Cada año, el 14 de abril llega como una fecha cargada de historia, memoria y anhelo. Es el día en que se proclamó la Segunda República Española en 1931, una de las etapas más esperanzadoras y trágicas de nuestra historia reciente. Representa un proyecto democrático, laico, socialmente avanzado y profundamente transformador. Sin embargo, año tras año, el Partido Socialista Obrero Español —heredero directo de aquella tradición— guarda un silencio cada vez más ensordecedor.
Mientras que las bases del PSOE, sus juventudes y muchos de sus votantes siguen reivindicando la memoria republicana, la dirección del partido ha optado por una actitud de prudente distancia, cuando no de descarado olvido. La fecha del 14 de abril apenas figura en su calendario político, y cuando se menciona, se hace con una ambigüedad calculada, como si se tratara de un episodio incómodo del pasado que conviene no agitar demasiado.
Esta actitud resulta especialmente grave si se recuerda que fue precisamente en el seno del PSOE donde se alzaron algunas de las voces más lúcidas en defensa del legado republicano. Una de ellas fue la de Luis Gómez Llorente, diputado socialista en las Cortes Constituyentes de 1977, quien —en un gesto de enorme dignidad política— votó en contra del artículo 1 de la Constitución de 1978, que consagraba la monarquía como forma de Estado. En su voto particular, Gómez Llorente no se opuso a la democracia naciente, sino al blindaje de una institución heredada del franquismo sin que el pueblo español hubiera tenido ocasión de pronunciarse libremente. Su intervención sigue siendo, hoy, un documento de enorme valor moral y político. Una advertencia que el propio PSOE decidió ignorar.
Desde entonces, el partido ha preferido acomodarse en los consensos de la Transición, sacrificando en el camino una parte esencial de su identidad. La apuesta por la “reconciliación” y el “consenso” ha servido como coartada para evitar cualquier debate serio sobre la forma de Estado. Pero ese consenso fue, en gran medida, una imposición bajo tutela militar y con ruido de sables de fondo. Hoy, en democracia plena, no hay excusa para seguir silenciando la cuestión republicana.
La reciente Ley de Memoria Democrática, promovida por el actual gobierno de coalición, es un paso adelante, pero también muestra las limitaciones de un PSOE que se niega a extraer conclusiones políticas de esa memoria. Se reconoce la legitimidad de la República, se condena el franquismo, pero se mantiene intacto el pacto de silencio en torno a la Corona. Una memoria que no interroga al presente es apenas un gesto simbólico.
El 14 de abril no es un fetiche del pasado ni una fecha para nostálgicos: es una interpelación ética y política. Mientras que la cúpula del PSOE se aleja de ella, su ala izquierda y otras fuerzas políticas la rescatan, conectando con una ciudadanía que exige justicia histórica, regeneración democrática y soberanía popular.
Cada año que el PSOE calla ante el 14 de abril, traiciona no solo a la República, sino también a figuras como Gómez Llorente, que supieron ver —con claridad y valentía— que no hay democracia plena sin República.
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