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ENTREVISTA - Beatriz Villahizán, SOS Racismo Navarra

“El Gobierno de Navarra solo invierte en cooperación el dinero que sobra”

Una de las portavoces de SOS Racismo Navarra, Beatriz Villahizán, repasa la situación del colectivo inmigrante en la comunidad y su acceso a los servicios sociales, desde la RIS a la asistencia sanitaria.

“La Consejería de Salud lleva mucho tiempo negando las facturas y prefacturas a migrantes por la asistencia sanitaria, pero siguen existiendo, porque las emiten los ordenadores”, apunta.

La integrante de SOS Racismo Navarra, Beatriz Villahizán.

La integrante de SOS Racismo Navarra, Beatriz Villahizán.

Lejos de los balances sobre si las personas de origen extranjero copan o no las ayudas sociales, Beatriz Villahizán prefiere hablar de derechos. Esta integrante de SOS Racismo en Navarra defiende que las cifras también dan la razón a la asociación sobre que los migrantes no colapsan el sistema, pero matiza que entrar en ese terreno fomenta que no se piense en el problema de fondo: la situación de necesidad que lleva a esas personas, sean autóctonas o inmigrantes, a optar a estas medidas. En cualquier caso, Villahizán repasa toda esta situación y aclara la situación actual en la Comunidad Foral de la renta básica, el acceso a la sanidad y la situación laboral del colectivo inmigrante.

Navarra, al menos hasta ahora, no se ha visto afectada por polémicas como las de Vitoria, donde el alcalde, Javier Maroto (PP), exigió más control de las ayudas sociales porque, según defiende, hay inmigrantes que viven de ellas. ¿Cuál diría que es la situación en este sentido en la Comunidad Foral?

Desde las instituciones navarras, a pesar de tener la suerte de no sufrir declaraciones tan abiertamente xenófobas como en comunidades vecinas, sí ha habido recortes teñidos de xenofobia, como en la aplicación de la renta básica y, ahora, la renta de inclusión social. El cambio que se estableció impidió que las personas en situación administrativa irregular tuvieran derecho a cobrar esta prestación, aunque luego introdujeron un parche al incluir a personas con menores a su cargo [a menores de 16 años]. Y, en ese debate, también hubo muchos argumentos xenófobos, como el hecho de vincular este tema al fraude y señalar no solo al colectivo migrante, sino también al gitano, que es autóctono pero también sufre la discriminación.

La crisis fomenta el debate sobre si las ayudas sociales están copadas por extranjeros. ¿Cuál es su valoración?

También hay que recordar que la renta básica no es una ayuda, sino una prestación. Y, cuando un extranjero la recibe por el hecho de no tener recursos, lo que debería preocuparnos es el problema que hay detrás. Sin embargo, hay una obsesión por categorizar a las personas, por saber cuántos de los beneficiarios son autóctonos, cuántos extranjeros y cuántos están en una situación irregular.

No obstante, sí es cierto que las personas extranjeras tienen una mayor posibilidad de sufrir exclusión social, porque no tienen la red de las familias autóctonas.

Y, obviamente, la crisis ha golpeado nichos de trabajo que ya estaban muy desprotegidos, con personas sin esa red social. A menudo, los proyectos migratorios se hacen en soledad. Nosotras somos enemigas de hablar de cifras, pero también nos dan la razón. Los migrantes ni copan las ayudas ni los servicios sanitarios. Eso es mitología.

UGT advirtió la semana pasada de la “vulnerabilidad” de los trabajadores inmigrantes en Navarra. Desde 2007, un 40% de los empleos destruidos en la comunidad eran de población inmigrante.

Nosotras nos hemos cansado de decir, en cada manifestación, la consigna de que Nativa y extranjera, la misma clase obrera. Rajoy, tras ganar las elecciones, habló de la migración de forma dantesca, diciendo que debería ser circular. Eso es terrible: significa que, cuando se requiera, pueden venir, y que tienen que irse cuando sus servicios dejen de ser requeridos.

La semana pasada se conocieron unos resultados del Observatorio Navarro de la Juventud, que apuntan que uno de casa dos jóvenes navarros está dispuesto a irse al extranjero para trabajar. ¿Qué le sugiere el dato?

Va a ser un proceso interesante ver cómo nos categorizan en el extranjero. Creo que dependerá del momento económico del país de acogida, aunque deberíamos decir del país receptor, porque acoger, acogen poco.

Nuestra reclamación (sobre la asistencia sanitaria a inmigrantes en situación irregular) es clara: no se debe facturar. Al presentarse esa factura, tiene un efecto disuasorio para quien acude a esos servicios

La Coordinadora de ONGD de Navarra denunció ante el Parlamento foral que las partidas para este fin se habían reducido un 80% en el Gobierno de Navarra desde 2011. ¿La cooperación internacional era una burbuja?

Es algo en lo que, institucionalmente hablando, se invierte solo el dinero que sobra. Ocurre lo mismo con la igualdad, la diversidad cultural, la promoción de las lenguas y la cultura… están ahí porque tienen que estar, pero si se deja de ingresar, es de donde se quita, pero no les interesa, y con este último Gobierno ha quedado muy claro.

La consejera navarra de Salud, Marta Vera, negó recientemente que hubiera facturas automáticas a inmigrantes en situación administrativa irregular por la atención sanitaria, como por ejemplo ha denunciado Médicos del Mundo. ¿SOS Racismo ha detectado este tipo de casos?

La Consejería lleva mucho tiempo negando las facturas y prefacturas, pero siguen existiendo, porque las emiten los ordenadores. Al principio nos dijeron que era por un error informático, pero si hay gente que sale de Urgencias con una prefactura, no hacen falta más explicaciones. Además, la ley estatal priva a las personas sin tarjeta sanitaria de la asistencia, pero no en Urgencias. Lo que debería es informarse a estas personas de que, si acuden a un ambulatorio y a un trabajador o trabajadora social, esa factura se rompe.

Desde el personal de Urgencias aseguran que se procede de esa forma.

Si es así, perfecto.

Sin embargo, no cree que sea suficiente.

Nuestra reclamación es clara: no se debe facturar. Al presentarse esa factura, tiene un efecto disuasorio para quien acude a esos servicios. La intencionalidad de ello resulta evidente, porque no lo aclaran e, incluso, generan confusión entre el propio personal sanitario.

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