Cuando hace casi dos años y tras muchos avisos, el Mar Menor arrojó miles de animales a sus orillas en busca del oxígeno que no quedaba ya en sus aguas, el presidente Fernando López Miras se apresuró a culpar a las lluvias provocadas por la DANA. Pocas semanas después, el Gobierno regional acabó reconociendo el problema, asumiendo que el Mar Menor atravesaba un proceso de eutrofización muy grave, incluidos episodios de anoxia. Sin embargo, a pesar de que los científicos y los ecologistas llevaban décadas advirtiendo de que éste sería el resultado de los vertidos descontrolados de las multinacionales de la agroindustria al acuífero y de la excesiva explotación urbanística, para López Miras la causa era un misterio.
Dice el saber popular que quien paga, manda. Y en esta Región, el lobby del agronegocio manda mucho como para tener responsabilidad alguna. La culpa debía ser, por tanto, de otro. De la sociedad en su conjunto, por ejemplo, tal y como aseguró el presidente de todos los murcianos y murcianas. Vía libre, por tanto, para sacar adelante una supuesta ley de protección y recuperación del Mar Menor que siguiese permitiendo a este sector, controlado principalmente por grandes empresas que nada tienen que ver con la agricultura tradicional de la zona, arrojar hasta 170kg de vertidos cargados de nitratos y fertilizantes por hectárea cultivada al año. Eso son miles de toneladas de aguas contaminadas recibidas anualmente por el Mar Menor. Una ley que contó con el visto bueno de Partido Popular, pero también de Ciudadanos y del PSOE de Diego Conesa, en una actuación completamente incomprensible sin recurrir al mantra del saber popular antes citado. Si la norma que permite arrojar veneno al Mar Menor ya de por sí es un atentado ecológico contra un entorno natural único, la nula voluntad del Gobierno regional por hacerla cumplir y desmantelar los regadíos ilegales ha supuesto la gota que ha colmado el vaso de la sostenibilidad de este ecosistema. Pero recuerden: la culpa no es del lobby del agronegocio, es de la sociedad en su conjunto.
La culpa es de todos, por eso López Miras decidió que las principales medidas para luchar contra otro mal (también responsabilidad de todos, excepto suya), la expansión de la COVID, debían ser permitir aumentar un 30% más las emisiones contaminantes por parte de empresas industriales y agrícolas, y relajar las exigencias burocráticas para nuevas construcciones, eliminando de facto los requisitos de evaluación ambiental. Su gobierno tituló a estos cambios en las leyes de protección de la naturaleza “decretos para mitigar los efectos socioeconómicos de la COVID-19” porque llamarlos “favores a nuestras redes clientelares, aprovechando que estáis encerrados en casa y no miráis”, hubiese estado feo.
Volviendo a la ley que supuestamente iba a salvar (otra vez) al Mar Menor, aprobada hace poco más de un año, hay que recordar que sólo hubo dos partidos que no le dieron su apoyo. Vox se opuso a la ley porque está en contra de cualquier tipo de limitación a la agroindustria. La foto de Abascal y Gestoso en los días previos a la aprobación, comiendo junto a los grandes empresarios del sector en Madrid (a pesar de las restricciones de movilidad propias del momento), presagiaba que la formación ultraderechista asumiría por completo la defensa de los intereses de quienes envenenan el Mar Menor. Como solución, Vox propuso abrir las golas que conectan el Mar Menor y el Mar Mediterráneo. Dicho de otro modo, eliminar cualquier restricción a los vertidos, utilizar el Mar Menor como cloaca y verter periódicamente toda la contaminación al Mar Mediterráneo. La propuesta de Vox es, ni más ni menos, que acabar con la existencia misma del Mar Menor como ecosistema.
De otra parte, también se opuso Podemos. Los motivos, sin embargo, eran muy diferentes. Diametralmente opuestos en objetivos y también en aliados. La postura defendida por la portavoz, la diputada María Marín, era cerrar el grifo a los vertidos. Acabar con la contaminación en origen, evitando así que la situación del Mar Menor llegase al punto de no retorno. Y como solución definitiva al problema, Podemos recogió la histórica reivindicación de los movimientos sociales para crear el Parque Regional del Mar Menor y acabar con la posibilidad de que vuelva a repetirse en el futuro. De haberse aprobado esta propuesta, probablemente no hubiésemos tenido que ver de nuevo miles de cadáveres de peces y crustáceos flotando en las orillas de una masa de agua que lleva camino de ser un nuevo Mar Muerto.
Vox eligió a sus aliados, el lobby del agronegocio que está explotando nuestra tierra hasta dejarla yerma, y su mensaje, negacionista del desastre que se estaba gestando. Podemos eligió a los suyos, los ecologistas y los científicos que advertían de los efectos de la permisividad con las prácticas contaminantes, y también situó un mensaje claro: de no tomarse medidas urgentes, el Mar Menor volvería a mostrar con crudeza su agonía. En ese momento, el Gobierno regional puso en marcha su maquinaria de propaganda. Todos los que avisaban de lo que venía eran unos agoreros, unos alarmistas y, además, unos antimurcianos. El mismo discurso que lleva operando y que tan buen resultado ha dado contra los activistas de los colectivos vecinales y ecologistas, e incluso sobre la comunidad científica, durante décadas.
Huelga decir que un año después, parece que una parte de la ciudadanía tiene claro quién llevaba razón. Este fin de semana, 70.000 personas, según los medios de comunicación, han “abrazado” al Mar Menor en apoyo a la ILP que busca dotarlo de personalidad jurídica para aumentar su protección. Las predicciones de los ecologistas se están cumpliendo paso por paso, a la vista de todos. Sin embargo, en un giro más que previsible, el Gobierno regional –sustentado ya por tránsfugas procedentes de Vox- ha decidido poner en marcha la agenda de la ultraderecha. Hoy sabemos que la Consejería de Agricultura y Medio ambiente no ha sancionado ni desmantelado ni un solo cultivo ilegal. Que no ha controlado que las insuficientes restricciones que impone la ley, se cumplan. Que hay empresarios con vinculación familiar con miembros del Gobierno autonómico.
También sabemos que, desde hace ya dos semanas, los peces muertos inundan las orillas del Mar Menor. Cuando el desastre ya está en marcha, el presidente regional plantea abrir las golas, acabando con un ecosistema único en Europa y arrojando toda la contaminación al Mediterráneo, tal y como querían Vox y las multinacionales. ¿La culpa de que se mueran los peces? Del calor. Eso dijo López Miras desde su retiro vacacional. ¿No cuela? Pues entonces, la culpa fue de los romanos. O de Monedero, como dijo Teodoro García Egea en campaña electoral. De todos. La culpa es de todos, salvo de López Miras, de Valcárcel o de Pedro Antonio Sánchez.
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