Desde las últimas elecciones (autonómicas, locales, europeas y estatales) el Pueblo, a través de su voto, ha creado una nueva realidad en las instituciones públicas de soberanía democrática. La gestión política de los asuntos de interés general como paro, vivienda, cambio climático, educación o sanidad, no cuentan con mayorías absolutas de proyectos de un solo partido. Por lo tanto, su obligación de pactar no tiene por que ser negativa en los asuntos verdaderamente importantes para el bienestar ciudadano, en pos de la buena gestión del dinero publico, de la transparencia y del mayor control de la sociedad.
Ello sitúa a los partidos políticos en una nueva tesitura: “El reto del diálogo que desnuda su capacidad de renuncia de intereses de partido en favor del avance del interés general, el bien común”. No es un mal mandato por parte de la sociedad a la cultura política y democrática. ¿Es una expresión colectiva de exigencia la mejora de la calidad democrática en detrimento de la cantidad, el marketing político, la prepotencia, las promesas hechas para no cumplir, las decisiones arbitrarias e incluso corruptas?
Desde luego es sano. No perdamos la paciencia por periodos de diálogo, negociación y exageraciones. Es un curso y un proceso de aprendizaje para los políticos, los partidos y los candidatos. Los males de las mayorías absolutas, las fáciles para los políticos y cargos públicos, ya los conocemos. Vamos a ver como nos va con esta nueva situación.
Ahora bien, seamos consecuentes. Estos nuevos escenarios políticos, fruto de nuestro voto, nos compromete cívicamente a todos y todas a una mayor implicación en los asuntos públicos, a la participación permanente y, por lo tanto, la superación de votar y decir “hasta luego, nos vemos en cuatro años”. Nuestra sociedad no se caracteriza precisamente por tener una actitud de participación, algo que constituye una obligación, y no podemos acordarnos de santa Bárbara solo cuando truena. La dinámica de gobernar para los ciudadanos pero sin los ciudadanos, e incluso de espaldas a los ciudadanos, se ha terminado.
La participación es un derecho, una obligación y una garantía de calidad democrática. Una asignatura pendiente e inaplazable. Contamos con garantías y derechos en nuestro marco constitucional, y del orden normativo suficiente, enrobinado, con un pésimo funcionamiento o sometido a la voluntad personal del político de turno. Pero ahí está.
El derecho de asociación, el derecho de consulta por parte de los gobiernos a las asociaciones antes de tomar decisiones, la obligación de creación de consejos locales y regionales de participación, los derechos de intervención en plenos municipales, la obligación de subvencionar programas de participación, de dación de cuentas…Esta es la 'infraestructura social de participación ciudadana' que no interesa a los políticos. Es un gran poder ciudadano, un contrapoder o contrapeso a abusos, a exigencia de cumplimiento de compromisos, de programas, de pactos sociales.
Es insostenible que las infraestructuras sociales predominantes y masivas, además de fenomenalmente financiados en los pueblos y a nivel regional, sean las dedicadas a fiestas patronales, religiosas y festejos de todo tipo. Paralelamente, las asociaciones reivindicativas, como las vecinales, de padres y madres, culturales, ecologistas o Consumeristas, ni existen en muchas ocasiones por falta de apoyo. Este cambio también lo hemos votado al decir: “Menos poder a los políticos y más al pueblo. Más ciudadanía, civismo, más sociedad, participación, dación de cuentas y consulta permanente”.
Esta nueva etapa democrática de exigencia de calidad puede significar mayor eficacia en los asuntos concretos de bienestar social, más eficiencia en la gestión, una perspectiva más transversal y solidaria. Más búsqueda de resultados hacia afuera en vez de prebendas internas de los partidos, de clientelismo y premios por logro de apoyos internos o votos en barrios o colectivos. Veámoslo así: una oportunidad para que los políticos hagan sus deberes sin relajarse con las mayorías holgadas, con las personas en el control social de los resultados. Remanguémonos pues y vayamos a por el empoderamiento ciudadano y la calidad democrática.
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