Me asomo a estas líneas para contar una historia. Un relato sobre gente que se ha dejado la piel por la conservación de un entorno privilegiado: el Parque Regional Costero-Litoral de Cabo Cope y Puntas de Calnegre. Entre activistas, vecinos, académicos, científicos, artistas y algunas autoridades políticas resaltaré la labor de los juristas perseverantes que hemos intervenido en su protección. Se trata de un viaje fascinante y amargo que puede acabar como aquella obsesiva caza de Moby Dick o como el hallazgo de un tesoro común, un patrimonio colectivo. Al tratarse de un asunto del que pende una decisión judicial, seré prudente y no caeré en grandes titulares ni discusiones estériles.
El Gobierno del partido que actualmente nos gobierna procedió en 2001, mediante Ley del Suelo, a la desprotección parcial de la Marina de Cope, en una ablación descarada. Muchos de los activistas y vecinos que habían peleado por su protección no se extrañaron. Los primeros ecologistas y vecinos de Águilas y Lorca que pararon la nuclear en los años 70 sabían que el enemigo se quedaba dentro de la joya de la corona ecológica y paisajística: la especulación en la Marina, ese cadáver enterrado en la playa que investigó mi maestro José Luis Martínez Valero. Este terrible adversario podría disfrazarse de voraz urbanismo o de agricultura intensiva, pero siempre supondría un claro reto, el de imponer en el territorio la voluntad popular unánime del Plan Especial de finales de los 80 y de la Asamblea Regional en La Ley de Ordenación del Territorio de 1992, negociada con la Garba ecologista.
Mientras los Tribunales decidían acerca de la legalidad de tal artimaña – reducir el espacio natural protegido a lo estrictamente exigido por la Unión Europea con una trampa – el movimiento social, impulsado por Ecologistas en Acción, se rearmó frente a los resorts en la región con el nombre de MURCIA NO SE VENDE y a través de la gestión inteligente que llevó a 50 diputados del grupo socialista a recurrir la Disposición Adicional Octava de una Ley murciana. Fueron años inciertos, en los que la pelea se recrudeció con una Iniciativa Legislativa Popular rechazada, pues a los ojos de todos, el resort para 60.000 personas fruto del boom urbanístico no se construiría, sin embargo, todos acabamos subvencionando una autopista que cicatrizó el paisaje y el lento caminar de las tortugas moras. Además un Consorcio promovía públicamente una Actuación de Interés Regional (AIR) sobre un área con hábitats de interés comunitario y especies de fauna protegidas por el Tratados Internacionales para la protección de la biodiversidad como el de Berna, el de Bonn y el de Río de Janeiro, a la vez que la Consejería de Agricultura consentía el regadío irregular sobre el secano.
Desde 2004 se organizó un comando legal y profesional llamado PROLITORAL al que después se unieron organizaciones ecologistas, vecinales para discutir la viabilidad de las Directrices y Plan de Ordenación del Litoral. No fue hasta diciembre de 2012 que el Tribunal Constitucional nos dio la alegría efímera declarando la inconstitucionalidad de la Disposición Adicional de la Ley del Suelo de 2001. Desde ese momento la batalla legal iniciada cobró alas. La conexión con los lugareños era complicada pero gracias al azar mi alumno de Ciencias Ambientales Ramón me presentó a sus padres. Gente sencilla y sin ambición especuladora que, renunciando al poderoso caballero y asesorada por la asociación MARINA NOS INTERESA, ha planteado desde hace más de seis años una alternativa turística local que muchos de ustedes conocen. Pero la sombra de la especulación seguía enraizada en el mapa de la propiedad de la Marina de Cope, pues algunos vecinos obtuvieron pingües beneficios cediendo onerosamente su lugar a bancos y otros inversores dejando a los pocos emprendedores sostenibles de la zona en los brazos de la burocracia y la desigualdad de trato administrativo.
Desde entonces la batalla legal contra los Lannister del dinero, tiene lugar en Tribunales Superiores de Justicia Regionales, encargados de llevar a buen puerto los efectos de la Sentencia del Tribunal Constitucional. Así conseguimos en 2013 la nulidad firme de la AIR, pero no conseguimos detener la maquinaria especulativa de los gobernantes de los Ayuntamientos de Águilas y Lorca y la Comunidad Autónoma. Una vez conseguido que la Abogacía del Estado en Murcia se allanase, los grandes propietarios – incluida Iberdrola – se empeñaron en seguir discutiendo los efectos de la Sentencia del Tribunal Constitucional hasta llegar al Tribunal Supremo, alegando la independencia de los planes generales urbanísticos municipales.
Al mismo tiempo, y pese a la prohibición legal de las Leyes estatales de Patrimonio Natural y Biodiversidad, una agricultura intensiva inocula pesticidas y plásticos en un paisaje privilegiado. La gente que se baña o bucea en el dominio público de corales fósiles, convive con muchas empresas que no respetan el entorno, y me consta que la Fiscalía de la Región de Murcia ha tomado cartas en el asunto. A la Marina hay que mirarla desde el mar, para protegerla eficazmente, contando con pescadores y cetáceos.
El momento judicial actual es emocionante, puesto que el Abogado del Estado ante el Tribunal Supremo, exconsejero delegado de Iberdrola, además de no apartarse del procedimiento por conflicto de intereses, plantea un escrito ambiguo que pudiera llevar al traste todos los años de esfuerzo legislativo y social por conservar el paraíso que es la Marina de Cope.
La solución jurídica es fácil y se centra especialmente en la Marina. Las autoridades deben tramitar y aprobar un plan de gestión integral participativo de todo el Parque Regional, mediante el cual podrían acceder a los terrenos litorales de mayor valor ambiental, estableciendo mecanismos de compensación justos y ecológicamente viables para los propietarios. Preservar la cuenca visual y promover actividades turísticas y de ocio realmente sostenibles es el mayor reto.
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