El Ayuntamiento de Santillana del Mar es sancionado por verter aguas residuales

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) ha sancionado al Ayuntamiento de Santillana del Mar con una multa de 1.500 euros por el vertido de aguas residuales procedentes del núcleo de Ubiarco al cauce de un arroyo.

Así lo ha informado Ecologistas en Acción Cantabria (EAC), que ha recordado que, tras una sentencia en contra de la Sala de lo Contencioso Administrativo por la autorización de una vivienda en suelo rústico de especial protección, el Consistorio vuelve a verse sancionado, esta vez por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

La existencia de este vertido fue denunciada en octubre de 2017 por Ecologistas en Acción Cantabria y Equo Santillana, ante la “impunidad con que el Ayuntamiento de Santillana acomete la problemática de sus aguas residuales urbanas”.

El vertido se realizó sobre dos zonas de baño, la playa de Santa Justa y la cala de Onzapera, de alto valor ambiental y paisajístico.

Según EAC, el vertido no se produjo de forma puntual, “puesto que es bien conocida la periodicidad del mismo por los vecinos”. Actualmente todavía no se ha solventado esta situación y “puede volver a producirse en cualquier momento en que confluyan las condiciones idóneas”, han apuntado los ecologistas.

Con esta sanción, el Ayuntamiento de Santillana del Mar tendrá que asumir las costas de la primera sentencia y sumar el importe de la sanción por vertido de aguas fecales sin autorización.

La “negligente gestión ambiental” del Consistorio de Santillana del Mar, con Isidoro Rábago al frente, ha sido denunciada en diferentes ocasiones por Ecologistas en Acción y Equo Santillana, que han instado al equipo de Gobierno a que exija la inclusión de esta franja costera y su patrimonio histórico en el Catálogo de Paisajes Relevantes.

También exigen que se inicien estudios de los valores ambientales del municipio para concluir medidas eficaces de conservación que aseguren la continuidad de los paisajes y especies; y que se informe a los vecinos de las localidades más afectadas de los proyectos mineros en tramitación.