La desalinizadora de Escombreras en Murcia podría generar pérdidas de hasta 600 millones de euros

Con la derogación del Trasvase del Ebro en el año 2004, que iba a suponer un soporte hídrico más que suficiente para corregir el déficit estructural que ha sufrido la Región de Murcia, el Gobierno de Ramón Luis Valcárcel autorizó la construcción de una desalanizadora en el Valle de Escombreras, situado en las inmediaciones de Cartagena (Murcia).

El proyecto, doce años después, ha costado más de 90 millones de euros a la Comunidad Autónoma, solo suministra agua a 3 de los 26 municipios que tenía planificado asistir, y según diversos cálculos realizados por la comisión de investigación de la Asamblea Regional y el Tribunal de Cuentas de la Región de Murcia, puede suponer un gasto total de más 600 millones de euros para las arcas de la comunidad.

Las sospechas alrededor de la desalanizadora han ido de la mano desde la aprobación de la misma, en el año 2004. Sin embargo, la mayoría absoluta del Partido Popular impedía la creación de una comisión que investigara a fondo los hechos que motivaron la construcción de la planta y los posibles perjuicios que ha podido suponer. Definitivamente, en julio del año pasado, la Asamblea Regional aprobó por unanimidad la creación de la citada comisión de investigación.

La desalanizadora de Escombreras nunca tuvo el respaldo ni de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), organismo de gestión y administración de las aguas públicas de la Región de Murcia, ni de la Autoridad Portuaria de Cartagena. Ambos organismos desaconsejaron la construcción de la planta en el Valle de Escombreras, una de las zonas más contaminadas de la Región, ya que en ella atracan barcos petroleros.

Además, la construcción de la desalanizadora requirió de una serie actuaciones del gobierno regional de Ramón Luis Valcárcel que sorteaban la vigente Ley de Aguas. En el año 2007, el presidente entonces de la CHS, José Salvador Fuentes Zorita, aseguraba que el organismo que él presidía no autorizó al gobierno para garantizar la disponibilidad y abastecimiento de agua, y que eran el único ente que podía hacerlo. “No sé lo que han podido inaugurar porque están en situación de alegalidad, ya que no tienen en orden ni la toma de agua ni el emisario, ni la concesión necesaria”, afirmó tras la inauguración de la planta en abril de 2007.

Lo que hizo el gobierno regional para conseguir sortear la ley de aguas, que dictaba que era CHS quien tenía las competencias sobre la gestión del agua y la capacidad para autorizar su administración, fue constituir el Ente Público del Agua (EPA), gestionado por el gobierno, y entregarle esas competencias con el objetivo de conseguir las autorizaciones necesarias para que la construcción de la desalinizadora no se quedara sin el suministro de agua pertinente.

Contratos leoninos

El responsable del Ente Público del Agua, José Manuel Ferrer, aseguró hace dos años que la Comunidad Autónoma no podía seguir pagando el contrato de arrendamiento de la desalinizadora que le había dejado su antecesor en el cargo, por lo que estaba intentando renegociar el convenio con Hydro Management, que cuenta además con un pequeño grupo de inversores murcianos. Ese mismo año, el Ente reconoció que no estaba pagando y que el grupo ACS le reclamaba 570 millones por incumplimiento. Desde entonces, el anterior consejero Antonio Cerdá intentó comprar la planta por unos 150 millones.

Según Jesús Navarro, diputado del Partido Socialista en la Asamblea Regional de Murcia y miembro de la comisión de investigación sobre la desalinizadora, el gobierno regional “aceptó sin pestañear unas condiciones contractuales leoninas y que suponían una gran responsabilidad económica a la Comunidad”, ya que, según el diputado, existían cláusulas que obligaban a la Región de Murcia a asumir el coste de cada hectómetro cúbico de agua que produjera la desalinizadora, independientemente de si se le daba uso o no.

La infraestructura fue construida por la empresa Hydro Management S.L, propiedad al 80% de la empresa de Florentino Pérez, y su coste real era de 114 millones de euros, pero una ampliación posterior elevó su coste hasta los 140 millones de euros, y según el PSOE, “con una nefasta gestión que tendrá como consecuencia un coste final para los murcianos de 600 millones de euros”.

