El Parlamento insta al Gobierno a recabar del Colegio de Registradores la relación de bienes inmatriculados por la Iglesia
El Pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado, con los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, PSN e I-E y los votos en contra de UPN y PPN, una resolución por la que se insta al Gobierno de Navarra a “recabar del Colegio de los Registradores de la Propiedad de Navarra las notas simples (o, en su defecto, la relación) de los bienes inmatriculados por la Iglesia católica en sus distintas denominaciones: Diócesis, Obispado, Parroquia o similares desde 1978 a 2015, al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria”.
En la exposición de motivos, la resolución impulsada por el Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, PSN e I-E esgrime razones de operatividad para, en vista de la actitud “obstruccionista que el PP mantiene desde el Ministerio de Justicia”, tratar de obtener desde el Colegio de Registradores de la Propiedad de Navarra la información relativa a las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica en la Comunidad foral, “tal y como han hecho ya País Vasco y Aragón en sus respectivos territorios”.
Asimismo, recuerda que el Parlamento de Navarra aprobó el 8 de abril de 2016 una resolución emplazando al Ejecutivo Foral a “recabar del Ministerio de Justicia todas las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica en Navarra desde 1946 hasta hoy”.
En cumplimiento de dicha resolución, el 23 de junio de 2016 la consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia solicitó al director general de los Registros y del Notariado dicha información. Y el 1 de julio del mismo año, este contestó que “el Ministerio de Justicia no dispone de dato alguno relativo a la inmatriculación de bienes de la Iglesia católica”.
Esa afirmación, según se hace constar, contradice frontalmente la respuesta que el 15 de abril de 2008 diera la entonces directora general de los Registros y del Notariado del Gobierno de Zapatero a la Presidenta del Parlamento de Navarra, Elena Torres, a la que remitió la información solicitada (1.087 bienes inmatriculados entre 1998 y 2007).
Así las cosas, de cara a sortear los impedimentos del Ministerio de Justicia y atendiendo a la solicitud de la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro/Nafarroako Ondarearen Defentsarako Plataforma, el Parlamento opta por explorar otra vía, a fin de “conocer la magnitud del expolio llevado a cabo por la Iglesia Católica”.
Plazo vencido
El Congreso aprobó en abril de 2017, con los votos en contra del PP y Ciudadanos, una proposición no de ley impulsada por el PSOE que exigía al Gobierno elaborar en un plazo de seis meses un estudio con los bienes inmatriculados desde 1998 y “reclamar la titularidad” si la inscripción se hizo “sin título material”. El Ministerio de Justicia asegura que aún está esperando un informe del Colegio de Registradores.
Las inmatriculaciones se fundamentan en la ley hipotecaria franquista de 1946, que permitía a la Iglesia inscribir por primera vez un bien en el registro de la propiedad. El permiso se limitaba a edificios civiles, no era aplicable a templos. En 1998, con José María Aznar en la Presidencia del Gobierno, se aprobó un decreto que permitía también la inmatriculación de bienes de culto.
