No quería escribir sobre esto, pero la discusión me tiene harto. El aeropuerto es una ruina. Su construcción en una zona de exclusión área OTAN genera una serie de inconvenientes que hacen problemática su viabilidad, algo que no sucedía en San Javier. Un aeropuerto, el de Corvera, que no iba a costarnos nada, pero que al final estamos pagando los habitantes de esta Región. Un desastre de gestión que provoca un agujero en las arcas regionales comparable al de la desaladora. Ese es el motivo por el que se abrió una guerra cultural con su nombre. El objetivo, tapar el pufo económico que es.
En julio de 2017, cuando arreciaba la discusión sobre el desastre económico del aeropuerto, Ciudadanos y el PP, decidieron presentar una moción para ponerle nombre. Aquel globo sonda generó los primeros problemas en la sociedad murciana: no era un nombre aceptado por todos. A aquella petición se opusieron tanto el PSOE -Joaquín López Pagán-, el aeropuerto no estaba ni siquiera abierto (todavía había de negociarse su inclusión dentro de AENA), como Podemos -María Giménez Casalduero-. Ambos indicaban que habían de buscarse otros nombres que no generaran polémica, consensuando el mismo, abriendo la elección a la participación pública e incluyendo la posibilidad de que fuera una mujer (propuesta de María Giménez), Carmen Conde. No fue así, tanto Ciudadanos –Miguel López Morell– (quien no creía en la participación pública porque España era una “democracia delegada”) como el PP –Juan Guillamón Álvarez– defendieron que el nombre fuera Juan de la Cierva. La falta de consenso se vio en la votación ganada por un voto. Se había iniciado una guerra cultural en la que lo de menos era el nombre, lo importante era lo que tapaba: un desastre económico.
Cambiarle el nombre a un aeropuerto no es fácil, el Gobierno regional no las tenía todas consigo. Los cambios en las denominaciones no gustan en las administraciones aeronáuticas, salen caros. El trámite no se inició inmediatamente después de la votación, a pesar de la mayoría del Partido Popular en el Gobierno de la nación. En junio de 2018, tras la moción de censura, cambió el gobierno y entró el PSOE. Dos meses después, tras un año de inacción, en el mes de agosto de 2018, se solicitó el cambio de nombre. Ver trabajar a la administración pública un mes de agosto es cuanto menos curioso y da idea de qué había detrás. A mí personalmente me molesta que me manipulen con una operación de marketing consistente en proponer un nombre polémico para una parte de la población, con objeto de tapar el desastre económico del aeropuerto asumido por AENA. Será porque en el fondo sé que no es al inventor al que homenajean sino lo que pueden ocultar con él.
En noviembre de 2020 y en mayo de 2021, la secretaría de estado de Memoria Democrática envió escritos a Aviación Civil. En ellos informaba que la denominación Juan de la Cierva podía representar una vulneración del artículo 15 de la ley 57/2007. Los escritos estaban basados en el informe presentado por Ángel Viñas que era un resumen, centrado en Juan de la Cierva, de su obra general pero especialmente la que había sido publicada en 2019 ¿Quién quiso la Guerra Civil?
Nadie ha negado que Juan de la Cierva fuera un excelente inventor, un visionario, patentó su invento antes de que funcionase. Sin embargo, las recientes investigaciones nos han dado nuevos elementos a considerar. Estos se han ido conociendo en profundidad en los últimos años. La historia se hace con documentos y siempre aparece un nuevo documento o enfoque que nos permite aproximarnos a nuestro pasado con nuevas miradas que sacuden la historia contemporánea a las que ha contribuido Roberto Villa y que han abierto sesudos debates.
El problema es cuando las investigaciones tropiezan con la imagen que nosotros tenemos del pasado o el presente que queremos construir. El caso de Juan de la Cierva es paradigmático. Ha pasado de ser un mediador a tener un papel en la organización de aquel golpe de estado. Es imposible saber qué hubiera pasado de no haber muerto, si hubiese apoyado a don Juan tras el Manifiesto de Lausana, si se hubiera quedado en el exilio o denunciado el régimen de Franco, ¿quién sabe? Antes de los recientes libros y enfoques, el Estado había reconocido a Juan de la Cierva como un insigne inventor, el del autogiro. Da nombre a unas famosas becas, a un barrio, tiene una página en el pasaporte... pero la historiografía está situando su persona en un marco que plantea problemas y no solo con el aeropuerto, recientemente le han quitado el título nobiliario.
