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La Comisión de Investigación señala a Valcárcel y Cerdá como autores del fracaso de la desaladora

Miguel Sánchez, presidente de la comisión, ha hecho público el informe definitivo de la misma, en el que señala al expresidente de la Comunidad y al ex consejero de Agricultura como principales autores de un entramado que acabó perjudicando seriamente a las arcas públicas murcianas

"Entendemos que es el Sr. Valcárcel el que decide que se constituya el EPA, que se construya la desaladora, y que se haga de esta manera, a través del citado entramado de empresas", cita la comisión en sus conclusiones

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La Desalinizadora de Escombreras puede generar una deuda de hasta 600 millones de euros

El PP ha concluido que hoy en día la desaladora no es viable económicamente Ayto. de Cartagena / Cartagena

“La realidad nos indica que la desalinizadora de Escombreras fue algo más que un mal negocio como manifestó Alberto Garre, o que un modelo ruinoso como reconoció Antonio Cerdá. Entendemos que los responsables son Valcárcel, como ideólogo, Cerdá como ejecutor y Amalio Garrido”, sentenciaba en la jornada de ayer el portavoz de Ciudadanos Miguel Sánchez, también presidente de la Comisión de Investigación de la Desalinizadora de Escombreras.

En el extenso informe que el grupo parlamentario de Ciudadanos ha facilitado a los medios de comunicación, se establecen una serie de condiciones que manifiestan el perjuicio de la Desaladora de Escombreras, y la responsabilidad política tanto de Valcárcel y Cerdá como impulsores, como una serie de personas implicadas y de menos calado político.

"Entendemos que es el Sr. Valcárcel el que decide que se constituya el EPA, que se construya la desaladora, y que se haga de esta manera, a través del citado entramado de empresas", cita la comisión en sus conclusiones, mientras que  lo señalan también como responsable de que la Comunidad Autónoma ejerciera la compra del 49% restante del capital social al que se hace referencia en el informe, cuando tenía mas de 25 años por delante para acometer esta operación. El expresidente también habría permitido que se establecieran cláusulas leoninas en beneficio de particulares y en detrimento de las arcas públicas regionales, y que toda esta operación se haga a espaldas de los Servicios Jurídicos de la CARM y se contrate un gabinete jurídico externo. Las declaraciones de Amalio Garrido apuntan directamente a Ramón Luis Valcarcel como ideólogo de la trama y que contaba con el apoyo y colaboración del Francisco Cerdá, persona de su confianza y ejecutor de todas las operaciones

"Trama corrupta dentro de un macropelotazo urbanístico del PP"

El portavoz socialista Rafael González Tovar ha destacado entre las principales conclusiones que la desalinizadora de Escombreras “es una macro trama corrupta dentro de un macropelotazo urbanístico de auténtica marca PP, ideada por Valcárcel y Cerdá, con el objetivo de dar cobertura a la recalificación de más 180 millones de m2 de suelo para construir 250.000 viviendas”.

Aseguró que de haberse realizado la licitación pública por parte de la CARM de la ingeniería y la construcción de la planta con un crédito bancario, el ahorro con respecto al arrendamiento habría sido de más de 300 millones de euros. “Para la construcción de la planta, la Comunidad Autónoma asumió un riesgo grave e injustificado avalando un préstamo de 114 millones de euros en beneficio de una empresa privada”, añade.

La tercera conclusión a la que ha llegado el grupo municipal socialista es que el Gobierno regional no ha hecho nada ante el "despilfarro de Escombreras" hasta que, como en el caso Mar Menor o Aeropuerto de Corvera, la situación ha colapsado.

“Hay una clara dejación de funciones, ya que el grupo ACS, propietario de la desaladora del Valle de Escombreras, viene manifestando desde el año 2012 su disposición a vender la planta a precio de coste, sin que hasta la fecha se haya llegado a ningún acuerdo”.

En la misma línea se mantienen desde Podemos Región de Murcia. En relación a los contratos que asumen desde el gobierno regional para hacer pública la empresa Desaladora de Escombreras, tal y como ha explicado el diputado Antonio Urbina, se ve que son “ claramente leoninos, asimétricos y con falta de reciprocidad. Lo cual ha dado lugar a graves perjuicios financieros para la CARM”. Entre esos perjuicios, ha añadido, el que causa la carta aval que la EPA entrega a Banesto, “que obliga a la CARM a asumir riesgos financieros enormes, no respaldados por ninguna garantía relacionada con el futuro suministro de agua a los ayuntamientos”.

