Euskadi quiere 'repatriar' a los vascos enterrados en el Valle de los Caídos
El Parlamento vasco quiere que los restos mortales de los ciudadanos de origen vasco que se encuentran en el Valle de los Caídos sean trasladados a Euskadi si así lo desean sus familias. Para ello, el pleno ha aprobado una iniciativa (respaldada por el PNV, Elkarrekin Podemos, PSE y EH Bildu) instando al Gobierno de Vitoria a clarificar el número de vascos que pueden estar enterrados en este lugar, construido durante el franquismo y en el que, además del propio Franco, están enterrados más de 30.000 combatientes de los dos bandos (republicanos y franquistas) que lucharon en la Guerra Civil (1936-1939). Solo el PP se ha opuesto, alegando que es una cuestión que debe ser regulada por el Congreso de los Diputados.
La resolución parlamentaria encomienda al Gobierno Vasco una investigación “exhaustiva” que identifique los restos de las personas de origen vasco enterradas y determine la forma y el momento en el que fueron trasladadas al Valle de los Caídos. Además, se deberá esclarecer si el traslado se efectuó con autorización de las familias. Además, deberá recabar el testimonio de las familias afectadas y pruebas de ADN para la identificación de estas personas.
Por otra parte, se solicita que una vez concluida dicha investigación, y a la vista de las conclusiones de la misma, “se realicen las gestiones administrativas” necesarias para exhumar y devolver a Euskadi los restos mortales de los republicanos, milicianos, 'gudaris' y ciudadanos de origen vasco que se encuentran en este emplazamiento.
Todo ello, siempre que así lo deseen sus familiares y si las condiciones técnicas lo hacen posible. Los restos mortales de estas personas se situarán en “ubicaciones adecuadas ya existentes o que se tengan que construir”, con el fin de que estas víctimas “tengan su reconocimiento y reparación”.
Resignificación
Por otra parte, la Cámara vasca ha pedido al Gobierno español que afronte, “de forma decidida y urgente”, la “resignificación” del Valle de los Caídos. Para lograrlo, pide que se deje sin efecto el convenio establecido a través de un decreto de 1957, de forma que este emplazamiento “deje de ser un lugar de tributo al dictador”.
El Parlamento solicita que se proceda a “desacralizar” este espacio monumental, a “eliminar toda expresión y connotación franquista y religiosa”, a desmantelar los elementos simbólicos “incompatibles con la memoria democrática, y a impedir y deslegitimar ”todo acto de enaltecimiento que minimice, justifique o exalte la dictadura franquista o la figura del dictador“.
