El Gobierno de Murcia prevé aprobar un decreto ley para ampliar la moratoria urbanística en el entorno del Mar Menor

Tras el rechazo este lunes a convocar un pleno extraordinario para ampliar la moratoria urbanística en el entorno del Mar Menor -expira este jueves-, el Gobierno regional ha adelantado que trabaja en un decreto ley para mantener la suspensión en la concesión de nuevas licencias, tal y como ha informado el diario La Verdad y han confirmado a este medio fuentes populares. Con este decreto ley -que analizan los servicios jurídicos de la Comunidad y al que se dará luz verde previsiblemente este jueves en el Consejo de Gobierno- el Ejecutivo de López Miras quiere zanjar la polémica alrededor de la moratoria, cuya aplicación quedaba en manos de los ayuntamientos ribereños hasta que estuviera concluido el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor, previsto en la Ley de Protección del Mar Menor aprobada con los votos de PP, Ciudadanos y PSOE y que según la Consejería de Fomento está ya muy avanzado.

Este lunes PP y Vox votaron en contra de una proposición de ley del PSOE para convocar un pleno extraordinario con el objetivo de ampliar la moratoria. El PP propuso tramitarla por el procedimiento ordinario en septiembre. “Lo que se presentó por parte del PSOE en la Asamblea Regional el lunes no era continuar con la moratoria y el PP no votó en contra de la prórroga; no supimos transmitir que lo que se presentó fue una gran chapuza, que hacía que el artículo 16 que establece la moratoria se cargara cuatro de sus cinco puntos y eliminaba aquellos en los que se establecen las áreas de exclusión temporal”, ha reiterado este miércoles el presidente en funciones, Fernando López Miras, quien ha insistido en que “si se hubiera aprobado, habría quedado desprotegida la laguna”. Desde el PSOE, sin embargo, aseguran que se podría haber subsanado.

El diputado socialista Manuel Sevilla ha celebrado este miércoles que “gracias a la iniciativa presentada por Pepe Vélez en nombre del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional y a la presión social, López Miras se ha visto obligado a rectificar su posición”. Según Sevilla, “esto refuerza lo que venimos avisando desde hace mucho tiempo. A López Miras lo único que le preocupa es proteger su sillón. Ante el enorme escándalo y la posibilidad de una repetición electoral en nuestra comunidad autónoma, no ha tenido más remedio que sacarse de la manga deprisa y corriendo el anuncio de un decreto ley”.

La Ley 3/2020 de recuperación y protección del Mar Menor establecía una moratoria urbanística temporal de 3 años desde su entrada en vigor, en la que no se han permitido nuevos desarrollos urbanísticos, para que durante este tiempo se pudiera elaborar un plan de ordenación de la cuenca vertiente, que todavía no está listo.

En este sentido, el diputado socialista Manuel Sevilla ha señalado que López Miras “es el único responsable de haber llevado el Mar Menor de nuevo a una situación límite por no cumplir la Ley de Recuperación y Protección del Mar menor y no haber aprobado un Plan de Ordenación de la Cuenca Vertiente al Mar Menor”.

Y ha advertido de que “si finalmente el Gobierno regional aprueba este decreto ley, el Partido Socialista lo estudiará con lupa para cerciorarse que no se trata de una artimaña más; no vamos a consentir una moratoria urbanística de postureo o descafeinada”.

En la misma línea se ha pronunciado María Marín, portavoz del grupo parlamentario Podemos-IU-AV en la Asamblea Regional, que ha manifestado su temor a que el decreto ley sea solo “otra maniobra de distracción por parte del PP de López Miras”. “La moratoria que se plantea no es indefinida y el Mar Menor no va a mejorar ni en un año ni en dos, sino que nos va a costar décadas recuperarlo, por lo tanto, este decreto ley es solo un parche”.

Marín ha considerado que “esta moratoria tampoco va a servir para parar las miles de viviendas de los planes que ya habían sido aprobados antes de 2020”. “Ahora mismo”, ha denunciado, “se están construyendo más de 500 viviendas en La Manga y miles más vienen de camino, algo que el Gobierno regional no tiene ninguna voluntad de impedir”.

Frente a la Asamblea Regional se concentraron el lunes distintos colectivos en defensa de la protección de la laguna salada para evitar que decayese la moratoria y denunciaron que a partir de este jueves los promotores urbanísticos podrían empezar a presentar sus proyectos en los Ayuntamientos ribereños.

