Vacaciones patrias
La historia de las vacaciones en España, tal como las conocemos hoy, es relativamente reciente. Porque aunque aunque las clases pudientes disfrutaban de períodos de descanso y viajes desde mucho antes, el concepto de vacaciones pagadas como un derecho laboral se introdujo ya muy entrado el siglo XX.
La revolución industrial trajo consigo la necesidad de periodos de descanso para las personas trabajadoras, aunque realmente no eran pagados. En el pasado siglo, en España el derecho a vacaciones pagadas fue establecido por primera vez en 1931 por la Segunda República, específicamente por el ministro de Trabajo, Francisco Largo Caballero, a través de la Ley del Contrato de Trabajo. Esta ley otorgaba a las personas asalariadas siete días de descanso remunerado al año.
La ley de 1931 fue pionera en reconocer este derecho para todas las trabajadoras y trabajadores españoles. Sin embargo, su implementación efectiva se vio afectada por la informalidad de ciertos sectores laborales, como la agricultura. A pesar de las limitaciones iniciales, el establecimiento de las vacaciones pagadas en España marcó un avance significativo en el ámbito de los derechos laborales y ha evolucionado hasta las vacaciones más extensas que disfrutan los trabajadores y trabajadoras españolas en la actualidad.
Una de las luchas sindicales más relevantes en España dentro de la defensa de los derechos laborales ha sido la consolidación de las vacaciones. Los sindicatos han trabajado para garantizar que las plantillas tengan acceso a períodos de descanso adecuados y remunerados. Finalmente, cuando se consolidó la democracia en España, el Estatuto de los Trabajadores consignó en 1980 en su artículo 38 el derecho a 30 días naturales de vacaciones al año.
Defender el derecho a que se tenga acceso a vacaciones remuneradas y que se respeten sigue siendo, a día de hoy, una lucha continua en muchas empresas que vulneran este derecho no respetando la ley y no permitiendo que los empleados y empleadas puedan disfrutar de su periodo de descanso de forma justa y equilibrada creando verdaderos dramas a la hora de poder disfrutar de unas vacaciones en periodo estival o festivo, saltándose el estatuto de los trabajadores o los convenios colectivos.
Luchar por mejores condiciones laborales, incluyendo la reducción de la jornada laboral a 37,5 es algo que la sociedad está ya pidiendo a gritos en las calles y que la razón impondrá. La reducción de jornada laboral puede tener varios beneficios para los trabajadores y las empresas que incluyen la mejora del equilibrio entre vida laboral y personal permitiendo más tiempo para dedicar a sus familias, hobbies y actividades personales. Además trabajar menos horas puede reducir el estrés y la fatiga, lo que puede mejorar la salud y el bienestar de los trabajadores y trabajadoras. En algunos casos, una jornada laboral más corta puede aumentar la productividad ya que se puede estar más enfocada y motivada durante sus horas de trabajo. El absentismo, tan traído y llevado, también vería beneficios ya que al tener más tiempo de descanso y menos tensión se mejora considerablemente la salud laboral y, por tanto, se reduce el número de bajas.
Defender el derecho a un equilibrio entre la vida laboral y personal, y promover la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras con una conciliación real está siendo un bucle continuo por parte de los comités de empresa y los delegados y delegadas sindicales.
La creciente precarización laboral y la falta de estabilidad en el empleo afectan negativamente el acceso a vacaciones y otros derechos laborales. La negociación es clave para defenderlos pero es un desafío en un contexto, como el actual, de ataque a la libertad sindical con la nueva ley contra el diálogo social. Por eso es importante el papel de los sindicatos y la unión de los y las trabajadoras a la hora de negociar los convenios colectivos que en nuestra región se encuentran paralizados y que implican a más de 100.000 personas en sectores como el transporte, agroalimentaria o sanidad privada.
En resumen, la lucha sindical en España por la consolidación de las vacaciones es un tema importante que requiere la acción colectiva y la defensa de los derechos laborales porque, aunque están implantadas con normalidad, en algunos sectores siguen siendo motivo de lucha obrera en pleno siglo XXI. Los y las trabajadoras debemos unirnos para promover la calidad de vida no solo defendiendo los derechos en el lugar de trabajo, sino además una sanidad pública, una enseñanza de calidad y unos servicios públicos que nos permita ser mejores ciudadanos y más libres.