Las entidades sociales denuncian que la propuesta de reforma fiscal no ha sido participativa
La presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina y la consejera de Economía y Hacienda, Lourdes Goicoechea se reunieron ayer con la Plataforma de Entidades Sociales de Navarra para presentarles la propuesta de reforma fiscal. Una propuesta que desde el Ejecutivo Foral se ha calificado de participativa, aunque no desde la plataforma. El colectivo, que aúna a más de 150 organizaciones en Navarra, denuncia que no se les ha tenido en cuenta para elaborar el texto. “No tienen por qué atender nuestras demandas, pero que no digan que ha sido un proceso participativo o que nosotros avalamos su propuesta, cuando no ha sido así”, afirma Enrique Abad, miembro de Intermon Oxfam y de la Coordinadora de ONGD de Navarra.
Critican cómo el Gobierno ha llevado a cabo este proceso de participación ciudadana. “Abrieron una página web en la que podíamos decir qué opinábamos de fiscalidad, con un máximo de 1.000 caracteres y sin ninguna propuesta sobre la que opinar, sin saber qué iban a proponer ellos”. Las aportaciones fueron, entonces, muy generales, y no se han tenido en cuenta para elaborar esta reforma que ha presentado el Gobierno. “Ahora nos lo presentan y nos convocan cuando ya está todo hecho”. A partir de ahora, únicamente se puede modificar en el trámite parlamentario y, desde la Coordinadora de ONG, intentarán que se introduzcan las mejoras que consideran necesarias.
Respecto a la reforma en sí, mantienen sus dudas sobre cómo va a solventar el Gobierno la menor recaudación debido a la rebaja fiscal. Sobre este aspecto han preguntado a la presidenta Yolanda Barcina. “Ellos esperan que al bajar los impuestos se reactive la economía y no haga falta hacer recortes, pero los cambios fiscales no tienen repercusiones inmediatas”, manifiesta Abad. El temor de la Coordinadora de ONGD es que la reforma conlleve necesariamente unos recortes que afecten “a los que menos tienen” y se reduzcan las políticas sociales “que son las que hacen igualdad”. Del mismo modo, critican que la propuesta realizada por el Ejecutivo rebaja la presión fiscal de las rentas más altas, mientras que mantiene prácticamente la de las clases medias, que serán quienes “sigan soportando una mayor presión”.
Respecto al IRPF critican que no es progresivo. Desde el punto de vista de las entidades sociales, se han bajado mucho los impuestos a las rentas más altas, también se han bajado a las más bajas, pero para el grueso de la sociedad, la clase media, apenas hay diferencia. En cuanto a las rentas de capital prácticamente se han equiparado por lo que, desde su punto de vista, también en este caso se ha perdido el principio de progresividad. Del impuesto de patrimonio critican la subida del mínimo exento ya que “pocas personas van a pagar el gravamen”. Ahora solo pagarán aquellas personas cuyo patrimonio supere el millón de euros, mientras antes gravaba a partir de 300.000. “Este impuesto tampoco tiene progresividad porque los que no tienen nada, no pagan patrimonio, pero tampoco pagarán los que tengan un patrimonio de entre 300.000 y un millón de euros”.
Según Abad, la cuestión de fondo de esta reforma, a la vista de las respuestas de la presidenta del Gobierno y la consejera, ha sido que “los navarros no paguen más que los de fuera de Navarra”. De hecho, confirma que el ejecutivo ha estado esperando a conocer la propuesta de Madrid para dar a conocer la suya. Hace dos semanas, la consejera Goicoechea anunció un tipo mínimo para el impuesto de sociedades, de manera que, a pesar de las desgravaciones, las empresas tendrían que pagar, como mínimo, el 12%. Este porcentaje ha bajado al 10% tras conocer la propuesta del Ministro Montoro e, incluso, puede desaparecer en algunos supuestos. Desde la Coordinadora de ONGD aplauden la creación de este mínimo para el impuesto de sociedades, aunque afirman que, desde su punto de vista, era una “buena medida que se ha quedado a medias tras ir rebajándolo, lo que va a beneficiar únicamente a las grandes empresas”.
