Alsasua marca la agenda política navarra
La multitudinaria manifestación celebrada el domingo en Alsasua contra la sentencia que condena a penas de entre 2 y 13 años de cárcel a ocho jóvenes por dar una paliza a dos guardias civiles y sus parejas la madrugada del 16 octubre de 2016 en el bar Koxka de la localidad navarra marca la agenda política de la Comunidad foral.
Si el domingo decenas de miles de personas volvieron a pedir “proporcionalidad” y “justicia” para los condenados, el lunes las protestas se han trasladado al Parlamento de Navarra, que muestra una separación nítida entre los que defienden la labor de la Justicia -UPN, PP y PSN- y los que la critican, que son los partidos que apoyan al Gobierno: Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra.
Precisamente ha sido la presencia en la manifestación de la portavoz del Ejecutivo navarro, María Solana, que insistió en su crítica de que se aplica el “Código Penal” en función del “código postal”, en referencia a la excepcionalidad de que una pelea de esas características, que no produjo heridas a ninguno de los implicados más allá de algunos cortes y la rotura de un tobillo, acabase siendo juzgada en la Audiencia Nacional bajo la acusación de terrorismo y con una petición de penas de hasta 375 años de cárcel.
La Audiencia Nacional dictaminó finalmente el pasado 7 de marzo que no fue terrorismo -una consideración que solo defendió el Colectivo de Víctimas del Terrorismo Covite-, pero sí aplicó el agravante de “discriminación ideológica”, al considerar que los condenados atacaron a los guardias civiles y sus parejas por el hecho de serlo. Una decisión controvertida, ya que según fuentes jurídicas esa figura está concebida para proteger a colectivos vulnerables, como minorías étnicas o sexuales.
Los colectivos de familiares -Altsasu Gurasoak- y de apoyo a los jóvenes -Altsasuko aske- van más allá e insisten en que el juicio estuvo viciado desde el principio, y consideran que el proceso no pudo demostrar la participación individual de los condenados en los hechos juzgados.
La discusión, desde luego, centra la actualidad política en Navarra, una comunidad ya acostumbrada a echarse a la calle para protestar por sentencias judiciales que la mayoría social no comparte, como ocurrió en el caso de la manada. No obstante, si en el caso de lo ocurrido en Sanfermines nadie dudaba de quién era la víctima y quiénes los agresores, el caso de Alsasua sí ha dividido a la opinión pública -y política- entre los que consideran el caso una mera “pelea de bar” con condenas “desproporcionadas”, y los que sí ven en el ataque una herencia de la presión y marginación social que en el pasado sufrieron en su día a día las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el País Vasco y Navarra.
Así, el portavoz de UPN, Javier Esparza, que es el partido más votado de la Comunidad foral, aunque se presentará a las próximas elecciones junto con Ciudadanos y PP en la coalición Navarra Suma, ha criticado que el Gobierno de Navarra se “ha manifestado con los agresores y no con los agredidos” y “se haya defendido a los agresores”. Javier García, del PP, ha recordado que “la justicia ya ha hablado”, ha recordado que las “verdaderas víctimas” son los guardias civiles y sus parejas, y ha lamentado “que el propio Gobierno de Navarra vuelva a quitar la mano a las víctimas y se la dé a los agresores”.
En el otro lado del arco parlamentario, el portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha justificado la presencia del Gobierno en una manifestación que “solo pidió justicia y proporcionalidad” para unos “jóvenes presos por un delito que en otras zonas del Estado no hubiera sido calificado de terrorismo ni tampoco hubiera recibido una sentencia como están sufriendo las personas de Alsasua”. También ha defendido “un comportamiento cívico y ejemplar de la población de Alsasua frente a líderes políticos que han ido a Alsasua a provocar”.
El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha recalcado que “es cada vez mayor la ola de solidaridad” y ha destacado la “expresión de solidaridad” con los inculpados y con las familias y con este pueblo, “vilmente utilizado en múltiples ocasiones”.
A su juicio, fue una “trifulca de bar” e “imponer 13 años de condena es una barbaridad jurídica y política”. “La manifestación de ayer consiguió sus objetivos”, ha dicho, y ha abogado por “seguir reivindicando justicia y proporcionalidad”.
Laura Pérez, de Podemos-Orain Bai, ha destacado las “miles de personas que llenaron las calles de Alsasua de dignidad y solidaridad para exigir que los jóvenes de Alsasua no pueden seguir privados de libertad, es una auténtica desproporcionalidad”.
“No son terroristas”, ha manifestado, para señalar que “se pueden criticar las resoluciones judiciales que no son acordes a la legalidad o se pueden cuestionar”.
La socialista María Chivite, que mantiene desde el principio del caso su opinión de que no fue ni una acción terrorista ni una pelea de bar, ha señalado que “respetamos la libre manifestación de la ciudadanía” y también “la separación de poderes y las decisiones judiciales”. Por eso, ha censurado la presencia del Gobierno en la marcha.
