ELA lleva a los tribunales un convenio entre el Servicio de Salud y UGT por 1,64 millones
“Es incomprensible que el Gobierno que se llama del cambio dé continuidad a la política clientelar de UPN”. El coordinador general de ELA en Navarra, Mikel Lakuntza, ha expresado así su decepción con el Gobierno de Uxue Barkos. ELA confiaba en que el nuevo Ejecutivo diera la razón al sindicato nacionalista en los seis recursos que ha presentado contra seis convenios suscritos por el anterior Gobierno presidido por Barcina y los sindicatos no nacionalistas para que estos impartan cursos de formación. Pero no ha sido así, y ahora ELA quiere que sean los tribunales quienes se pronuncien, concretamente, sobre un convenio firmado entre el Servicio Navarro de Empleo y UGT por importe de 1,64 millones de euros para acciones de formación. Según ELA, ya que el convenio se hace al amparo de una ley fraudulenta, el sindicato beneficiado con el dinero público debería devolverlo.
En una rueda de prensa en la que ha comparecido acompañado por la abogada Sonia Ontoria y el representante de Estudios del sindicato, Iñaki Zabaleta, Lakuntza ha anunciado que el pasado viernes ELA presentó en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Navarra un recurso contra la orden foral, dictada por el Gobierno de Barkos, con la que se desestima el recurso de alzada que el sindicato nacionalista interpuso contra el citado convenio entre el SNE y UGT. Ontoria ha explicado que ELA recurrió hasta seis convenios firmados por el SNE al amparo de una ley foral aprobada por el Gobierno de Barcina y que, a juicio de la entidad sindical, consitutye “fraude de ley”. La norma, entiende Ontoria, “se dictó para intentar evitar una normativa estatal que indica que la formación, que hasta ahora se podía adjudicar de manera directa, debe darse en concurrencia competitiva”. En total, los seis convenios suman cerca de 4,6 millones de euros que han ido directamente a UGT, CCOO y la patronal navarra CEN para impartir lo que ahora llaman “itinerarios de empleabilidad”, en lugar de cursos de formación.
Mikel Lakuntza ha ido un paso más adelante en sus acusaciones al asegurar que ELA “tiene evidencias” de que el dinero público desembolsado para financiar dichas acciones de formación sirve para “financiar ilegalmente a estas organizaciones”. Es más, para Lakuntza, la concertación social ha sido durante los últimos 20 años “un despilfarro de dinero público que no ha tenido otro objetivo que apoyar al gobierno de turno”. En concreto, Lakuntza entiende que entre UGT, CCOO y CEN han recibido a lo largo del tiempo más de 1.500 millones de dinero público a través de convenios para actividades de formación, y que 165 trabajadores de dichas entidades “han cobrado directamente” del Servicio Navarro de Empleo.
Preguntado por qué ELA no ha llevado a los tribunales los cinco convenios restantes, ha explicado que las costas judiciales tendría que pagarlas el sindicato nacionalista si perdiera el juicio, así que han elegido recurrir sólo el convenio con UGT porque es el que más dinero público se adjudicó.
