Manifiesto
Denuncia del ilegal preacuerdo adoptado entre la UE y Turquía sobre la vulneración de los derechos de la población refugiada
Las organizaciones firmantes expresan su total repulsa y oposición al contenido del preacuerdo adoptado el día 8 de marzo del 2016 por la Unión Europea y Turquía que pone en peligro todo el sistema de protección internacional. La Unión Europea ha suscrito un principio de acuerdo con Turquía en materia de refugiados, ahora denominados inmigrantes ilegales, por medio del cual toda persona extranjera que llegue de forma ilegal a las costas griegas será expulsada a este país. A cambio, la Unión Europea se compromete a aumentar y agilizar la dotación económica destinada a Turquía para atender a los refugiados, y a proceder a un intercambio por otro refugiado que se encuentre en Turquía, como si de un intercambio de cartas se tratara.
Este acuerdo consolida el modelo de “devoluciones en caliente” totalmente ilegal que España puso en marcha en Melilla. Esto supone el principio del fin de la Europa Social, gestada en el principio de igualdad y solidaridad. Certifica que nos encontramos no ya ante una crisis de refugiados sin precedentes, si no también ante una crisis de valores y principios, sin los cuales el proyecto europeo no tendrá futuro. A su vez este acuerdo se rinde a las exigencias de Turquía por conseguir a partir de junio, la libre circulación de su ciudadanía en el espacio schengen y agiliza su ingreso en la Unión Europea.
Turquía es un país donde no son respetados los derechos de la ciudadanía y donde los valores democráticos no están firmemente implantados. El acuerdo es, y por ello debe rechazarse por nuestro Gobierno, no sólo inaceptable, sino inaplicable al ser contrario a la Convención de Ginebra para los Refugiados la Carta Social Europea, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los Tratados y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y las Constituciones de los Estados Miembros, que obligan a una admisión ordenada, con vías seguras, digna, estudiada y personalizada de cada solicitud de protección internacional.
La deriva en la gestión de estos flujos migratorios y en la obligación legal de atender a la población solicitante de asilo, muestra la falta de voluntad política y la incoherencia con sus propias decisiones de la UE, que en septiembre alcanzaba un acuerdo para la reubicación de 160.000 personas refugiadas llegadas a las costas de Grecia e Italia, de las cuales a fecha de hoy se han reubicado poco más de 600.
En los últimos meses hemos visto cómo la policía macedonia lanzaba gases lacrimógenos a las personas refugiadas en la frontera con Grecia; pintadas que delimitaban las casas que ocupaban los solicitantes de asilo en Middlesbrough, Inglaterra, facilitando así ataques xenófobos; el cobro y la confiscación de bienes en Alemania, Suiza o Dinamarca; la desaparición de al menos 10.000 menores en territorio europeo a manos de las redes de trata o las violencias basadas en el género a mujeres y niñas, sin que la UE haya actuado para prevenirlo ni para atender ambas situaciones; el cierre de fronteras con vallas de alambrado por parte de Austria y Hungría; y otros muchas acciones que contrastan con las movilizaciones ciudadanas a favor de los derechos de la población refugiada y desplazada, así como con el respaldo mayoritario de la ciudadanía europea a que su país ayude a esta población, según refleja el último Eurobarómetro, publicado la semana pasada (con una media del 65% a favor del apoyo).
Si Europa sigue abordando así los retos presentes y la crisis humana que vivimos, la historia recordará este momento por la incapacidad de gestión de la UE y por su flagrante incompetencia ante el abordaje de verdaderos dramas humanos. Y este acuerdo en concreto provocará un saldo aún mayor de sufrimiento, dolor y muerte para aquellas personas que buscan bienestar, seguridad y protección a las puertas de Europa. Es por ello que hacemos un llamamiento al Gobierno en funciones para que vote en contra de este acuerdo, que debe ser ratificado por los países miembros en la cumbre que tendrá lugar la semana próxima. Que dejen de resolver esta crisis con medidas de endurecimiento de las políticas migratorias.
Así, exigimos la mejora en los programas de reasentamiento, la posibilidad de solicitar asilo en embajadas y consulados de terceros países y la concesión de visados humanitarios, además del establecimiento de vías seguras y aperturas de fronteras para toda persona que huya de su lugar de origen como consecuencia de un conflicto bélico o por causas económicas, políticas, sociales o medioambientales. En definitiva, exigimos y defendemos la protección de las personas y la garantía del disfrute efectivo de sus derechos humanos, que pasan ineludiblemente por el cumplimiento de la normativa internación en materia de asilo.