Garoña, el cuento de nunca acabar
La central nuclear de Garoña, la más antigua actualmente en España con 43 años de vida, está cerrada pero ahora nadie apostaría que nunca volverá a funcionar. La clausura es oficial, tras ser publicada a mediados de julio en el Boletín Oficial del Estado, pero el Gobierno central ha dejado la puerta abierta a la apertura al tramitar un decreto que fundamenta el cierre “por motivos económicos y no de seguridad” y al anunciar que modificará la ley para facilitar su continuidad “si así fuera posible”. Esta legislación “a carta” ha soliviantado aún más a los vecinos y a los colectivos ecologistas y antinucleares, que estudian presentar una denuncia contra el Gobierno central por prevaricación y utilizar una legislación “ad hoc”.
Garoña ha tenido 136 incidentes durante las dos últimas décadas y, desde 2006, con el cierre de la central de Cabrera, es la única instalación nuclear que existe de las llamadas primera generación, las más obsoletas. Tiene un reactor gemelo al de la central japonesa de Fukushima, la última catástrofe nuclear. Un estudio de Greenpeace determinó que el río Ebro, donde se refrigera la central, vio incrementada su temperatura en 15 grados. Su licencia de explotación terminó en 2010 pero el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) le concedió una prórroga de cuatro años, que acaba de expirar, frente a los diez que pedía Nuclenor (propiedad al 50% de las eléctricas Iberdrola y Endesa). Los dos últimos años han estado jalonados de decisiones y gestos del Gobierno central, ya dirigido por el PP, que cristalizaron en febrero de 2012 con una orden que prorrogaba el funcionamiento hasta 2019.
Pero la nueva ley de medidas fiscales que grava el combustible usado, junto a las medidas de seguridad impuestas tras el accidente de Fukushima que suponían una inversión de 150 millones de euros, llevaron a Nuclenor a no pedir la prórroga, lo que auguraba el cierre definitivo. En mayo pasado, hubo otro giro: realizó la petición de una prórroga de solo un año, que recibió la autorización del CSN, una decisión en la que la independencia del órgano vigilante de la seguridad nuclear quedó seriamente tocada. El decreto del Gobierno que deja abierta la reapertura confirma que ha cedido a las presiones de Nuclenor, que con este año de prorroga busca con toda seguridad ver si las cuentas le salen para seguir funcionando. Es significativo que la empresa anuncie que mantiene su plantilla de 280 trabajadores y que “no tomará decisiones irreversibles para la operación de la central”.
Hasta ahora, Garoña proporcionaba 150 millones de euros de beneficios anuales. “Lleva 17 años amortizada”, asegura Alberto Frías, portavoz del colectivo ciudadano Araba Sin Garoña. “La situación es tan clara como que el mismo día que se firmó la orden de cierre de la central se conoce el decreto del Gobierno central que deja abierta la reapertura. Ahora el cierre es precierre y el desmantelamiento, predesmantelamiento”.
Frías censura que “en 15 años” no se haya elaborado ningún estudio epidemiológico en el área de influencia de la instalación nuclear. El único informe existente es el elaborado por el Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad, que entre 1999 y 2001 constató la tasa más alta de cáncer de estómago en personas de ambos sexos en el entorno de la central de Garoña.
Francisco Castejón, experto en energía nuclear de Ecologistas en Acción, sostiene que Garoña no debe volver a funcionar, sobre todo, porque “es una central muy vieja, con numerosos problemas de seguridad. En caso de accidente, afectaría a las poblaciones, territorio, cultivos y ecosistemas de cuatro comunidades autónomas: Castilla y León, La Rioja, Aragón y Cataluña. Además, su generación de residuos radiactivos agrava el problema de España con la gestión de estas sustancias, todavía sin una solución técnica satisfactoria”.
El Foro de La Industria Nuclear Española ha defendido la seguridad de Garoña y del resto de centrales nucleares de España. “Los datos operativos muestran a lo largo de los años el buen funcionamiento de los reactores de nuestro país”, señala. Las pruebas de estrés que se realizaron tras la catástrofe de la central de Fukushima mostraron que en las centrales como Garoña “existen márgenes que aseguran el mantenimiento de las condiciones de seguridad”.
Alberto Frías, en cambio, considera “una vergüenza” que se deje “en manos” de los propietarios de Garoña “la seguridad de quienes vivimos junto a la central”. Ahora habrá que esperar otros 12 meses para comprobar qué pasa con la central nuclear, el cuento de nunca acabar.
