“La Consejería de Educación suspende las charlas contra el machismo en las aulas por presiones de una asociación machista”. “La Consejería de Educación suspende las charlas contra el racismo por presiones del Ku Klux Klan”. Estos dos titulares son inventados. Fake news, como se conoce ahora a la manipulación informativa. Sin duda, si cualquiera de estas dos noticias tuviese lugar, medios nacionales las recogerían y construirían un relato que sobrepasaría las fronteras de nuestra Región. Sería todo un escándalo que padres y madres machistas o racistas lograsen paralizar la formación dirigida a acabar con la discriminación en las aulas.
“La Consejería de Educación suspende las charlas contra el acoso escolar a personas LGTB por presiones del Foro de la Familia”. Esta información sí es cierta. Puede que sólo haya salido en noticias no demasiado extensas de los dos diarios regionales, pero es la realidad.
Hace poco más de diez días, Adela Martínez-Cachá y Francisco Sánchez, Consejera de Educación y Director General de Juventud, anunciaban a bombo y platillo, con grandes titulares y foto, la puesta en marcha de un programa para combatir el acoso escolar por motivos de orientación sexual e identidad de género. La idea, sin embargo, no surge ni de la Consejera ni del Director General de Juventud. Es una medida contemplada en los Presupuestos Participativos Regionales 2018, propuesta por el Colectivo No Te Prives y aprobada por la ciudadanía a través de una votación.
Se trata de un programa que en Molina de Segura lleva funcionando desde hace más de un año, a través de la Concejalía de Juventud, en todos los Institutos de Educación Secundaria del municipio. Consiste en charlas en las que se aborda la diversidad sexual, los problemas que afrontan los y las jóvenes LGTBI, tratando conceptos como respeto, igualdad, libertad, amor o diversidad. Una información y formación básica para combatir la LGTBIfobia, que surge por la ignorancia y el desconocimiento.
Tras un curso completo en el que esta formación se ha llevado a cabo, la Concejalía de Juventud no ha recibido ni una sola queja por parte de alumnos o alumnas, profesores o profesoras, ni de padres o madres. Sí tenemos constancia, por contra, del buen resultado y de la buena percepción que todos los centros tienen de esta herramienta para facilitar la convivencia y el respeto en las aulas.
La decisión de “aplazar” sine die las charlas, sumada a la astracanada de pedir autorización paterna, acogiéndose además a una interpretación tendenciosa de la Carta Magna, no es ni mucho menos casual. El Partido Popular, la misma formación que votó en contra del matrimonio igualitario, que llevó los derechos de las personas LGTBI al Constitucional, que se manifestó en las calles contra la libertad de amar, responde así a su electorado más fiel, al que mejor encarna su ADN.
El mal llamado “Foro de la Familia” (que lejos de representar a las familias, defiende que sólo existe un modelo de familia, atacando y pretendiendo destruir a todos los demás) compartió pancarta con el PP y la parte más fundamentalista y ultraconservadora de la Iglesia Católica para frenar la ampliación de derechos a toda la ciudadanía.
En España, el sistema educativo tiene la obligación de difundir “la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación”. Así viene recogido en la actual Ley de Educación.
En ningún momento se fija la posibilidad de que estos valores puedan ser censurados en la formación de una persona si sus progenitores no están de acuerdo. ¿Qué ocurriría si mañana otra asociación ultraderechista cuestionase la idoneidad de explicar el Big Bang en Física como teoría más plausible del origen del universo? ¿O si el temario de Biología tuviese que adaptarse a aquellos que, a pesar de la evidencia empírica, continúan negando la Evolución? ¿Y si se niegan a que sus hijos lean a Miguel Hernández, por rojo? ¿La hija de un nazi podrá estudiar el Holocausto? ¿Se pedirá a los padres y madres que autoricen esos contenidos? ¿Saldrán de clase los hijos e hijas de familias fundamentalistas, haciendo optativa esa parte del temario?
Las charlas sobre valores humanos, sobre convivencia y respeto, de igual modo que cualquier otro tipo de contenido, no pueden ser jamás opcionales. Mucho menos para aquellos que en su propia casa están sufriendo falta de información e incluso acoso por parte de su familia.
Las fobias como el machismo, el sexismo, la discriminación por razón de orientación sexual, el racismo, y un largo etcétera de conductas propias de la ignorancia, no son innatas a la condición humana. No son genéticas. Son conductas aprendidas y aprehendidas.
Si un joven insulta a otro por su orientación sexual, su color de piel o su género, es porque ese comportamiento lo trae ya de su propio entorno. Y la sociedad tiene el derecho y la obligación de combatir esas conductas, de “desaprender” comportamientos tóxicos. La Educación Pública no sólo tiene el objetivo de formar en conocimientos. También es la garantía para formar ciudadanos y ciudadanas con conciencia crítica con su entorno, con armas para defenderse en la vida diaria, y que sean solidarios, respetuosos y puedan desarrollarse en libertad con plena autonomía.
Los datos hablan solos: un 95% de las personas LGTBI han sufrido acoso en las aulas. Un 46% ha pensado o intentado acabar con su propia vida como única vía para acabar con ese sufrimiento. Nadie tiene derecho a decirle a una persona joven homosexual, bisexual o transexual que está enferma, que tiene un problema, que su forma de amar es incorrecta. Y mucho menos a atemorizar con la eternidad del infierno a menores que sienten atracción por personas de su mismo género. Nadie. Ni siquiera sus padres. Por eso no se puede pedir autorización paterna para estas charlas.
Los y las jóvenes LGTBI tienen derecho a saber que no les pasa nada, que no hacen nada malo, que sus sentimientos no son incorrectos. El conocimiento y la información es la mejor manera para lograr ese objetivo. La mayoría lo sabe. La Consejera también. El Director General es plenamente consciente de ello. Pero el Foro de la Familia ha amenazado con llamar a votar a otras fuerzas políticas que no sean el PP. Y lo que cuenta son los votos, el cargo, el mantenimiento del poder, por encima de los derechos de los y las jóvenes a recibir una formación integral y a contar con herramientas para combatir el acoso.
