La Comunidad apoyó implantar el modelo lectivo presencial pese a que finalmente no lo aplicó a ninguna etapa educativa

La Región de Murcia es la única que ha adoptado la semipresencialidad en todas las etapas educativas en este curso 2020-21, escudándose en el cumplimiento de medidas sanitarias e higiénicas para prevenir la COVID-19. También lo ha hecho en las edades más tempranas, infantil y primeros cursos de primaria. Todo ello a pesar de que la consejera de Educación, Esperanza Moreno, firmó en junio los acuerdos adoptados en la Conferencia Sectorial de Educación* que ordenaban que el principio general fuera la presencialidad e instaban a realizar todos los esfuerzos para asegurar la modalidad presencial. “Esos acuerdos eran de obligado cumplimiento”, recuerda la portavoz de la FAPA Juan González, Clara Sáenz de Tejeda.

Esta Federación representa a 450 Asociaciones de Padres y Madres (AMPAS) de los poco más de 600 colegios públicos que se pueden encontrar en la comunidad murciana, casi un 75 por ciento, y el pasado octubre recurrió en los tribunales la semiprecialidad al considerar que resta oportunidades a los niños. Empeñados en darle la vuelta a la decisión de la consejera, y para engordar el listado de razones que adjuntar a su demanda, solicitaron al Consejo de la Transparencia el informe de los servicios jurídicos de la Consejería de Educación previo a la orden del 31 de agosto en el que se anunciaba la semipresencialidad en las escuelas de Murcia.

En el informe, al que ha tenido acceso elDiario.es de la Región de Murcia, se advierte a la consejera de que los acuerdos de la Conferencia Sectorial de junio son de obligado cumplimiento para aquellas comunidades que los rubricaron. “Y en el BOE -especifica Sáenz de Tejeda- aparece la firma de la consejera de Murcia, Esperanza Moreno”. En dichos acuerdos, se establece que la presencialidad será el principio general y se considera fundamental para la educación infantil y primaria, “puesto que durante el confinamiento se vieron problemas educativos generales en esas etapas”.

La Consejería de Educación asegura, sin embargo, que cuenta con el informe favorable de los servicios jurídicos. En dicho informe, señalan desde el departamento de Esperanza Moreno, se establece que los acuerdos de la sectorial de educación (consejerías y Ministerio) son de obligado cumplimiento “y la orden de semipresencialidad de la Consejería no incumple nada, ya que el acuerdo de la Sectorial al que se hace referencia no establece la obligatoriedad de la presencialidad, si no que establece que se aplicará con carácter general”. Tampoco se determinan ni se especifican etapas educativas, continúan las mismas fuentes.

“Si esto fuera así, una amplia mayoría de comunidades autónomas estaría incumpliendo ese acuerdo, ya que son muchas las que cuentan con semipresencialidad en ESO y Bachillerato, al igual que en Infantil y Primaria como es el caso de Ceuta y Melilla, territorios que, además, dependen del Ministerio de Educación”.

Los servicios jurídicos, en su informe, recuerdan esa obligatoriedad de cumplimiento a la consejera pero “acto seguido, dan el visto bueno a la orden del 31 de agosto donde se adopta lo contrario; es decir, la semipresencialidad como carácter general”. Para la FAPA Juan González, se trata de un informe “ambiguo y confuso”.

Desde la Consejería de Educación y Cultura sorprende y preocupa que desde la federación de padres y madres Juan González se ponga en duda una decisión avalada por servicios jurídicos e intenten crear dudas al respecto del trabajo independiente de este departamento de técnicos funcionarios.

Y van más allá, al considerar que la Consejería de Educación ha argumentado desde principio de curso que la semipresencialidad respondía a una medida adoptada por criterios de Salud Pública. “Pero este departamento (Salud) no dice que nos tengamos que quedar en casa con nuestros hijos; lo que dice es que tiene que haber un máximo de 20 niños por aula y que hay que garantizar unas distancias y unas medidas higiénico sanitarias”, reflexiona Clara Sáenz de Tejeda, quien añade que “Salud no le traslada a Educación cómo articular la actividad escolar y esas medidas”.

Incumplimientos

El resto de las Comunidades, reclaman desde la FAPA, han decidido que infantil y primaria sean presenciales, primando el derecho a la educación, sobre todo en las etapas más vulnerables. “Pero aquí no se han desarrollado unos planes en ese sentido, y también se han incumplido los anuncios de las aulas de conciliación para paliar la semipresencialidad o la dotación de equipos informáticos para familias vulnerables o la conectividad en los centros”.

El informe jurídico -indica la Federación en una nota- “nos indica que se han hecho las cosas mal y conociendo la irresponsabilidad en la que se incurría imponiendo la semipresencialidad en todas las etapas educativas, somos la única comunidad autónoma que se encuentra en esta situación y nos resistimos con toda nuestra fuerza, energía y recursos”.

Las familias de la Región “llevamos desde junio pidiendo que se implementen los desdobles, la contratación de personal docente, que se dote de medios a los centros y al alumnado para poder llegar a todos y todas, pero no se nos ha tenido en cuenta y las consecuencias van a tener un impacto brutal en una generación completa”.

Según los informes epidemiológicos de Salud Pública, la incidencia en las aulas murcianas de la COVID-19 es escasa. De un 0,24 por ciento entre los alumnos y de un 0,14 por ciento, entre los profesores. Unas cifras ante las que el Gobierno de Murcia no descarta volver al modelo presencial, aunque no antes de dar por finalizadas las fiestas navideñas y poder medir la incidencia acumulada tras ese período en el mes de enero.

“La presencialidad total y plena es el objetivo que perseguimos todos, pero seguimos los criterios técnicos de la Consejería de Salud”, expresan desde la Consejería. “Así nos ha ido muy bien porque somos la tercera comunidad autónoma con menor incidencia del coronavirus en los centros educativos. Esto significa que el protocolo puesto en marcha funciona. Es garantista y seguro”.

Respecto a cuándo se volverá a la presencialidad, Educación asegura que no tiene fecha límite ni prevista: “Cuando los mismos criterios técnicos de salud que nos aconsejaron ese modelo nos indiquen que podemos volver al 100 por ciento, lo haremos”.

*La Conferencia Sectorial de Educación es un órgano de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de enseñanza no universitaria. Se considera instrumento del sistema educativo español y es una de las conferencias sectoriales previstas en la legislación básica de las administraciones públicas.