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El Gobierno de Murcia formaliza su demanda ante el Tribunal Supremo para “frenar” el “hachazo” del trasvase Tajo Segura

Trasvase Tajo-Segura.

Erena Calvo

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“Frenar el recorte, o más bien el hachazo, al trasvase que supone el nuevo plan del Tajo”. Con estas palabras ha explicado este jueves el portavoz del Gobierno murciano, Marcos Ortuño, el objetivo de la demanda interpuesta ante el Tribunal Supremo por el Ejecutivo regional contra el real decreto 35/2023 que revisa los planes hidrológicos de diversas demarcaciones, entre ellas la del Tajo y el Segura.

El nuevo Plan del Tajo, ha destacado Ortuño tras la celebración del Consejo de Gobierno, conlleva una reducción que puede alcanzar los 100 hectómetros cúbicos al año, “sin que exista una medida alternativa ni viable ni realista por parte del Ministerio” para la Transición Ecológica. Según ha valorado el portavoz, “el Gobierno (regional) ha dejado claro en su demanda que el Ministerio actuó con arbitrariedad y sin apoyarse en informes técnicos que justifiquen su decisión”; por lo que solo se basó “en criterios partidistas e ideológicos”.

En opinión de Ortuño, el departamento que dirige Teresa Ribera “ha ignorado deliberadamente la existencia del trasvase, por lo que entendemos que queda invalidado y ha despreciado el impacto económico y social que podemos sufrir en la Región de Murcia”. Y que el portavoz del Ejecutivo regional ha cifrado en 300 millones de euros y casi seis mil puestos de trabajo. El Ministerio, ha recalcado, “se ha pasado por alto el impacto medioambiental que tendrá esta medida y ha incumplido la ley y la Constitución por su falta de coordinación a la hora de modificar los planes, lo que nos ha llevado a una situación de inseguridad jurídica”.

“Sin aval científico”

La “extensa” demanda que han presentado ante el Tribunal Supremo, ha informado Ortuño, “va acompañada de 15 informes técnicos que respaldan nuestra impugnación y evidencian que la decisión del Ministerio no tuvo en cuenta el interés general, y que se hizo sin aval científico y sin valorar las consecuencias sociales, económicas y ecológicas”; por todo ello, “esperamos que el Supremo sea sensible a nuestros argumentos y frene lo que consideramos un atropello”.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, informó este lunes de que convocará previsiblemente la próxima semana a responsables de los Ejecutivos de Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia para abordar las reglas de explotación sobre el trasvase Tajo-Segura.

Por otra parte, Ortuño ha reafirmado el compromiso del Gobierno regional con los agricultores y ganaderos murcianos y ha insistido en que están en contacto con las organizaciones agrarias con las que “estamos ultimando un plan de ayudas plurianual de 18 millones de euros, que incluye un refuerzo de los seguros agrarios y también para aquellos que han quedado fuera de la Política Agraria Común (PAC)”.

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