El Ararteko pone deberes... y se cumplen
Probablemente en estos pocos meses en los que se han reforzado los servicios de los registros con más personal en Vitoria y en San Sebastián se habrá tramitado el expediente que dio origen en 2013 a una queja ante el Ararteko en relación con los retrasos en las juras de nacionalidad. Aquella queja puso en funcionamiento la maquinaria del defensor vasco para intentar que la Administración actuara para desatascar los expedientes que se acumulaban en las baldas de los registros vascos y aliviar la sobrecarga de trabajo de los trabajadores.
La acumulación de expedientes en los registros civiles en Euskadi estaba provocando la demora en la formalización de las inscripciones como nacional español y de la jura de lealtad a la Constitución. Los atascos colapsaron prácticamente un servicio sobre el que planea la privatización, desde que a finales de 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy, que es registrador de la propiedad, tuvo la idea de asignar este servicio precisamente a los registradores. El origen, sin embargo, estaba en el Ministerio de Justicia, en donde se acumulo una bolsa de nacionalidades hasta finales de 2012 de “entre tres y cuatro años”, a la que se dio salida de golpe y “en el plazo de seis meses los registros civiles vascos llegaron a recibir” un “número de expedientes equivalente al que puede generarse en eun período de tres años”, según apuntaba el Ararteko en una resolución, en base a los datos facilitados por el Departamento de Justicia.
Las consecuencias de no tener ese papel eran graves para los afectados. Esta espera impedía a las personas que ya tenían concedida la nacionalidad hacer valer su condición de español para trámites en los que era preceptivo presentarlo: por ejemplo para los de carácter laboral, fiscal, para obtener el pasaporte u otro tipo de situaciones, la mayoría de las veces urgentes. Las nacionalizaciones de inmigrantes se han disparado en Euskadi: más de 12.000 extranjeros residentes en el País Vasco obtuvieron el DNI y el pasaporte españoles durante 2013, según el Ministerio de Justicia. Este cifra es seis veces mayor que la registrada en 2007.
El 2 de enero el Ararteko, en una resolución, recomendaba al Departamento de Justicia que “adoptara las medidas necesarias con el fin de que los registros civiles vascos cuenten con los medios suficientes para hacer frente a la sobrecarga de trabajo que, coyunturalmente, soportan en materia de concesión de nacionalidad”. Las recomendaciones del Defensor del Pueblo vasco no tienen virtualidad ejecutiva, pero en más del 86% de los casos sus resoluciones son atendidas y cambian las decisiones administrativas que dieron origen a la queja, según datos facilitados por la propia oficina del Ararteko.
200 expedientes al mes
En este caso, se ha producido un refuerzo de plantilla de dos personas en el registro civil de Vitoria y de otras cinco en el de San Sebastián por parte del Departamento de Justicia. Previamente, también se había reforzado el de Bilbao y el de Barakaldo. ¿Prueba conseguida? Desde la oficina del Ararteko se afirma que las quejas por los problemas surgidos con las juras de nacionalidad registradas en la oficina “han bajado”. Y desde los trabajadores que están en primera línea atendiendo en los registros civiles constatan que “la cosa va mejor”. En Vitoria, por ejemplo, cifran ya en solo 200 los expedientes de jura de nacionalidad que quedan pendientes, de los más de 3.000 que están concedidos. Al mes tramitan del orden de unos 200 casos.
“Pero tenemos más de 1.000 nuevas nacionalidades para dar cita, algunas desde octubre-noviembre pasado”, admite una funcionaria del registro. “Solo con los expedientes de nacionalidad que tenemos ahora presentados tenemos trabajo hasta final de año, así que imagínate. Estamos mejor y más aliviados, pero queda trabajo para sacar ”, añade.
Los refuerzos, además, no son para siempre. “La tercera persona que acaba de empezar a trabajar ahora está solo hasta julio. Y las dos que comenzaron con la implantación de la Nueva Oficina Judicial en Vitoria están hasta septiembre. Luego ya se verá porque está pendiente todo con lo que pueda pasar con la anunciada privatización de los registros civiles”, se apunta desde el registro alavés.
