Los verificadores fuerzan a ETA al desarme
ETA siempre ha considerado fundamental en su proceso de cierre definitivo de su historia de 50 años de terrorismo el eco internacional de sus decisiones históricas. Así fue en los prolegómenos de su declaración de “cese definitivo de su actividad armada” del 20 de octubre de 2011, cuando pocos días antes se produjo la Declaración de Aiete, en San Sebastián, rubricada por un elenco de personalidades internacionales comandadas por el exsecretario general de Naciones Unidas y premio Nobel de la Paz, Kofi Annan.
En aquella escenificación que precedió al cierre del terror, también participaron en la reunión en el Palacio de Aiete Gerry Adams, exlíder del Sinn Fein; Bertie Ahern, exprimer ministro de Irlanda; y Jonathan Powell, exjefe de gabinete de Tony Blair y principal negociador británico en el proceso de paz. El grupo de los seis líderes internacionales que intervinieron en el cónclave impulsado por el grupo pacifista Lokarri que lidera Paul Rios lo cerró el exministro de Interior y Defensa de Francia, Pierre Joxe, y la exprimer ministra de Noruega, Gro Harlem Bruntland.
Pocos días después, ETA colocó su mensaje en los medios impresos habituales vascos, pero también remitió su vídeo con la lectura del comunicado por tres encapuchados a la BBC, los dirigentes del Zuba (comité ejecutivo de ETA) Izaskun Lesaka, Iratxe Sorzabal y David Pla.
Justo un año después de la última visita pública de los verificadores internacionales, vuelve a Euskadi el grupo que coordina Manikkalingam para dar esa cobertura más allá de las fronteras españolas. Durante todos estos meses, el proceso de verificación de las intenciones de ETA ha tenido serios altibajos. Y Manikkalingam ha jugado fuerte con la dirección de ETA. “Tras reunirse con empresarios, representantes institucionales y sociales a lo largo de 2012, los verificadores confirmaron que la voluntad anunciada por ETA en su comunicado era real”, relatan fuentes conocedoras de primera mano del trabajo de este grupo.
Pero el proceso comienza a hacer aguas en 2013. A principios de febrero de ese año, las autoridades noruegas deciden expulsar a a sus tres máximos dirigentes David Pla, Iratxe Sorzábal y el histórico 'Josu Ternera'. Se encontraban allí acogidos -en distintas fases- desde semanas después del anuncio del cese definitivo de ETA a la espera una negociación que nunca llegó. Es en ese momento cuando la dirección de ETA constata su error: el negarse durante el mes anterior a ceder ante los verificadores internacionales para que avanzaran en el desarme, lejos de hacerles más fuertes, desespera al grupo de Manikkalingam, que no tienen nada que ofrecer al presidente Mariano Rajoy. Un Gobierno que públicamente ha ninguneado sus trabajos y que en estos 28 meses desde la declaración de ETA de 2011 ha apostado por la firmeza y por negar cualquier movimiento en su política antiterrorista o penitenciaria.
ETA, de hecho, ya había hecho oídos sordos a las recomendaciones de los verificadores en ocasiones anteriores, como cuando solicitaron a sus militantes que dejasen de llevar armas. La Policía francesa realizó varias operaciones contra ETA y detuvo a terroristas que portaban sus armas, pese a la petición expresa de los verificadores. La propia ETA aseguró en marzo de 2013, tras la expulsión de su aparato de interlocución de Noruega, que la cuestión del desarme no era de su competencia: “Queda fuera del mandato que se dio la Comisión Internacional de Verificación en su origen y, en consecuencia, no ha estado ni está en la agenda de trabajo de ETA y la Comisión”. De hecho, el plazo de seis meses dado por esa comisión para seguir trabajando sobre el terreno venció el 30 de septiembre de 2013 sin que los terroristas hubieran dado muestras de voluntad real de desarme. Pero el denominado grupo de Amsterdam que dirige Manikkalingam constataron movimientos positivos en la dirección de la organización terrorista.
“La postura firme de la izquierda abertzale, que ha apostado por las vías democráticas desde que Sortu presenta sus estatutos para conseguir la legalización hace ahora tres años, y la firmeza de Manikkalingam con ETA, que ha exigido pasos inequívocos hacia el desarme definitivo, unilateral, creíble y verificable, han terminado por forzar a la dirección etarra ha avanzar en su hoja de ruta unilateral”, añaden las mismas fuentes conocedoras de los últimos movimientos.
Junto a los pasos hacia el desarme definitivo que anunciarán este viernes los verificadores, la clave del próximo pronunciamiento de ETA será la reivindicación de que la solución final sea “integral” y que, además, incluya una salida por fases a los más de 200 presos (ETA tiene en total en España unos 400 reclusos) con condenas muy largas y que no tienen un horizonte claro de cuándo podrán abandonar las prisiones en las que están recluidos y dispersados por toda la geografía española.
Todo ello ha alimentado varios movimientos impensables hace unos pocos años: que el colectivo de presos de ETA (EPPK) asumiera el pasado 28 de diciembre la legalidad penitenciaria que han combatido durante todos estos años, como primer paso para empezar a acceder a los beneficios carcelarios que ETA les ha obligado a rechazar durante décadas. Y le ha forzado a ETA a marcar su hoja de ruta para la entrega de sus arsenales, un proceso gradual de desmantelamiento de sus estructura militares hasta llegar al desarme definitivo demandado por todos los partidos, gobiernos y la sociedad vasca.
