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“La lucha contra el fraude no va contra las grandes fortunas por falta de voluntad política”

Teresa Cavero de Oxfam Intermón durante su charla 'Propuestas para una fiscalidad más justa' / Foto: Cursos de Verano UPV/EHU

Paola Fernández

San Sebastián —

Hace unos meses que la ONG Oxfam Intermon presentaba las conclusiones de su informe sobre el sistema tributario ‘Tanto tienes, ¿tanto pagas? Fiscalidad justa para una sociedad más equitativa’. En el mismo, se plantea que se debe recaudar más, pero con un mayor esfuerzo de las personas más ricas y las grandes empresas, además de garantizar la progresividad de manera que se tribute en función de la capacidad y de la actividad económica, y poner así coto al fraude fiscal. Ya que, según sus datos, con el actual sistema tributario español, las familias aportan casi 50 veces más a las arcas públicas que las grandes empresas. Durante los Cursos de Verano de la UPV/EHU, la responsable del Departamento de Campañas y Ciudadanía de esta organización, Teresa Cavero, ha analizado diferentes aspectos del sistema tributario español.

¿Es el sistema de tributación español equitativo?

No. Para nada. Desde Intermon Oxfam lo que identificamos son tres puntos fundamentales por los que no es equitativo. En primer lugar por el sesgo que tiene sobre las rentas del trabajo, es decir, el grueso de la recaudación recae en las rentas del trabajo y aunque ahí dentro, en el IRPF sí que hay progresividad, deja fuera a los grandes capitales. Además ahora con la reforma se vuelven a eliminar los tramos superiores de IRPF y se vuelve a perder progresividad. Con lo cual, el grueso de la recaudación recae sobre las rentas del trabajo. Asimismo, el IVA es un impuesto regresivo por naturaleza, porque las familias más pobres destinan una mayor proporción de sus ingresos al consumo y por tanto al pago del IVA. En definitiva, este modelo no es equitativo.

En España el 72% del fraude fiscal corresponde a las grandes empresas y grandes fortunas ¿Por qué sucede esto?

Sucede porque el sistema fiscal lo permite. Por un lado, hay una serie de agujeros y grietas que permiten o facilitan esa elusión fiscal. Es decir, la parte de impuestos que no se pagan aprovechando resquicios legales o alegales. Y por otro lado, un fraude deliberado de no pagar lo que a uno le correspondería pagar. El sistema fiscal lo que hace es sistemáticamente establecer beneficios o exenciones y bonificaciones a las grandes empresas y a las grandes fortunas para que no contribuyan. Además, las grandes empresas sobretodo tienen acceso a bufetes de abogados que les ofrecen una asesoría en planificación fiscal de manera que coloquen sus beneficios y sus estructuras en paraísos fiscales para no tributar en España.

Las grandes fortunas igual, por un lado las que pueden o quieren están colocadas en paraísos fiscales, y las que no, pueden colocarse a través de una SICAV por los que tributan muy poco, prácticamente nada, un 1% por los beneficios. Y finalmente lo que obtienen son rendimientos de capital que tributan mucho menos de lo que lo hace el trabajo. Con lo cual, los distintos mecanismos favorecen que sean grandes fortunas y empresas las que menos contribuyen y las que más uso y abuso hacen del fraude fiscal.

¿La respuesta del Gobierno ante este fraude es suficiente?

Es claramente insuficiente. Si uno mira las denuncias que ha hecho, por ejemplo, el Sindicato de Técnicos de Hacienda, Gestha, la falta de recursos que hay en la lucha contra el fraude en la Agencia Tributaria es patente. Es decir, los recursos no se refuerzan, sino que se han reducido y cuando hay una apuesta por un aumento de recursos va dirigido a la identificación del pequeño fraude, de las discrepancias en las declaraciones de la renta de la ciudadanía. No van dirigidas a la lucha contra el gran fraude de grandes fortunas y grandes empresas, por una sencilla falta de voluntad política. En la previsión que establece el Gobierno de ingresos en la lucha contra el fraude en los presupuestos del 2014, es más baja que la que hubo en los presupuestos de 2013. Es decir, es una falta de voluntad patente de mejorar los ingresos por la lucha contra el fraude.

En España existe esa sensación de que todo el mundo defrauda pero ¿Se refleja esto en los datos?

Es difícil hablar de sensación sin poner datos detrás. Es cierto que hay una tolerancia ante el fraude importante y preocupante. Sin embargo, el grueso de la ciudadanía no defrauda, es decir, todo el que tiene una nómina o es trabajador por cuenta ajena, no defrauda aunque solo sea porque no puede defraudar. Otra cosa es el tema de la factura con IVA o sin IVA, donde sí que hay fraude pero ese pequeño fraude supone un 2%, que no es despreciable, pero es muy pequeño comparado con el resto del total del fraude. El 72% corresponde a las grandes fortunas y empresas, y el resto a autónomos y pymes. Con lo cual, sí que hay ese pequeño fraude pero el grueso del fraude está en otro lado. Yo creo que ni los datos, ni la creencia avalan que todo el mundo defraude.

Lo que sí que es cierto es que ante los casos de fraude flagrantes conocidos, la sensación es que hay una impunidad muy grande porque los tribunales no resuelven a favor de penalizar esas actuaciones y mucho menos de devolver lo que se ha robado o se ha dejado de ingresar.

En el informe ‘Tanto tienes, ¿tanto pagas?’ ofrecen diferentes propuestas para conseguir un sistema tributario más justo.

Van en tres líneas. Una, aumentar la recaudación, pero hacerlo de manera que el peso de esa recaudación no recaiga sobre las clases medias y bajas, sino que realmente el esfuerzo se haga en tapar esos agujeros que hay en la ley ahora mismo, en luchar contra el fraude y en gravar a las rentas más altas y a las grandes empresas fundamentalmente. Por otro lado, tenemos una propuesta de tolerancia cero contra el fraude fiscal, con lo cual, perseguirlo y penalizarlo de manera eficiente. Poner los medios necesarios en la Agencia Tributaria y realmente penalizar las actuaciones de fraude fiscal. Y en tercer lugar, a nivel nacional e internacional favorecer todo lo que tiene que ver con la tributación de las empresas, es decir, que los grandes entramados de contabilidad que consiguen las empresas para no tributar ni en los países donde tienen su empresa matriz, ni en países donde están operando, se terminen.

¿Hasta qué punto la ciudadanía juega un papel importante en el impulso de políticas económicas diferentes, teniendo en cuenta la sensación de injusticia existente?

La ciudadanía juega un papel fundamental. Porque la ciudadanía es la soberanía del estado. Por un lado, pensamos que si bien el estado y es sistema fiscal deben favorecer los espacios de participación ciudadana, la transparencia o la rendición de cuentas, sí que es cierto que tiene que haber una mayor implicación ciudadana, no solo a la hora de exigir esa transparencia, sino a la hora de participar activamente en los procesos de definición de presupuestos o de medidas de recaudación. Pensamos que por ahí tiene que ir parte de la solución. Otra parte viene por un refuerzo democrático, por un refuerzo de los espacios públicos y de participación pública, donde no sólo los poderes públicos deben ejercer esa rendición de cuentas, sino que sea la ciudadanía quien participe, exija y actúe en consecuencia con las demandas que está habiendo. El ejercicio democrático a través de las elecciones es fundamental también, creo que lo que hay que pedir es una mayor movilización a la hora de participar democráticamente, pero no se termina y no se limita a un día cada cuatro años.

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