La realidad de los 1400 presos en Euskadi llama a la puerta

En las tres prisiones existentes en la comunidad autónoma del País Vasco hay aproximadamente en la actualidad 1400 personas cumpliendo penas preventivas de libertad. Unas condenas que se deben, en un 70%, a casos de delitos relacionados con la propiedad o la salud pública. Según explican miembros de entidades que trabajan a diario con los reclusos, por lo general, “son perfiles que cuentan con un bajo nivel educativo y cultural, una importante carencia de formación profesional y de experiencia laboral, con altísimas tasas de desempleo, lo que ha provocado que se encontraran en situación de exclusión social incluso antes de su paso por la cárcel”. Es por ello que diversas organizaciones sociales dedicadas al ámbito penal y penitenciario del País Vasco y Navarra han creado ESEN (Espetxe Sarea Euskadi-Nafarroa), una red de trabajo coordinado que tiene como objetivos “elevar la realidad penitenciaria a la agenda política y a la sociedad, promover las posibilidades de resocialización de las personas presas, así como valorar e influir en las políticas sociales para atender sus necesidades”, ha asegurado Carmen González de la asociación Zubiko de Bizkaia en la presentación de dicha red en Bilbao.

Casi la mitad de los reclusos de la CAV, entre un 40 y 45%, tienen un diagnóstico de enfermedad mental; una tercera parte se encuentra en tratamiento por toxicomanías y el 8% son afectados por VIH. Es decir, “son personas que antes de cometer actos delictivos ya se encontraban en situación de vulnerabilidad social”, asegura González sobre la complicada situación de estas personas para quienes buscan su reinserción en la sociedad. La red de trabajo ESEN, formada por diversas entidades con diferentes trayectorias pero con un denominador común como es la vivencia de la realidad penitenciaria en el día a día, defiende que “las personas presas son miembros de la sociedad, ciudadanos y ciudadanas merecedores de una atención digna y siempre enfocada en su inserción y reincorporación”.

Del total de reclusos en la CAV, 1200 son hombres y 200 mujeres. En relación a las cifras, las organizaciones sociales destacan la situación de las mujeres y población inmigrante “en las cuales nos encontraos situaciones agravadas por una agudización de ciertos ámbitos de marginación y de exclusión social”, dice González, quien afirma que “esto es lo que tenemos en las prisiones y creemos que no está llegando a la sociedad y queremos que llegue”. Para ello trabajarán desde la plataforma ESEN, que a su vez está integrada en la red estatal de organizaciones vinculadas al entorno penitenciario (ROSEP), desde donde abogan por la estabilización de políticas socio-educativas, formativas, de empleo y sanitarias.

Las organizaciones integrantes de la red han elaborado un documento que buscan poner en práctica en las tres prisiones de Euskadi: Basauri y Martutene, que entre ambas albergan a unas 300 personas y, la principal, que se ubica en Álava donde cumplen condena unas 700 personas y otras 90 en Sección Abierta. Desde ESEN, observan con preocupación “el proyecto de construcción de otra prisión en Gipuzkoa que se ha retomado”, a tenor de las últimas informaciones que han obtenido. Sin embargo, recriminan que no se ha construido ningún centro con la etiqueta de social en los últimos años en la CAV. “Vemos proyectos futuros de nuevas cárceles, pero no vemos que se estén planteando de forma paralela recursos de lo que las entidades sociales entendemos como de apoyo para que la gente que está dentro de las prisiones pueda salir”, ha manifestado Miguel Ángel Ruiz, de la comisión ciudadana Anti-Sida de Álava.

Exigen a las administraciones que no eludan sus responsabilidades

A la espera de que las competencias penitenciarias sean transferidas a la CAV, el Gobierno vasco ya ha asumido la gestión de los servicios sanitarios y educativos en las prisiones vascas. En este sentido, han declarado que “el GV, Diputaciones y Ayuntamientos sí están capacitados para asumir las necesidades de atención a las personas privadas de libertad, no debiendo eludir su responsabilidad”. “En las asociaciones estamos cansados de escuchar que no tienen las competencias, porque de los muros hacia fuera sí las tienen para poder atender con dignidad y bastante mejor de lo que se está haciendo a las personas que están dentro de las prisiones”, recriminaba Ruiz. Así, reclaman programas de intervención gestionados por las propias entidades sociales puesto que consideran que “ya tienen un bagaje a poner en valor y están a disposición de las administraciones para colaborar en ese trabajo coordinado”.

Por otro lado, han agradecido la presencia en las reuniones de representantes de las Diputaciones de Gipuzkoa y Álava, pero reclaman más implicación por parte de la vizcaína, porque “entendemos que su papel es fundamental en este trabajo coordinado con procesos de reincorporación en la comunidad”. Desde ESEN subrayan que debe tenerse en cuenta que la mayoría de las personas penadas cumplen condena en Álava y, por ello, ven necesario “una intensa coordinación entre las tres Diputaciones Forales y la planificación de programas conjuntos”.

Programas de reinserción y medidas alternativas a la cárcel

Las entidades sociales de Euskadi han manifestado su compromiso por “elevar a las personas decisoras políticas todas aquellas cuestiones que afectan a las personas privadas de libertad que forman parte de la comunidad y merecen dignidad”. De esta forma, solicitan un “plan director” que coordine las actuaciones de las diferentes administraciones, “que logren una mayor eficacia en el acompañamiento de las personas presas y sobre todo que se dote de un enfoque integral al conjunto de los tratamientos”. En los próximos días se reunirán con las distintas administraciones para presentar la red e ideas en torno a una coordinación conjunta.

Asimismo, solicitan que los programas de intervención dirigidos a personas presas sean gestionados por entidades sin ánimo de lucro y no por empresas con vinculaciones institucionales. Piden también un fomento de medidas alternativas a la prisión y que se minimice el cumplimiento de las condenas en régimen cerrado, aprovechando la red de recursos sociales. “Todas las entidades que estamos aquí defendemos que hay otras maneras de cumplir condena, que no todos los delitos tienen que pasar por el internamiento”, defendía Ruiz. “Lo que sí necesitamos son núcleos urbanos que faciliten la reincorporación social de estas personas. Hay que racionalizar el mapa para que las personas puedan cumplir la pena privativa de libertad en sus territorios de arraigo”, declaraba Martín Iriberri de Loiola Etxea en Gipuzkoa, que a su vez exigía “la excarcelación de los presos con patologías físicas o mentales y especialmente que se garanticen los recursos adecuados para el acompañamiento de estas personas fuera del medio penitenciario”.

Por último González ha denunciado que “las prisiones han acabado por convertirse en un lugar lleno de personas pobres y de personas que con carácter previo ya sufrían situaciones de exclusión social que se van aumentando aun más con la estancia en prisión y que al final van agudizando su situación de vulnerabilidad”. “Creemos firmemente que si se desea reducir el número de delitos asociados a las políticas sociales, la solución no está en incrementar la respuesta punitiva, sino en realizar intervenciones dirigidas a atajar las causas del delito, en actuaciones preventivas desde el punto de vista social y en clave de justicia social”, remarcaba.