El importe de las obras, con un préstamo al interés del momento de la construcción, más los intereses de los 25 años de amortización, estaría entre los 200 y 205 millones de euros. Por ese motivo, los socialistas murcianos se preguntan “adónde va la diferencia entre los 205 del coste, los 445 millones de euros aproximadamente firmados en el contrato y los 600 que ahora reclama Hidromanagement”.

Orígenes sospechosos

Tras la creación de la EPA en el año 2005, que “permitió” al gobierno regional el abastecimiento de agua a la infraestructura, la empresa, Hydro Management S.L. contrató a Tedagua -también propiedad de ACS-, para la construcción de la desalinizadora por un montante de 111 millones de euros. Posteriormente el precio ascendió a 140 millones de euros debido a una ampliación de la planta. Posteriormente, la Región de Murcia crea Hidronostrum, una empresa que adquiere el 51% de las acciones de la planta, y poco después, en 2009 se hace con la totalidad de las acciones, algo que según Jesús Navarro “es muy sospechoso porque se había demostrado que la desalinizadora acumulaba pérdidas importantes, y el Tribunal de Cuentas y la intervención proponían su inmediata disolución”.

A la par de Hidronostrum se creó la empresa Desaladora de Escombreras S A. Ambas fueron diseñadas como sociedades intermediarias para transferir los pagos del agua desalinizada. Desaladora de Escombreras compra los caudales a Hydro Management y los vende a los ayuntamientos. El dinero recaudado pasa por el EPA e Hidronostrum y termina en manos de nuevo en Hydro Management. Todo este entramado podría evitarse si Hydro Management vendiera el agua directamente a los ayuntamientos, abaratando el coste del agua.

La exministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, compareció el pasado mes de marzo en la comisión de investigación de la desalinizadora. Narbona aseguró que durante su comparecencia le “quedó claro” que el Gobierno de la nación no justificó la construcción de la planta desaladora de Escombreras. “Fue una decisión autónoma del Gobierno regional, nadie nos pidió autorización ni para crear el Ente Público del Agua ni la desaladora”, afirmó.

Otro de los miembros de la comisión, el diputado de Podemos Antonio Urbina, asegura que una de las claves de la historia “negra” de Escombreras son “los 570 millones de euros que reclamó el grupo Cobra (ACS) a la Comunidad Autónoma por lucro cesante ya que la desaladora viene perdiendo 13 millones de euros por año y costó un total de 140 millones de euros”.

Otro de los puntos sobre los que hay que “arrojar luz” según Urbina, es “la carta del gerente de EPA, el Ente Público del Agua, y que usó como garantía Banesto para ofrecer créditos a las constructoras. Este hecho es, tal y como explica Antonio Urbina, un indicio de que ”las constructoras nunca llegaron a poner dinero para afrontar la construcción de Escombreras, hay que aclarar cómo eso fue posible, queremos ver esa carta“.

Pero hay más preguntas que el diputado regional de Podemos ha planteado en la Comisión de Investigación de Escombreras, como “por qué la Comunidad se dio tanta prisa en negociar el lucro cesante de 570 millones de euros a cambio de quedarse con la instalación hasta 2034, cifra a la que hay que sumar los 13 millones de euros anuales de pérdidas que está pagando el Gobierno de la Región, más los costes de mantenimiento y explotación”.

“Es inexplicable que aceptase las condiciones de las constructoras, éste es el origen de la gran deuda de la Comunidad Autónoma”, sentencia Antonio Urbina. También el presidente de la comisión de investigación, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea Regional Miguel Sánchez, deja bastante clara la posible resolución que tenga la comisión sobre la desalinizadora, y es que esta fuese construida para satisfacer diversos intereses urbanísticos como la urbanización de Novo Carthago y que luego fueron tumbados por la crisis económica. Sánchezha incidido en que las manifestaciones de los políticos que han comparecido ya en la Comisión de Investigación de la Desalinizadora de Escombreras “han demostrado su utilidad y necesidad, y ahora es el momento de seguir conociendo qué ha sucedido con este asunto que, a tenor de las manifestaciones de los comparecientes, ya podemos decir que es opaco o turbio”. 

23/09/2015 - 21:35h