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Los imputados por el escrache a Ignacio Diego solicitan la declaración de los guardaespaldas del presidente

La defensa de los acusados reitera su petición ante las "evidentes contradicciones" del equipo de seguridad del presidente de Cantabria y su exjefe de Gabinete con los hechos recogidos en la grabación del incidente.

Nueve personas han sido imputadas por el escrache al presidente de Cantabria en un acto de la Universidad

Nueve personas fueron imputadas por el escrache al presidente de Cantabria en un acto de la Universidad

Las protestas en defensa de la educación pública que tuvieron lugar hace algo más de un año en un acto de la Universidad de Cantabria, y que tenía como protagonista a Ignacio Diego, siguen su curso en los tribunales. El autodenominado "escrache" al jefe del Ejecutivo autonómico acabó en una trifulca entre un grupo de activistas y el equipo de seguridad del presidente cántabro, que supuso la imputación de nueve personas por delitos por desórdenes públicos, coacciones, daños, injurias y amenazas.

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santander, Luis Enrique García Delgado, detectó "indicios razonables de criminalidad" en estos hechos y provocó un "calvario' judicial" a los acusados que ha tenido un nuevo capítulo este mismo martes. El magistrado programó para esta mañana el visionado de los vídeos aportados por la defensa y en los que se recoge la secuencia. La defensa sigue sosteniendo que a Diego "no se le acercó nadie" y que solo uno de los allí presentes lo hizo al coche. Éste, además, es menor de edad y no está entre los imputados.

Los abogados de los jóvenes investigados han reiterado su intención de que vuelvan a declarar los guardaespaldas del presidente de Cantabria y su exjefe de Gabinete, Arsenio de la Vega, ante las "evidentes contradicciones" de sus testimonios con los hechos recogidos en la grabación del incidente. La defensa también reclamará que testifiquen tres periodistas que presenciaron la protesta, una solicitud que el juez denegó en sus diligencias previas.

En un auto, el magistrado desestimó por "extemporáneas" estas declaraciones, después de haber rechazado previamente la versión de una primera periodista que relató lo sucedido el pasado 17 de febrero de 2014 en la Universidad de Cantabria, cuando un grupo de estudiantes y activistas acudieron a un acto público de Ignacio Diego que se iba a desarrollar bajo el formato conocido como 'Tengo una pregunta para usted'.

De todas las peticiones de los acusados, únicamente ha sido acordada hasta ahora la declaración del presidente de Cantabria y el visionado de los vídeos que presentaron como prueba, a petición de la Fiscalía. Como había filtrado el entorno del líder del Partido Popular en la comunidad autónoma, éste se acogerá a su condición de aforado para declarar por escrito.

Diego, que no ha querido profundizar ante los medios de comunicación sobre el caso, dará su versión en presencia de un secretario judicial. Se ha fijado su declaración para el 5 de mayo, a partir de las 10.30 horas, en el despacho del presidente de Cantabria en la sede del Gobierno autonómico en Peña Herbosa.

La defensa asegura que buscará con sus preguntas reconstruir el "minuto a minuto" de lo vivido por Diego ese día en la institución académica, donde acudió a participar en el foro organizado por el Consejo de Estudiantes. Además, la representación de los imputados pedirá al presidente qué aclare e identifique quién o quiénes fueron las personas que, supuestamente, se acercaron a él y le intentaron abrir el coche o le insultaron.

Campaña de apoyo

Entre los nueve imputados, que siempre han negado las acusaciones, se encuentran activistas de distintos colectivos y plataformas ciudadanas, como Marcos Martínez Romano, representante del Consejo Ciudadano Estatal y Autonómico de Podemos, o Diego San Gabriel, miembro de 'Cantabria No Se Vende' y de STEC, sindicato mayoritario en la educación pública de Cantabria.

A siete de los nueve imputados les acusa de delitos de desórdenes públicos, cuya pena es de cuatro a seis años, y a todos ellos de proferir insultos y amenazas como "chorizos", "sinvergüenzas", "asesinos", "hijos de puta", "os vamos a dar una paliza", "qué pena de bomba" o "fascistas".

Desde el primero momento recabaron el apoyo de multitud de compañeros y recibieron numerosas de muestras de apoyo a través de las redes sociales. La campaña #PreguntarNoEsDelito nació para dar a conocer su caso y reivindicar su derecho a la libertad de expresión. Además, están desarrollando una serie de acciones para recaudar fondos con los que hacer frente a los costes judiciales y a la previsible multa con la que pueden ser sancionados. 

Entre estas actividades, celebraron el pasado sábado un concierto solidario en Torrelavega, en el Centro Social Ítaca, que se repetirá próximamente en Santander. También han organizado charlas y debates abiertos por toda la comunidad autónoma que les llevará por distintos puntos para hacer visible su caso y han comenzado a vender camisetas reivindicativas a través de su página web.

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