El PP admite que hoy en día no es "viable económicamente"

Desde el Partido Popular, a través de su miembro en la Comisión de Investigación, Juan Luis Pedreño y de su portavoz, Víctor Martínez, han admitido que actualmente la Desaladora de Escombreras no es viable económicamente, por lo que han instado al Gobierno Regional a "negociar cuanto antes su viabilidad económica".

"Debemos ser útiles con nuestras conclusiones, hemos demostrado la necesidad de la desaladora, es un instrumento imprescindible para los regantes del campo de Cartagena y así lo hemos reflejado en nuestras conclusiones", ha dicho Víctor Martínez, quien considera que los grupos de oposición no han aportado nada nuevo ya que tenían escritas sus conclusiones desde el primer momento y lo único que han perseguido es dañar al Partido Popular para obtener un rédito político pero no tienen ningún interés en hacer viable la desaladora de Escombreras.

El portavoz popular  ha recordado  el momento en el que el Gobierno regional se plantea la necesidad de la desaladora, el crecimiento  de la Región de Murcia fue "cercenado por las políticas de la ministra Narbona y el gobierno de Zapatero que derogó el trasvase del Ebro y lo que hizo  fue articular medidas para garantizar el desarrollo y  dotarnos de una herramienta  para hacer frente a una situación de extrema sequía".

Conclusiones Comisión de investigación Desalinizadora de Escombreras

  1. La Entidad Pública del Agua carecía de competencia en materia de autorización para nuevas demandas de recursos hídricos. La única competente en esta materia era la Confederación Hidrográfica del Segura.
  2. Se crea una trama contractual y societaria cuyo objetivo es la construcción de la Desalinizadora de Escombreras, cuyo coste y sobre coste asumirá plenamente el erario público, garantizando a las empresas privadas intervinientes importantes beneficios con cláusulas contractuales leoninas muy perjudiciales para la Comunidad Autónoma y sin asumir riesgo alguno las empresas privadas. La financiación es avalada por el EPA, obligación que revierte en la Comunidad. Se evita acudir al procedimiento legalmente establecido, el concurso público. El hecho de que se firmen todos los contratos en fechas coincidentes es indicativo de que obedece a un plan preconcebido.
  3. En ningún momento se solicitan informes o intervención de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma, ni de la Intervención General de la Comunidad Autónoma, se contratan servicios jurídicos externos, los cuales vienen a manifestar que las decisiones ya estaban tomadas antes del encargo “estos contratos tenían que firmarse si o si”, nuestra posibilidad de influir en el cliente era limitada porque ellos estaban totalmente decididos a cerrar la operación”
  4. El coste económico de la desaladora para las arcas públicas será al menos cinco veces superior al coste real de construcción de la misma suponiendo una gestión absolutamente ruinosa.
  5. Se aprecia una clara responsabilidad política de los gestores en este ruinoso negocio, del ex gerente del EPA Amalio Garrido, del ex consejero Antonio Cerdá y del ex presidente Ramón Luis Valcárcel, pudiendo existir otro tipo de responsabilidades por lo que las actuaciones deben ser remitidas a la Fiscalía del TSJ de Murcia y al Tribunal de Cuentas donde ya existen actuaciones al respecto por presunta responsabilidad contable por alcance. Entendemos que es el Sr. Valcárcel el que decide que se constituya el EPA, que se construya la desaladora, y que se haga de esta manera, a través del citado entramado de empresas
  6. La desalinizadora es viable económicamente si se liberara de las desproporcionadas cargas que la trama contractual y societaria le ha irrogado y que eleva de forma ostensible el coste de producción por encima de niveles asumibles por el mercado. Resulta necesario el estudio de acciones legales para revertir la situación contractual y estudiando una posible acción judicial tendente a que se declare la nulidad de las clausulas leoninas que perjudican los intereses de las arcas públicas regionales.
  7. Es necesario cambiar la ubicación de la toma de agua, de la dársena a mar abierto.
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