Más de 5.000 navarros pueden reclamar a los bancos los gastos de las hipotecas
Más de 5.000 navarros suscribieron hasta octubre del año pasado un contrato hipotecario con los bancos, según los últimos datos del Instituto Navarro de Estadística disponibles. El importe medio de estas hipotecas asciende a 101.029 euros, lo que significa que prácticamente todos los que firmaron una hipoteca para comprar una vivienda desembolsaron a los bancos una media de 3.000 euros por “gastos de formalización”. En total, 15 millones que los bancos cobraron a los consumidores de forma abusiva sólo el año pasado.
El Tribunal Supremo, a través de una sentencia dictada en diciembre de 2015, ha considerado nulas las cláusulas sobre gastos de formalización de hipotecas, por lo que las asociaciones de consumidores animan a los clientes a reclamar la devolución de este dinero a los bancos. La ley foral de defensa del consumidor otorga al Gobierno la facultad de sancionar a las entidades financieras por infracción muy grave, y aunque no puede obligar a los bancos a devolver lo cobrado indebidamente, sí puede establecer multas y otras medidas de sanción que puedan resultar más penosas económicamente para las entidades financieras que la devolución del importe cobrado de más a los afectados.
Concretamente, la ley recoge en su artículo 12 que “los poderes públicos de la Comunidad Foral velarán y adoptarán las medidas necesarias a fin de garantizar que los contenidos contractuales se adecuen a la legislación vigente” y, además, “exigirán la supresión de toda cláusula que atente contra la buena fe y el justo equilibrio de las prestaciones”. Es decir, tras la sentencia del Supremo que considera nulas las cláusulas sobre gastos de formalización de hipotecas, es el Gobierno foral quien tiene la potestad de exigir a los bancos que dichas cláusulas dejen de aplicarse en Navarra. El capítulo II de la ley, sobre medidas preventivas, establece que “la autoridad competente adoptará inmediatamente, o con la máxima celeridad, las medidas cautelares o preventivas oportunas cuando se vulneren de forma grave los legítimos intereses económicos o sociales” de los consumidores.
La ley establece como infracción administrativa “la inclusión o imposición de cláusulas o prácticas abusivas” y la considera muy grave cuando supone una “lesión de los intereses económicos de los consumidores”. Las sanciones previstas en la ley para las infracciones muy graves van desde los 15.000 hasta los 600.000 euros, “cantidad que podrá rebasarse hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los productos o servicios objeto de la infracción”. Si la media de los gastos de formalización de hipoteca alcanzó en Navarra el año pasado los 15 millones de euros, el Gobierno está facultado por la ley de defensa de los consumidores a imponer a los bancos multas por hasta 75 millones de euros.
Aunque el Gobierno foral no se ha pronunciado todavía sobre la sentencia del Supremo que considera nulas las cláusulas sobre los gastos de formalización de las hipotecas, sí lo han hecho las asociaciones de consumidores. Animan a quienes tengan suscrita una hipoteca y se hayan visto obligados por el banco a pagar los gastos de formalización (la inscripción en el registro de la propiedad, tasación de la vivienda, los gastos de la gestoría que normalmente eligen los bancos, o el pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados y Transmisiones Patrimoniales) a que reclamen la devolución de dicho dinero.
El primer paso, explican desde las asociaciones de consumidores, es acudir al banco y reclamar lo pagado por gastos de formalización. Si la entidad financiera se niega a devolver el dinero, será necesario acudir a la vía judicial para reclamarlo. Aunque la sentencia del Supremo se pronuncia únicamente sobre los gastos de formalización de las hipotecas de una entidad financiera, las asociaciones de consumidores entienden que la sentencia declara nulas todo este tipo de cláusulas. Las asociaciones entienden que son los gobiernos autonómicos quienes tienen en cada comunidad autónoma la potestad de velar por los intereses de los consumidores, por lo que reclaman que los gobiernos ayuden al cumplimiento de la sentencia con el establecimiento de multas para los bancos.
De momento, ningún gobierno autonómico se ha pronunciado al respecto, por lo que a los consumidores les queda la vía de reclamar a su banco y acudir a los tribunales.
