La burbuja de la corrupción pincha en Navarra
Navarra es la única comunidad que no tiene ningún investigado ni por corrupción política ni administrativa dentro del sector público o empresarial. Los juzgados y tribunales españoles han procesado o abierto juicio oral por delitos de corrupción contra 1.378 políticos entre julio de 2015 y septiembre de 2016, según el último mapa de la corrupción en España presentado por el Consejo General del Poder Judicial. Este dato, por rotundo que sea, estropea el discurso de las fuerzas nacionalistas vascas en Navarra, empeñadas en transmitir a la opinión pública que “el régimen de UPN” (sus dos décadas ininterrumpidas de ejercicio del poder) se vino abajo, entre otras razones, por la corrupción.
Pese al citado empeño nacionalista, sus reiteradas acusaciones de corrupción no pasan de ser burbujas mediáticas que se pinchan en cuanto los casos alcanzan los tribunales. El último ejemplo es bien reciente: el sobreseimiento provisional del ‘caso UAGN’, acusado de recibir subvenciones públicas para cursos de formación falsificando las firmas de los asistentes a dichos cursos. Aunque Fiscalía y el Gobierno, personado recientemente en la causa, pueden aún recurrir el auto judicial, la magistrada encuentra que no hay caso.
Una trayectoria similar a la de otras denuncias protagonizadas desde las filas abertzales, como la causa de las dietas que pagaba la antigua Caja de Ahorros de Navarra a los políticos que formaban parte de sus órganos rectores, que recibieron el carpetazo judicial a pesar de la amplia difusión mediática que tuvieron.
El hecho de que las acusaciones por corrupción no hayan prosperado, y no se haya condenado judicialmente a ningún político, no implica necesariamente que las fuerzas abertzales cejen en su empeño de extender la sombra de la sospecha sobre lo que denominan “el régimen”. Así, y pese a que en la anterior legislatura ya se llevó a cabo la iniciativa con un rotundo fracaso, las fuerzas del cuatripartito reabrieron en el Parlamento la comisión de investigación para determinar responsabilidades políticas en el fin de la citada CAN, actualmente absorbida por Caixa Bank. Los trabajos de la comisión se han visto prorrogados una y otra vez para dar tiempo a sus señorías a examinar la ingente cantidad de documentación que se ha puesto a su disposición.
En las actas de las sesiones de los órganos de gobierno de la antigua entidad financiera, sin embargo, no parece que los parlamentarios estén hallando el material probatorio que necesitarían para demostrar su acusación de que Caja Navarra llegó a extinguirse por la mala gestión de los políticos que integraban su dirección. Además, todo lo que rodea al tema CAN ha perdido el interés mediático que sí despertaba en la anterior legislatura, con lo que los partidos abertzales han perdido una importante baza con la que desgastar políticamente a sus adversarios.
De manera que la batalla de los nacionalistas por asociar la corrupción y “el régimen” se libra desde hace meses en otros frentes, como el sindical. La central nacionalista ELA denunció hasta el seis ocasiones ante el Gobierno de Navarra sendos convenios suscritos entre el Servicio Navarro de Empleo, por una parte, y los sindicatos UGT, Comisiones y la patronal CEN, por otra. ELA acusa al Ejecutivo de mantener la “financiación ilegal” de estas organizaciones sindicales y patronal que puso en marcha el último Gobierno de UPN, con Yolanda Barcina al frente. “Si antes había cosas ilegítimas, ahora son ilegales, y esta financiación ilegal solo se da en Navarra”, denuncia ELA. “Durante 20 años, la concertación social en esta comunidad ha sido un despilfarro de dinero público que no ha tenido otro objetivo que apoyar al Gobierno de turno”, añaden.
En este contexto de judicialización de las finanzas sindicales, surgió también el ‘caso UAGN’. La investigación realizada por la Guardia Civil comenzó cuando una ex trabajadora de la organización denunció que se habían falsificado firmas de supuestos asistentes a cursos y que también se habían justificado documentalmente cursos que ni siquiera se habían impartido. Cuando el juzgado de instrucción tomó las riendas del asunto, las fuerzas abertzales no dudaron en centrar el tiro en el actual líder de UPN, Javier Esparza, que era consejero de Agricultura cuando las ex trabajadoras de la UAGN registraron estas mismas denuncias ante la Administración, que no encontró irregularidad alguna. Pero el auto del Juzgado de Instrucción número 1 es contundente cuando señala que “no resulta debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa”, es decir, fraude y estafa, por lo que se acuerda el archivo provisional del caso.
El fallo, no obstante, sí considera acreditado que se cometieron “irregularidades” que no llegan a constituir un delito de fraude con fondos públicos, pero cuyas consecuencias pueden dirimirse por la vía administrativa. El Gobierno foral podría reclamar así a la UAGN que devuelva el dinero que cobró indebidamente, aunque desde el propio sindicato agrario señalan que los cobros irregulares “ya están prescritos”.
Y aunque el archivo del caso supone un jarro de agua fría para la estrategia abertzale de acusar al “régimen” de corrupto, también deja abierta una puerta a que se siga investigando por la vía administrativa. El sindicato ELA ya aprieta las tuercas al Gobierno para que inspeccione y cumpla su función de velar por el buen fin de los fondos públicos: “Se trata de una revisión que los anteriores gobiernos de UPN y PSN no han tenido voluntad alguna de realizar, y que incluso la Cámara de Comptos no ha podido investigar”, señalaba ELA al pedir que la revisión del Gobierno no se limite a los convenios firmados entre el SNE y UAGN, sino que se extienda también a los que suscribieron los sindicatos UGT y CCOO, además de la CEN.
