La letra pequeña del pacto PSOE-UPN para la reforma laboral: más sanciones para los ‘ongi etorri’ a presos de ETA

Los cinco puntos del acuerdo truncado entre PSOE - PSN y UPN para lograr el apoyo de sus dos diputados regionalistas a la reforma laboral de Yolanda Díaz incluían tramitar un cambio legal antes de verano para sancionar los ‘ongi etorri’ a presos de ETA, pero en los términos ya planteados por el Ministerio del Interior. Tal y como ha desvelado este viernes el Diario de Navarra y ha podido confirmar este periódico, el resto de puntos del acuerdo contemplaban la realización de un estudio para sacar las vías del tren del centro de Tudela; un acuerdo con la Confederación Hidrográfica del Ebro para limpiar los ríos de manera “sostenible”; la retirada de la iniciativa del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona para reprobar al alcalde de Pamplona, Enrique Maya (Navarra Suma, coalición de UPN, PP y Ciudadanos) por su declaraciones xenófobas relativas a los menores migrantes, así como aprobarle, en un último punto, las modificaciones presupuestarias por más de 27 millones de euros. Esta última cuestión fue la única que se salvó el pasado jueves, 3 de febrero, en una votación en Pamplona previa a la traición de Sergio Sayas y Carlos García Adanero, que rechazaron la reforma laboral contraviniendo a las directrices de líder de UPN, Javier Esparza.

Según ha podido confirmar este diario, en las negociaciones mantenidas por el líder de los regionalistas con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el diputado navarro y secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, UPN puso como condición acabar con los homenajes y recibimientos a presos de ETA. En este punto los socialistas no vieron ningún problema y UPN aceptó, sin cambios, la tramitación ya en marcha del Ministerio del Interior, que pretende sancionar estos actos por la vía administrativa. Cabe recordar que el pasado mes de octubre, el PSOE votó en contra de una moción propuesta por Ciudadanos en el Congreso para prohibir homenajes en Euskadi y Navarra, así como el cese de los delegados de Gobierno de permitirse. La propuesta de la formación naranja, pactada con el PP y apoyada por UPN, Vox y Foro, apostaba por el uso de la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘ley mordaza’.

Los socialistas justificaron su voto contrario basándose en las resoluciones de los tribunales que determinan que estos actos pueden organizarse en virtud del derecho constitucional de reunión, y porque Interior trabaja en su propio cambio legal. En este sentido, el ministro del ramo, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que estaba “realmente avanzado” el nuevo régimen sancionador contra los ‘ongi etorris’ para perseguir estos recibimientos mediante multas y sanciones, incluido en una modificación de la ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo. Así, después de la división vivida en el Congreso en esta cuestión, el marco de este acuerdo se habría producido por primera vez entre UPN y PSOE  - PSN y tras el comunicado en noviembre el colectivo de presos de ETA, EPPK, en el que manifestaban su intención de acabar con los homenajes públicos a reclusos excarcelados.

El contenido de los cinco puntos del acuerdo frustrado entre los regionalistas y UPN ha ocasionado malestar en los socios nacionalistas del Gobierno de María Chivite, una coalición de PSN, Geroa Bai y Podemos. De hecho, tanto el socio presupuestario EH Bildu y la coalición dentro del Ejecutivo, Geroa Socialverdes y PNV, han exigido a la presidenta navarra que haga público el contenido de este acuerdo. Chivite insistió este jueves en el Parlamento foral que no era de su competencia trasladarlo, al no contar su Gobierno con “ninguna participación ni interlocución” en unas negociaciones que enmarcó en el ámbito de “otro Gobierno y otros partidos representados en otra cámara”. Además, aseguró que del contenido del mismo eran conocedores tanto Podemos como Geroa Bai, algo que ha sido desmentido, en parte, por esta última formación, que ha asegurado que le había sido obviada la parte del acuerdo que implicaba al Ayuntamiento de Pamplona.