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La jueza indagará la posible malversación en nuevos casos de informaciones pagadas

El PSE-EE acusa al lehendakari y a la Comisión Ética de "refugiarse en las decisiones judiciales" para evitar recuperar el dinero pagado a sus medios afines.

UPyD ampliará su denuncia inicial con siete nuevos casos de publicidad encubierta contratada con el grupo afin al Gobierno por un valor de 148.110 euros.

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El lehendakari Urkullu, en una comparecencia en Lehendakaritza.

La vía política y la senda judicial siguen activas en el escándalo de las informaciones pagadas por el Ejecutivo del lehendakari Urkullu a los medios afines aglutinados en torno al Grupo Noticias. UPyD tiene previsto ampliar en los próximos días su denuncia inicial con otros siete nuevos casos en los que están implicados hasta seis departamentos del Gobierno vasco los socialistas vascos han registrado una pregunta para que Urkullu la responda en un pleno de control en la que acusan al presidente vasco y a la Comisión Ética de "refugiarse en las decisiones judiciales" para evitar cumplir el mandato parlamentario del pasado 7 de julio en el que, entre otras cosas, se exigía al Ejecutivo que recupera el volumen de dinero inyectado al Grupo Noticias con apariencia de informaciones, cuando en realidad se trataba de publicidad encubierta.

El partido de Gorka Maneiro tiene previsto remitir en los próximo días a la juez los siete nuevos casos detectados gracias a la información recabada del Gobierno en 24 solicitudes de información. UPyD reitera que los nuevos casos contravienen la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional, aprobada por el Gobierno socialista en diciembre de 2010, que en su artículo 5.4 señala que "no podrán difundir campañas institucionales de publicidad que no se identifiquen claramente como tales y que no incluyan la mención expresa de la administracion o entidad promotora o contratante".

La jueza de Vitoria que ha admitido a trámite la demanda presentada por UPyD por el pago de informaciones al Grupo Noticias indaga sobre la posible malversación de caudales públicos por unos contratos que suman en total 46.733.14 euros, de los 93.070 euros incluidos en los contratos llevados al juzgado por la formación de Gorka Maneiro. Con la ampliación de la demanda, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria, Beatriz Eva Roman Gobernado, decidirá cuáles de los nuevos contratos incluye en su investigación. La ampliación de la demanda incluye estos contratos:

  • El Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura que lidera la consejera Cristina Uriarte, contrató un suplemento de ocho páginas en el diario Deia (Editorial Iparraguirre) dedicado a la figura del escritor Ramón Saizarbitoria por valor de 13.915 euros. Además, de varios reportajes sobre ciencia e investigación en el diario Deia (8.228 euros), Diario de Noticias de Álava (Ediciones Izoria) por 7.865 euros Diario de Noticias de Gipuzkoa (Urgull 2004 SA)  por 7.986 euros. Estos últimos se publicaron entre septiembre y diciembre de 2013.
  • El Departamento de Seguridad, que dirige la consejera Estefanía Beltrán de Heredia, contrató con el rotativo Deia, Diario de Noticias de Álava y Diario de Noticias de Gipuzkoa reportajes sobre emergencias en las que no había ninguna referencia a que la publicidad era pagada, según UPyD. En total, 18.785,25 euros.
  • El Departamento de Empleo y Políticas Sociales, que dirige Juan Mari Aburto pagó 25.500 euros más IVA al diario Deia, 8.000 más IVA al Diario de Noticias de Álava y otros 8.000 euros más IVA al Diario de Noticias de Gipuzkoa por reportajes sobre los servicios sociales en las que se incluyen entrevistas pagadas. Estos reportajes se publicaron entre septiembre y diciembre del año pasado.
  • El Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial, que dirige la consejera Ana Oregi, encargó a los tres mismos rotativos de Grupo Noticias reportajes de doble página bajo el título 'Piensa en verde' por un importe global de 17.500 euros. Tampoco aparece ninguna referencia a que sea una publicidad pagada con dinero público.
  • El Departamento de Justicia y Administración Pública, en manos del consejero y portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka, contrata reportajes con los tres medios impresos citados del Grupo Noticias en Euskadi por 12.000 euros en los que tampoco se hace referencia a la publicidada pagada.
  • Y, finalmente, el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, de la consejera Arantza Tapia en este caso a través de programas de la SPRI contrató con Eusko Media (la empresa que regenta Onda Vasca) programas sobre la promoción de la empresa vasca en la que "no hay ninguna referencia a que son programas pagados o promocionados por el Ejecutivo, según la denuncia de UPyD.

Pero la senda política no ha dejado de moverse en los últimos días. El portavoz socialista, José Antonio Pastor, en su nueva iniciativa parlamentaria en la que recuerda el acuerdo por el que toda la oposición reprobó al lehendakari por este escándalo y denunció la vulneración de la Ley de Publicidad, denuncia que en estos meses el Ejecutivo no ha iniciado los trámites para recuperar el dinero inyectado "de forma irregular" al Grupo Noticias. Los socialistas se interesaron por la forma en la que el lehendakari iba a cumplir el mandato parlamentario. "Pero la respuesta ha sido escudarse en que existe un procedimiento judicial abierto. También la Comisíón Ética, a la que la Cámara requirió su intervención, opta por refugiarse en las decisiones judiciales sin entrar a valorar ni contrastar las actuaciones reprobadas".

Por todo ello, Pastor cuestiona cuál es realmente la "consideración que este Gobierno tiene hacia esta Cámara, cuál es el papel real de la Comisión de Ética creda por el propio Ejecutivo, o si el lehendakari considera que los mandatos políticos deben ser resueltos por los jueces. Esa y no otra es la estrategia seguida por el Gobierno y por el PNV cada vez que este escándalo llega al Parlamento: los tiempos los marca la Justicia. De hecho, el pasado jueves, cuando la oposición en pleno volvió a exigir al lehendakari el cumplimiento de los acuerdos adoptados el 7 de julio pasado -entre ellos la recuperación del dinero- el parlamentario peneuvista Luke Uribe-Etxebarria apuntó que la recuperación del dinero es una cuestión pendiente de resolución judicial, cuando en realidad lo que investiga la juez es "la posible comisión" de los delitos de malversación, prevaricación y de fraude a las administraciones públicas. "Si el juez lo determina así [la recuperación del dinero], así se hara", se escudó también el representante jeltzale en la Cámara.

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