transporte público que redujo frecuencias horarias y líneas de las pedanías en 2012, y aplaza sine die la puesta en marcha de la tan cacareada línea 27 (El Secano de Torreagüera-La Arrixaca-Sangonera La Seca), que recorre la Costera Sur y que fue una de las medidas estrella del programa electoral del alcalde, José Ballesta. Por no mencionar la promesa de que la línea 30 iba a llegar a Zeneta con una hora de frecuencia.
Y sin noticias de una Entidad Pública del Transporte que planifique, coordine infraestructuras y servicios y ponga en marcha una política tarifaria que convierta el transporte público en un servicio eficiente y de calidad. ¿Para cuándo la aplicación de la Ley 10/2009, de 30 de noviembre de 2009, de Creación del Sistema Integrado de Transporte Público de la Región de Murcia y Modernización de las Concesiones de Transporte Público? Su implantación nos aportaría planificación, calidad y transparencia, y nos evitaría demagogias y contabilidades creativas.
Teodoro Antolinos García del Equipo Sectorial de Movilidad Sostenible de Cambiemos Murcia.
Francisco Balibrea Gil del Equipo Sectorial de Economía de Cambiemos Murcia.
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