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Ararteko pide a las instituciones vascas el impulso de un pacto social sobre la transición energética

Ararteko pide a las instituciones vascas el impulso de un pacto social sobre la transición energética

EUROPA PRESS

VITORIA —

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En una declaración, el Defensor del Pueblo vasco ha puesto en relieve la importancia de la proposición no ley, acordada por el Parlamento Vasco el pasado 14 de marzo, en la que se insta al Gobierno Vasco a que impulse los trabajos para alcanzar un 'Pacto Vasco de la Energía' mediante la constitución de una Comisión de Personas Expertas.

Según ha explicado, la medida propuesta está en línea con la principal recomendación, recogida en el informe extraordinario del Ararteko 'La transición energética del País Vasco hacia un modelo sostenible', presentado el pasado año.

En este sentido, ha recordado que en dicho informe se pedía a las instituciones públicas de la Comunidad Autónoma del País Vasco que promovieran un pacto social sobre la transición energética.

Para ello, sugirió la posibilidad de constituir un foro de diálogo, con el fin de recabar la opinión de personas expertas y asociaciones destacadas en el ámbito de la energía y del cambio climático, junto con la de los representantes de aquellos colectivos más vulnerables, acerca de las decisiones energéticas y climáticas que requiere la transición energética en Euskadi.

El Ararteko cree, por tanto, que esta proposición no de ley representa un “paso importante en la buena dirección” para avanzar hacia una transición energética sostenible en el País Vasco.

En ese camino, considera que deberán ser prioritarias las medidas que promuevan una urgente reducción del uso de recursos fósiles, hasta la total descarbonización de nuestra sociedad.

“Resulta imprescindible articular un amplio debate social para que el proceso de transición energética llegue a buen puerto. Esta institución desea contribuir a ese debate realizando una labor de promoción de la buena gobernanza energética”, ha indicado.

Para ello, ha avanzado que buscará consensos que “garanticen el adecuado cumplimiento” de los compromisos internacionales energéticos y climáticos ya existentes, y dará también voz a las demandas sociales de los colectivos vulnerables en Euskadi.

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