La persistencia de la violencia: mujeres y derechos humanos en la vida cotidiana

En los días previos al 8 de marzo, leí varias historias que parecían entrelazarse sin proponérselo. La lectura de dos libros escritos por mujeres —Hasta aquí todo va bien, de Estela Sanchis, y El lugar de la herida, de Laura Baeza— situaba en primer plano cuerpos dañados y experiencias atravesadas por la violencia. A través de la ficción, ambos textos mostraban algo profundamente real: la violencia forma parte de la vida cotidiana de muchas mujeres.

Poco después, participé en una jornada sobre derechos humanos celebrada en Madrid, esa intuición literaria encontró su correlato en la realidad. Se habló de trata de personas, especialmente de mujeres y niñas, y aparecieron datos, testimonios y diagnósticos que confirmaban una idea inquietante: el cuerpo de las mujeres sigue siendo, con demasiada frecuencia, el escenario donde se ejerce la violencia.

Así, desde distintos ángulos —la literatura, el análisis académico y la práctica jurídica— emergía una misma constatación: la persistencia de la violencia contra las mujeres. Por eso el 8 de marzo sigue siendo necesario; por eso, la defensa de los derechos de las mujeres es una cuestión, día a día, en cualquier lugar del mundo, de derechos humanos.

El Día Internacional de la Mujer no es solo una fecha simbólica. Es, sobre todo, una oportunidad para recordar que la igualdad entre mujeres y hombres sigue siendo una tarea inacabada. Y no solo en el plano social, sino también en el jurídico.

Desde el derecho internacional contemporáneo, la igualdad de género es un derecho humano plenamente reconocido. La Carta de las Naciones Unidas (1945) ya proclamaba la igualdad sin distinción de sexo, y la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) afirmaba que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Posteriormente, instrumentos como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer consolidaron esta idea, obligando a los Estados a adoptar medidas concretas para eliminar la discriminación.

Sin embargo, el reconocimiento jurídico no ha eliminado las desigualdades. Las mujeres siguen enfrentando brechas salariales, menor representación política y dificultades en el acceso a recursos. Pero, sobre todo, persiste la violencia.

Las cifras son elocuentes: una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida. Esta realidad llevó a Naciones Unidas a reconocer la violencia contra las mujeres como una violación de derechos humanos. Durante mucho tiempo, sin embargo, se consideró un asunto privado. El feminismo, junto con la humanización del derecho internacional, fue clave para transformar esa percepción.

En este punto resulta esencial introducir la perspectiva de género. No se trata simplemente de “añadir mujeres” al análisis jurídico, sino de comprender cómo las relaciones históricas de poder entre hombres y mujeres condicionan la realidad. Juzgar con perspectiva de género implica reconocer que la violencia contra las mujeres no es un fenómeno aislado, sino estructural, vinculado a desigualdades históricas.

Esta perspectiva permite identificar elementos que de otro modo podrían pasar desapercibidos: la desigual credibilidad otorgada a las víctimas, la reproducción de estereotipos en las decisiones judiciales o la falta de diligencia en la investigación de los delitos. Como se ha señalado en tribunales internacionales de derechos humanos y comités de la ONU, la violencia contra las mujeres es una manifestación de relaciones de poder desiguales y constituye, en sí misma, una forma de discriminación .

Además, aplicar esta mirada implica adaptar las respuestas institucionales. Por ejemplo, en los casos de violencia sexual, no basta con investigar formalmente: es necesario evitar la revictimización, garantizar un entorno seguro para las víctimas y actuar con especial diligencia. La justicia, en este sentido, no puede ser neutral si la realidad no lo es.

Pero las desigualdades no se expresan únicamente en la violencia directa. También se manifiestan en formas más sutiles, como los estereotipos presentes en la publicidad o en los discursos sociales. Durante décadas, la imagen de la mujer ha sido utilizada como objeto o reclamo, reforzando roles limitados. Estas representaciones no son inocentes: influyen en cómo se percibe a las mujeres y en las expectativas que se proyectan sobre ellas.

El feminismo no pretende imponer un modelo único (de hecho, como le escuché decir a la escritura María José Galé en una librería murciana el viernes pasado: “Es un movimiento político que se deconstruye así mismo”), sino ampliar las posibilidades de vida. Su objetivo es que cada mujer pueda desarrollar su proyecto vital en condiciones de libertad e igualdad. Asimismo, la Agenda 2030 de Naciones Unidas recoge esta aspiración al situar la igualdad de género en el centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: ninguna sociedad puede desarrollarse plenamente si la mitad de su población enfrenta obstáculos sistemáticos.

Sin embargo, alcanzar esa igualdad requiere recursos (la defensa de los derechos humanos también necesita dinero, sin él, es mera retórica), voluntad política y cambios culturales profundos. No basta con normas: es necesario transformar prácticas y mentalidades.

En territorios concretos como la Región de Murcia, estas dinámicas globales adquieren una dimensión cercana. La igualdad se juega en lo cotidiano: en el acceso al empleo, en la conciliación, en la representación política o en la prevención de la violencia de género.

Murcia refleja bien esta tensión entre avance y persistencia de desigualdades. Por un lado, cada vez más mujeres acceden a la educación superior y a profesiones cualificadas. Por otro, siguen existiendo sectores —especialmente en ámbitos agrícolas o de cuidados— donde el trabajo femenino permanece invisibilizado o peor remunerado.

Desde una perspectiva de género, estas realidades no pueden analizarse como fenómenos aislados. Forman parte de una estructura que asigna roles, distribuye recursos de manera desigual y condiciona las trayectorias vitales. Por eso, las políticas públicas deben tener en cuenta estas diferencias y sus efectos.

El 8 de marzo, en este contexto, no es solo una celebración de los avances logrados. Es también un recordatorio de las tareas pendientes. La literatura, el derecho y la experiencia social coinciden en señalar que la violencia y la desigualdad siguen presentes.

Frente a ello, el feminismo actúa como una herramienta crítica. Permite identificar las injusticias, cuestionar lo que se presenta como natural y proponer alternativas. Y, sobre todo, conecta la experiencia individual con estructuras más amplias.

En última instancia, la reivindicación de los derechos de las mujeres no es una demanda sectorial. Es una cuestión central para la democracia y un Estado de Derecho que ubique los derechos humanos en su centro. Porque una sociedad que tolera la violencia o la discriminación contra la mitad de su población difícilmente puede considerarse plenamente justa.

Por eso, cada 8 de marzo, la reivindicación se renueva: la igualdad no es un ideal abstracto, sino una exigencia concreta. Y la dignidad de las mujeres no es negociable, porque en ella se juega la dignidad de toda la sociedad.