“Evitan un vacío legal”

Desde Pacto por el Mar Menor han señalado a elDiario.es en referencia al decreto ley del Gobierno, que “era lo que pedíamos desde el principio; dejarlo en suspenso hasta septiembre habría supuesto un vacío legal que algunas promotoras urbanísticas estaban esperando”, ha dicho Ramón Pagán, presidente de Pacto por el Mar Menor. “Volvemos a insistir en que la Región de Murcia es parte del Estado español y estamos en un estado de derecho donde las leyes deben ser cumplidas; en la Ley de Protección del Mar Menor -en el artículo 16- se establece que debe haber moratoria hasta que no se haya concluido el Plan de Ordenación, por lo que llegar a la finalización de la moratoria sin ese plan era un fallo y un incumplimiento de la ley, así que agradecemos al Gobierno que haya escuchado a la ciudadanía y estén por la labor de poner soluciones para el Mar Menor”.

Aun así, ha continuado Pagán, “seguimos pensando que esto se habría solucionado el mismo lunes admitiendo a trámite las alegaciones del PSOE” y convocando un pleno extraordinario. “Podrían haberlo solucionado; todas las asociaciones que estuvimos en la puerta de la Asamblea consideramos que lo dejaban para septiembre para darse el tiempo de resolver el problema de la formación de gobierno y para satisfacer a las presiones de Vox”. El pasado 10 de julio López Miras no consiguió la confianza suficiente para formar gobierno y las negociaciones con la ultraderecha de momento no parece que vayan a desbloquearse. El 7 de septiembre es la fecha tope para constituir un ejecutivo y en caso de no lograrlo, habrá repetición electoral en la Región.

“Amenazas urbanísticas”

Entre las “amenazas de urbanismo descontrolado” que enumeran desde asociaciones como Pacto para el Mar Menor se encuentran  un edificio de 18 plantas en sustitución del antiguo Hospital Los Arcos, en Santiago de la Ribera; una nueva urbanización en la zona norte de la Manga, “en Veneziola, casi a la misma orilla del Mar Menor”; también en la Manga, la construcción de 116 apartamentos en dos edificios; o un proyecto en San Javier en la zona del Canal del Estacio para construir una zona de servicios, parking e infraestructuras de ocio, deportes y turismo. Pacto por el Mar Menor señala, además, que según el Centro Regional de Estadísticas de Murcia, se contabilizan 531 edificios en construcción alrededor del Mar Menor y piden que se relaje la presión urbanística.

Hay promotores “que están esperando para presentar una licencia para una urbanización que se llama el Vivero, a la entrada de La Manga, que contempla varios bloques, y otro en Los Belones con centenares de viviendas”, explica Ramón Pagán, portavoz de Pacto por el Mar Menor. “O un resort entre Los Alcázares y Torre Pacheco”. Aunque -como insistieron desde el Gobierno regional- los Ayuntamientos disponen de herramientas para frenar el avance de dichos proyectos, “en algunos casos podría haber llevado a conflictos de tipo legal porque los empresarios pueden hacer alegaciones o llevar el tema a magistratura y podría haber sido muy problemático”. La alcaldesa de Cartagena, la popular Noelia Arroyo, se pronunció sobre la moratoria este martes y reiteró que sí que disponían de mecanismos para suspender las licencias.

El Ayuntamiento de Cartagena ya se había comprometido -recordaron el martes- a desclasificar la finca Lo Poyo para que no se pudiera proceder a la edificación del residencial Novo Carthago -con 12.000 viviendas-, del Viviero y Los Belones.

Por otra parte, el diputado socialista Manuel Sevilla ha sostenido este miércoles que “es vergonzoso que el PP de López Miras se dedique a derivar sus responsabilidades a todo el mundo, tanto al Gobierno de España como a los ayuntamientos, pero no haga absolutamente nada cuando es su competencia proteger la laguna”. 

Pagán apunta a otro tema y es que con la situación actual del Mar Menor, “hay una pérdida importante del valor patrimonial de las viviendas, que el Banco de España ha cifrado en 4.800 millones de euros; hay muchas viviendas vacías y hacer más proyectos sin disponer de una ordenación del territorio sería una grave imprudencia”.

Y ha anunciado que el sábado 12 de agosto se ha convocado por una treintena de asociaciones un abrazo al Mar Menor en toda la ribera. “Será a media mañana y tendremos monitores por todas las playas de la laguna salada para organizarlo”.