Mis experiencias como laboralista y como ciudadano interesado en la evolución del mercado de trabajo, solo permiten que sienta tristeza y hartazgo ante la deprimente tendencia que siguen las relaciones laborales en nuestro país y, particularmente, en nuestra ciudad desde hace años.
Los datos son tozudos: España destaca junto a Polonia como el país con más precariedad de Europa. Según fuentes del INE, la tasa de temporalidad española está diez puntos por encima de la media europea y, en 2013, el 92,16% de los contratos de trabajo celebrados eran temporales.
Éste es el resultado de décadas en las que los distintos gobiernos han combinado, por un lado, reformas legislativas siempre encaminadas a debilitar la protección legal del trabajador, y por otro, la ausencia de voluntad en promover un modelo de desarrollo económico basado en el valor añadido y en aprovechar el capital humano español que, paradójicamente, sí saben aprovechar en los países de nuestro entorno que reciben a nuestros jóvenes resignados a emigrar.
Lamentablemente, nos hemos encontrado con que ante el cierre de factorías enteras durante la reconversión industrial de los años ochenta, la única alternativa que realmente se quiso posibilitar fue incidir en el sector de la construcción y la hostelería, los cuales se han caracterizado por una alta economía sumergida, por precarizar a sus trabajadores y por dar rienda suelta a la especulación.
Por tanto, podemos decir abiertamente que los dos grandes partidos del Régimen del 78, con sus políticas de claro corte neoliberal, nos han ido convirtiendo en trabajadores cada vez más precarios y con más debilidad ante el “caciquismo” que, cuarenta años después del fin del franquismo, aún persiste en muchos grandes empresarios.
Y si hacemos mención a la última reforma laboral, de febrero de 2012, solo cabe resaltar un ahondamiento más en la precariedad del trabajador de a pie. Por poner un ejemplo palpable, ha de señalarse que la negociación colectiva se ha debilitado más que nunca. De hecho, en algunos sectores, como la hostelería en Murcia, llegó a haber un periodo en que algunas empresas no aplicaron ningún convenio colectivo, y consecuentemente, retribuían a sus empleados conforme al salario mínimo interprofesional (645,30 € al mes en 2014).
Estas decisiones empresariales están contempladas en la actual redacción del Estatuto de los Trabajadores, que establece que si entre patronal y sindicatos no se llega a un acuerdo para que un nuevo convenio sustituya al anterior una vez superada su duración prevista inicialmente, el antiguo se prorroga solo durante un año, ni un día más, y si esta prórroga no es suficiente, los trabajadores pueden acabar quedándose sin convenio de aplicación.
En otros sectores, como el del transporte de mercancías por carretera, el temor a caer en ese “limbo” de ausencia de regulación convencional, debilitó mucho a la parte social en sus negociaciones y terminó por firmarse un nuevo convenio colectivo claramente regresivo para estos trabajadores.
Estas situaciones, que a muchos se nos antojan como barbaridades, encontraron su encaje legal con la reforma laboral de Rajoy, pero los mimbres fueron tomados de un acuerdo del gobierno de Zapatero con patronal y sindicatos en 2011. Sin duda, éstas son muestras de la falta de sensibilidad con que, desde las instituciones, se actúa hacia las personas que se ganan la vida en puestos de trabajo diferentes a los de alta dirección o al empleo público. Aunque de la situación de muchos funcionarios, también podría hablarse largo y tendido.
Algunos dirán que todas estas medidas encuentran su justificación en lograr una mayor “flexibilidad”. Estamos acostumbrados a que se le llame flexibilidad a todos aquellos cambios que redunden en un empeoramiento de la situación del trabajador en la empresa y en una mayor arbitrariedad de determinados empresarios, que suelen ser los mismos que deslocalizan la producción a países subdesarrollados y que amenazan con fijar su domicilio social en países extranjeros para reducir el importe de sus obligaciones tributarias.
Pues bien, en un escenario económico de caída de la demanda interna y de ausencia de financiación privada, estas medidas en “pos de la flexibilidad” nos conducen al tercer año consecutivo de bajada de salarios; es decir, erosionan la cohesión social y el poder adquisitivo de muchas familias, lo cual es evidente que es un lastre para el 80% del tejido empresarial español, que depende de la demanda interna para continuar funcionando.
Frente a este panorama desolador, hemos de exigir una verdadera voluntad política de alcanzar una mayor justicia social en las relaciones laborales y, además, replantearnos la búsqueda de una acción sindical sin complejos y que huya de la burocratización y la eternización en los sillones.
José Enrique Saura Ruiz es Graduado Social y Diplomado en Ciencias Empresariales
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