¿Conoce a algún hipocondríaco? Ese amigo que va al médico al menos treinta veces al año para “un chequeo rutinario”, dice, y entonces llega el día en el que nota un pequeño bulto en alguna parte, o pequeños dolores en el pecho, y ese mismo día decide que no va a volver a ir al médico, no vaya a ser que esa cosita que está notando sea, después de todo, real.
De repente, este amigo comienza a dejar pasar el tiempo. A veces recuerda ese pequeño bulto o esa presión en el pecho, pero confía en el que el tiempo –el ‘tiempo’, ese concepto al que le hemos cargado con la responsabilidad de curar todo por sí mismo- evitará que esa potencial enfermedad se convierta en real. Y lo hará sin necesidad de medicinas, pinchazos o diagnósticos.
Sí. Definitivamente, conoce a alguien así, ¿verdad? Entonces, es mucho más claro para mí el intentar describir la actitud del Gobierno frente a la corrupción. Y esta actitud ha llamado la atención de Bruselas. Ay, Bruselas, si supieras por lo que estamos pasando…
La última recomendación de la Comisión Europea se refiere a la reforma de 2015 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta reforma fue aprobada por el Congreso gracias a los votos del Partido Popular, que ‘echó mano’ de su mayoría parlamentaria y no necesitó el apoyo de ningún otro partido. De esto va la democracia. Con mayoría de votos, el ganador tiene carta blanca.
Concretamente, lo que no le gusta a Bruselas son los límites que esta reforma impone en las investigaciones judiciales. Es por todos de sobra conocido que la justicia en España se caracteriza por su lentitud. Teniendo esto en cuenta, es fácil inferir que los llamados ‘macrocasos’ de corrupción pueden ser una auténtica agonía y llevar incluso a la expiración del límite temporal y la consecuente prescripción de los delitos. Y hay unos cuantos ‘macrocasos’ de corrupción bajo investigación judicial en España.
Aquí es cuando entra en escena la legislación, que está siendo empleada al servicio del gobierno. La mencionada reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece los límites de las investigaciones en seis meses para casos simples y 18 para complejos. Ambos límites pueden ser ampliados a un máximo de 36 meses. Y esto es precisamente lo que enfada a la Comisión Europea, que ha advertido de que los largos procesos de enjuiciamiento en los casos de corrupción podría suponer la expiración de estos límites y, por tanto, favorecer la impunidad de los acusados.
Además, la decisión del juez Eloy Velasco ha hecho saltar las alarmas aún más. Velasco, que ha estado a cargo del caso ‘Lezo’ y ‘Púnica’, dos de los mayores casos de corrupción en España, dejó la semana pasada el juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, por lo que estas investigaciones han sido transferidas a la jueza Carmen Lamela, hasta que la vacante de Velasco se ocupe. Pero Lamela ya advirtió que su carga de trabajo no le permite dedicarse como debería a los casos que deja inconclusos Velasco.
¿Qué tenemos por delante, entonces? Los candidatos al puesto de Velasco tienen 15 días para presentar las solicitudes, que después tendrán que ser revisadas. Esto supone que el puesto permanecerá vacante durante, al menos, el mes de junio. Una vez que el nuevo juez comience en el cargo, tendrá que dedicar mucho tiempo a ‘empaparse’ de los cientos de miles de papeles de las investigaciones.
Y, por supuesto, los límites establecidos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal no serán suspendidos hasta que el nuevo juez comience su trabajo. Es más conveniente paralizar estos ‘macrocasos’, mientras se deja pasar el tiempo. Porque eso es en lo que somos buenos: dejar pasar el tiempo. Y, quizá de esa manera, la opinión pública se olvidará de la corrupción y seremos felices para siempre.
¿Qué harán los políticos y legisladores españoles ante la advertencia de Bruselas? Probablemente, darán las gracias a la CE por sus sugerencias, pero nada más. Seguirán confiando en que el tiempo hará desaparecer ese pequeño bultito.
Porque algunos están demasiado ocupados como para conceder importancia a la corrupción. Porque es mejor reformar las leyes en función de lo que queremos o no queremos que se perciba. Porque a España le da miedo ir al médico.