El caso Juan de la Cierva nos lleva a una pregunta, ¿qué hacemos con la historia cuando incide en cosas que no sabíamos, en problemas que desconocíamos? La pistola humeante está ahí y se encuentra presente en los informes: el primero, el de Ángel Viñas solicitado por la secretaría de estado democrática; el segundo, el de Javier Guillamón Álvarez quien dice: “personalmente opino que JdLC intervino como intermediario, pero no lo hace necesario para un golpe de estado, como tampoco hace necesario que lo sea media España” ( pag 3 de 5 – negrita); el tercero, el de Roberto Villa que indica (punto 7, pág 5 de 23) que: Juan de la Cierva participó: “de las operaciones para allegar desde Reino Unido recursos para la Junta de Defensa Nacional”; “en la compra de armas, pertrechos y combustible en otras capitales europeas”, ejerció misiones para los golpistas y antes del golpe ayudó a la contratación del Dragón Rapide. Aunque se sostiene que Juan de la Cierva no sabía de qué iba la cosa, porque de haber sido consciente del golpe hubiese informado a su familia para que huyera. Supongo que ya le hubiera gustado a la dirección general de seguridad republicana que todos los conocedores del golpe hubieran cambiado su agenda y avisado a sus familias.
Sin embargo, en el exhaustivo repaso de Roberto Villa el problema no se sitúa en la variable histórica sino en el encuadre jurídico. Encuadre del que había huido Ángel Viñas en su informe indicando su opinión y dejando la interpretación a la secretaría de estado. El problema no es histórico sino jurídico. La pregunta es: ¿de acuerdo con la ley 57/2007 en su artículo 15 podemos considerar que ponerle el nombre de Juan de la Cierva al aeropuerto es una conmemoración o una exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura? Aquí entramos en un terreno farragoso. Parece claro que muchos piensan que el nombre es una imposición con la que se conmemora de alguna manera la sublevación, mientras otros argumentan que es el inventor (¿podemos separar la persona de la obra?) a quien se homenajea y por eso no entra dentro de los marcos legales definidos por la ley 57/2007. La cuestión no es delimitar el grado de participación de Juan de la Cierva en el golpe de estado y los primeros pasos de la sublevación, ese no es el tema, al margen que todos lo acepten en diferente grado. El problema es si al ponerle Juan de la Cierva alguien puede considerarlo exaltación y hay quien lo considera. ¿Qué decidirán los jueces? No tengo ni idea, porque además estos tienen una vía de escape: ¿puede una comunidad autónoma ser independiente y ponerle el nombre a su aeropuerto sin contar con el Estado español? Una cuestión muy catalana
Una cosa esta clara: la sociedad está dividida, si no fuese así no tendríamos tres informes. ¿Había otras fórmulas para elegir el nombre de la infraestructura? Sí. No se hizo porque resultaba útil el enfrentamiento en el que algunos ya adoptan la dialéctica guerra civilista del ganaremos, lo que incide en la división de una sociedad en una campaña que parece diseñada por Lee Atwater
Una vez más, el caso de Juan de la Cierva muestra que los españoles no hemos hecho las paces con nuestro pasado, que somos incapaces de relacionarnos con él, aceptándolo, de ahí la reciente aportación al debate de Álvarez Junco, ¿Qué hacer con un pasado sucio?
En todo caso esta discusión no tiene que ver con el pasado, es solo una excusa, el problema es el presente político. Al ponerle el nombre de Juan de la Cierva al aeropuerto no se buscaba homenajear al inventor, sino una guerra cultural que permitiera desviar la atención sobre una serie de hechos principales: que estamos pagando una infraestructura que no deberíamos pagar; que no aterrizan aviones suficientes; que hemos cerrado un aeropuerto rentable, San Javier, quizás porque daban el Mar Menor por irrecuperable; que el AVE nos llega por Alicante y no por Albacete; que el Puerto en vez de exigir comunicaciones ferroviarias para su futuro anda proponiendo nuevas ampliaciones sin tener en uso las actuales. Vamos que en vez de hablar de lo importante, el futuro de la Región, estamos abriendo de nuevo el pasado ahondando en heridas para ocultar el presente. Un triunfo del marketing del que ni yo mismo he sabido sustraerme. Mis felicitaciones.
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