Como los políticos malos, incapaces de reconocer sus pifias, que tratan de disimularlas declarando que, en realidad, su problema es que “no han sabido explicarse bien a la ciudadanía”, el Fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, don José Luis Díaz Manzanera, ha previsto una campaña de información a la opinión pública para ilustrarnos sobre qué es un fiscal y, sobre todo, dejar bien claro lo bien que lo hacen él y sus subordinados en nuestra tierra.
Y no es que yo quiera negar la mayor, que, desde mi aprecio hacia estos funcionarios, de siempre comprometida posición, no preveo nunca hacerles objeto de injusticia o invectiva gratuita alguna; pero ante quienes exigen justicia (por supuesto que es la ambiental la que más me interesa) se alza la cruda realidad de una tierra envilecida por poderes aberrantes, constituida en agrocantón depredador de la naturaleza y endurecida por unas instituciones que colaboran a su manera en esta situación ruin y desbocada, como sucede con la justicia, jueces y fiscales incluidos, a los que, en atención a estas circunstancias, hay que considerar aparte.
Pero cómo no expresar mi pasmo por la ocurrencia de este Fiscal jefe de aprovechar esa campaña informativa para dar a conocer sus éxitos, al parecer sin precedente, y a reivindicarse como ángel de la guarda de los murcianos (¡qué fuerte!) y, muy especialmente, como campeón en la defensa del medio ambiente (¡hombre!). Todo logros, y ninguna humidad ni reconocimiento de su ostentosa nulidad en tantos casos y ámbitos penales, bien sea por falta de medios, por incapacidad profesional o por cobardía vulgar. La cosa tiene perendengues porque si los funcionarios gastan dinero público en hacer auto propaganda sobre las meras obligaciones de su papel público, tendríamos entre manos algo parecido al caso de corrupción llamado “Púnica”, con sello murciano-cartagenero, por el que varios políticos del PP han destinado caudales públicos a autobombo y ocultación de sus miserias, acabando en los tribunales. Me pasmo, ya digo.
Es un craso error –dejando aparte la posibilidad de malversación de caudales públicos, que tendría su cosa que incurrieran en este pecadillo los mismísimos fiscales– que estos servidores públicos de la justicia crean que organizando una campaña de opinión van a mejorar su imagen, ya que para forjar imágenes y poner en su sitio a políticos y funcionarios nos bastamos y sobramos los ciudadanos de a pie, con solo mostrar un mínimo nivel de información y compromiso. Es a nosotros, a los contribuyentes ordinarios, sujetos de la soberanía nacional, a quienes nos corresponde hacer propaganda, si hay méritos apreciables, de la acción funcionarial de unos y otros, con sensatez, justicia y de nuestro propio peculio; o ajustarles las cuentas, si incurren en felonía, con el mismo derecho y también obligación.
Bien. En sus recientes declaraciones, anunciando esa campaña informativa, Díaz Manzanera ha incurrido en mucho más que desliz al sacar pecho por las actuaciones, propias y de sus ¡69 fiscales! (quién lo diría), nada menos que en medio ambiente, sobre lo no hay más remedio que hacerle observar que puede que nuestros fiscales sean eficaces en pequeños asuntos ajenos a lo ambiental, pero en lo que se refiere a la intensa degradación de nuestra tierra, a la corrupción agraria, a la arrogancia del agropoder depredador y a la infamia del proceder de los responsables políticos de todo esto, como las Consejerías y la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), es decir, en lo verdaderamente importante e inaplazable, su acción/inacción no es que sea manifiestamente mejorable, es que constituye una parte significativa en ese proceso de saqueo y expolio de espacios, recursos y perspectivas.
Que me perdone don José Luis, que sabe de mi aprecio personal, pero su verdadera tarea es intentar superar la incompetencia general medioambiental en que se desenvuelve su Fiscalía; y lo último que debiera permitirse, en un momento de escándalos diarios, es desafiar a la realidad y a quienes se la venimos poniendo ante los ojos. Porque nuestro fiscal y sus fiscales conocen bien todo esto: los regadíos ilegales, perpetrados cada día en violación de la Ley de Aguas y tantas veces del Código Penal; los innumerables pozos ilegales de los que se extrae, indebidamente, un recurso que la ley debiera controlar estrictamente; las exacciones de agua pública para intereses privados; la sobreexplotación de la mayoría de los acuíferos; la contaminación y envenenamiento de muchos de ellos; la destrucción de suelo y ecosistemas en espacios protegidos; los vertidos contaminantes y la basura tóxica depositados en los cauces públicos, incluido el Mar Menor (pese a la acción judicial, de la que cada vez se sabe menos ), las playas y el mar litoral.
Todo esto se desarrolla ante las narices de nuestros fiscales, entre otras cosas porque la prensa (sin llegar a cansarse) y los ecologistas (sistemática y airadamente) lo señalan una y otra vez, por lo que debieran descartar toda exhibición, por carecer de fundamento y porque no va a evitar la prueba de que incumplen diariamente sus deberes. Por supuesto que tendrán a punto sus excusas, como aquella de que “no es cuestión de abrir una causa general contra la agricultura intensiva”, lo que malamente puede disimular su desgana y desapego al trabajo. El gusto de la justicia por los “hechos concretos” suele ser escondrijo de indolencia, más que clave de la eficacia procedimental y penal, porque “asuntos concretos” les llegan, vaya si les llegan.
