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Cuestionan el nombramiento de Pascual de Riquelme al frente del TSJMU

Siete vocales del Consejo General del Poder Judicial critican que no se haya elegido a María Pilar Alonso Saura, mejor situada en cuanto a experiencia en el escalafón

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Elegido en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia un juez que estaba a mil puestos de su competidora

Elegido en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia un juez que estaba a mil puestos de su competidora

El Poder Judicial ha nombrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) a Pascual de Riquelme, un juez que está 1.160 puestos por debajo en el escalafón respecto a la magistrada María Pilar Alonso Saura, a quien según siete vocales críticos con dicha decisión, el órgano de gobierno de los jueces discriminó por ser mujer.

Los citados vocales del Consejo General del Poder Judicial, que constituyen una minoría crítica de orientación progresista dentro del órgano de gobierno de los jueces, han firmado dos votos particulares contra el nombramiento a los que ha tenido acceso la agencia Efe, redactados por la presidenta de la Comisión de Igualdad en el CGPJ, Clara Martínez de Careaga.

El magistrado Miguel Pascual del Riquelme fue nombrado nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) el pasado mes de enero y tomó posesión de su cargo esta misma semana. Los vocales del órgano de Gobierno de los jueces críticos, liderados por la ya citada magistrada del Supremo y vocal Clara Martínez de Careaga, consideran dicha decisión como una "discriminación en razón de su sexo" contra la aspirante femenina.

La magistrada María Pilar Alonso Saura, está situada en el escalafón de la carrera judicial 1.160 puestos por encima de Miguel Pascual de Riquelme, por lo que los vocales críticos consideran que situarlo al frente del TSJ de Murcia "bordea la arbitrariedad". En el escrito contrario al nombramiento, Careaga señala que la decisión "no respeta los principios de mérito y capacidad, incumple los requisitos anunciados en la convocatoria" y constituye una "desviación de poder".

El escrito crítico recuerda que el primer criterio fijado por las bases de la convocatoria para el nombramiento era el tiempo de servicio activo, y que en ese sentido, la aspirante femenina "es una de las más antiguas en la carrera judicial" y supera en casi diez años en este aspecto a de Riquelme.

El segundo criterio era el ejercicio en civil y penal, en el que María Pilar Alonso ha estado 23 años en la Audiencia Provincial de Murcia, con competencias civiles y penales, mientras que Miguel Pascual de Riquelme sólo ha sido juez de instrucción. Y precisamente en este sentido se produce otra diferencia clara entre ambos, puesto que el tercer criterio era el tiempo de ejercicio en órganos colegiados, tribunales formados por más de un magistrado que tienen mayor rango de responsabilidades, y la experiencia de la magistrada es "infinitamente" superior a la de Miguel Pascual.

"Y no decimos infinitamente como una licencia expresiva, sino en términos rigurosamente matemáticos", añade el escrito de los vocales críticos, antes de concretar que la experiencia de ella es de 23 años y la de él "exactamente cero". "Y el resultado de dividir por cero cualquier número natural, es infinito", han expresado con ironía.

"El magistrado nombrado nunca ha ocupado un destino en un órgano colegiado", remacha el texto antes de poner en contraste las 34 resoluciones de especial relevancia jurídica firmadas por la magistrada frente a las cinco dictadas por delitos menores por el nuevo presidente del TSJMU.

En nuestro país sólo hay una mujer que presida un Tribunal Superior de Justicia pero "cuando una magistrada con antigüedad y prestigio sobrados para ocupar una de esas presidencias lo solicita, se ve relegada por un candidato varón", lamenta Careaga.

Los vocales críticos han firmado además un segundo escrito de queja porque no se les notificó a tiempo la formalización del nombramiento, circunstancia que ha sido usada luego por la mayoría conservadora en el CGPJ para tratar de impedir que oficializaran su voto particular, con el argumento de que lo habían presentado de manera extemporánea.

Por esta razón acusan a la mayoría conservadora en el CGPJ de "censura". Toda esta situación constituye "una desconsideración a más del cincuenta por ciento de la carrera judicial, integrada por mujeres, a las que no solo se discrimina en los nombramientos, sino que se deja sin voz", lamentan.

 

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