El Gobierno evita aclarar el 'caso Nieves'
Como la Diputación de Bizkaia, el Gobierno vasco no sabe ni contesta del caso Nieves, el ex alto cargo del PNV que ha cobrado 210.000 euros durante tres años de una empresa pública sin ir a trabajar. Unas irregularidades confirmadas por la Inspección de Trabajo, que ha sancionado al empleado y a la sociedad pública Ibarzaharra y que ha supuesto la apertura de una investigación por la Fiscalía de Bizkaia por supuesta malversación de fondos públicos. “Son conductas no muy constructivas. Pero no voy a hacer una valoración que corresponde a una comparecencia monográfica que está prevista de la consejera del ramo”. Es lo más explícito que este viernes ha explicado el portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka, en el pleno de control en el Parlamento.
El Gobierno tenía que dar explicaciones a una pregunta de Gorka Maneiro (UPyD), que como ocurrió hace casi un mes en las Juntas Generales con la Diputación de Bizkaia, tampoco tuvo respuesta a preguntas concretas que planteó en la Cámara vasca. “¿Cómo es posible que haya dos adjuntos a la gerencia que son militantes del PNV? ¿Por qué [Juan Cruz Nieves] no ha trabajado? ¿Qué les parece que la Inspección de Trabajo haya confirmado las irregularidades? ¿Por qué ninguna institución ha denunciado que cobrara sin ir a trabajar? ¿Cuántas personas tiene el PNV que cobran del dinero público sin ir a trabajar?” No hubo respuesta ninguna de Erkoreka, quien se defendió que el ex alto cargo de su partido fue nombrado cuando “el 77% del consejo de administración de Ibarzaharra” estaba nombrado por el PSE “y no me imagino haciendo regalos gratuitos al PNV”.
Lo único concreto que exhibió el portavoz del gobierno fue la referencia a un informe del letrado de la sociedad pública, que fechó en octubre de 2011 (ocho meses después del nombramiento de Nieves), en el que se señalaba que Nieves desarrollaba sus trabajo con normalidad “no requiriendo sus labores una presencia física por el momento”.
Erkoreka no citó, en cambio, el acta de una reunión del consejo de administración de Ibarzaharra de 2012, en la que el Gobierno vasco (entonces en manos del PSE) planteó resolver la situación irregular de Nieves, bien por el desarrollo normal de su trabajo y su asistencia al puesto o, en su caso, por el despido de Nieves. Pero la propuesta del Ejecutivo (con un 22,5% del accionariado en la sociedad pública) no salió adelante por el rechazo de las otras instituciones: la Diputación de Bizkaia (22,5%), el Ayuntamiento de Sestao (5%), ambas en manos del PNV, y el Gobierno central (50%), del PP.
El parlamentario Gorka Maneiro intentó sin éxito que el Gobierno diera explicaciones “o diga que todo esto es rematadamente falso”. “Es un escándalo. Si no puede responder usted, que lo haga la consejera [Arantza] Tapia, que está a su lado”. La titular de Desarrollo Económico no salió a la tribuna.