Ante esta lluvia de hechos, datos y sospechas de ilegalidad que le llegan cada día a nuestros 69 fiscales (¿de verdad son tantos?), me pregunto si es a una actitud desafiante o a un arrebato de soberbia, el que Díaz Manzanera cifre en “una noticia de prensa” el pistoletazo de salida para incoar diligencias de investigación; aunque sí puede tratarse de esos asuntos en los que, aun antes de que se disipe el eco del pistoletazo, ya se ha producido su archivo. Desde que se inició este siglo, aniquilador para nuestra tierra, la prensa le viene mostrando a los fiscales una infinidad de tropelías ambientales, muchas de ellas muy graves. De lo del Mar Menor no se estremecieron y de los sucesos del Noroeste, donde se repiten varios de los mismos procesos delictivos de nuestra laguna, no quieren acusar recibo, pretendiendo que las graves acusaciones que se dirigen a los manipuladores ahí del ciclo del agua lo son sin fundamento, carecen de naturaleza penal o ¡ya fueron enjuiciados! Pero son los dos mayores problemas ambientales a los que se enfrenta nuestra región, y la Fiscalía no ha respondido a sus obligaciones: en el primero fueron los acontecimientos los que la arrastraron y al segundo no se atreve a tocarlo, pese a conocer suficiente para actuar.
Pero ese asunto, el del Noroeste, sigue de actualidad, ya que ni se ha investigado ni juzgado. Si la Fiscalía hiciera caso a las casi diarias advertencias y señales que se le envían sobre hechos de muy grave envergadura ambiental y (seguramente) penal, empezaría por mirarse los nuevos documentos relacionados con el Plan de Cuenca 2021-2027 de la CHS, dado que es este órgano el principal objeto de las acusaciones de tipo ambiental en esta tierra. Y se encontraría, en la revisión del Plan actual, el de 2015-2021, con el interesante dato (Anejo 2, p. 56) de que el acuífero llamado Almirez, del que se surten los pozos de la empalagosa finca de El Chopillo, se nutre, anualmente, de la infiltración pluvial, con 2,1 Hm3, y de la infiltración subterránea del embalse del Cenajo, con 15,0 Hm3; grande sería su sorpresa al no encontrar ningún dato en la columna de “salidas subterráneas”, teniendo en cuenta que son, al menos, 5 Hm3 los que se extraen en esa dichosa finca. Si continuasen sus indagaciones con un mínimo esfuerzo, se encontrarían con el dato reciente (30-11-2020) de que en El Chopillo y por la empresa Opera Bona, se han extraído 36,6 Hm3 que son “vertidos al río”, es decir, los caudales de peaje dirigidos a las urbanizaciones y fincas del área de San Pedro-La Horadada; de paso, podrían entretenerse en buscar la cobertura legal de esos peajes (y lo mismo se encuentran con que no existe: menudo papelón).
Si mantuviesen las ganas de trabajar y de aclarar los misterios de El Chopillo, hallarían que (1) la CHS miente, o más bien oculta tontamente una realidad incontrovertible, correlativa con la falsedad de que los 17,1 Hm3 que recibe el acuífero de Almírez (p. 54 de ese mismo anejo) van a “caudales ambientales” del Segura; (2) los pozos del Chopillo se nutren, al menos en un 28,7 por 100 del agua del Cenajo, que es pública, aunque se la adjudica Opera Bona; (3) esa cifra de los 36,6 Hm3 vertidos al río es puntual, no aclara desde cuándo se han acumulado esos caudales ni dice si el contador ha sido o no manipulado (cosa facilísima y práctica habitual). Nuestros fiscales en acción extraerían sus consecuencias provisionales, y sentirían el impulso irresistible de estudiarse las historias de El Chopillo, por más que (como tantos sabemos) les salga sarpullido sólo de pensarlo. Y, ya arrebatados por la emoción de la investigación, revisarían el proceloso trámite de autorización de los pozos existentes, de las transformaciones de secano en regadío (casi todas ilegales, si bien bendecidas por la infinita generosidad de la CHS) y de la burla hecha, durante 35 años, a la hidrogeología y a la ley: los sondeos del acuífero Almírez, que afloran agua del Cenajo, sólo debieran tener carácter público, siendo irregular, y supongo que ilegal, todo lo pinchado desde 1986 (cuando sólo existía un pozo de modestos caudales, ya que la finca era de secano). Por supuesto que esto es generalmente conocido y ya lo denunció en 2004 un fiscal con redaños, ajeno a esta tierra pecadora; pero aquello quedó inacabado, bloqueado y sin proceso ni sentencia, y alguna vez hay que arreglarlo, si es que creemos en la justicia y rechazamos todo tufo de impunidad.
Esperemos que todo esto alcance la categoría de “noticia de prensa” que provoque el “pistoletazo” consiguiente y marque el inicio de “diligencias de investigación”, en el vigoroso, algo provocador y hasta ahora poco eficaz verbo de nuestro (siempre) respetado Fiscal jefe Díaz Manzanera.
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