La acción judicial contra La Prensa de Panamá amenaza la libertad de expresión
La mañana del sábado 4 de julio, la Corporación que publica La Prensa y Mi Diario fue notificada de un Oficio de Secuestro de sus cuentas bancarias, así como las acciones de la subsidiaria propietaria del terreno y el edificio donde se encuentran sus salas de redacción y su rotativa. La acción legal, que interrumpió el normal funcionamiento de nuestra casa editorial, se dio a petición de un ex presidente de la República.
En 2012, Ernesto Pérez Balladares, que gobernó Panamá entre 1994 y 1999, demandó a La Prensa por 5.5 millones de dólares, luego de que el periódico divulgara detalles de la investigación que le abrió una fiscalía por presunto blanqueo de capitales. De 2012 a 2019, el expediente estuvo inactivo en el juzgado, a la espera de la admisión de pruebas y contrapruebas. Siete años mas tarde, con el partido del ex presidente de vuelta al poder, y con el caso aún en primera instancia, un juzgado dicta la inesperada y desproporcionada acción de secuestro.
Como respuesta inmediata, la Corporación presentó una fianza por el monto del secuestro –1,13 millones de dólares– junto a la petición de levantamiento de este. Al momento de escribir estas líneas, no tenemos respuesta del juzgado sobe la acogida o no de esta petición. Entre tanto, los lectores de La Prensa y Mi Diario continuaron recibiendo información, gracias al compromiso y lealtad de los 240 asociados de la empresa.
La justicia panameña ha colocado a La Prensa en una situación de extrema vulnerabilidad y, de paso, ha establecido un precedente funesto para la libertad de expresión y el derecho a la información en nuestro país. Corporación La Prensa enfrenta en estos momentos 12 demandas civiles y 22 querellas penales que suman reclamos por $84 millones. Si algunos o todos los reclamantes presentaran medidas cautelares de secuestro, sin duda sería el fin de este medio cuyo periodismo fiscalizador ha desenmascarado corruptelas en todas las administraciones que se han sucedido desde su fundación, hace 40 años. No es casualidad que todas las demandas interpuestas contra La Prensa y Mi Diario son por ex presidentes o ex funcionarios o figuras públicas, o bien ex contratistas del Estado, y todas versan sobre reportajes que tienen un interés público.
La agresión contra La Prensa no solo amenaza el devenir de esta heroica empresa mediática surgida en medio de una dictadura, sino que podría tener el efecto de amordazar, a través de la autocensura, a los demás medios que publican en Panamá y a todo ciudadano que esgrime una opinión, incluidos periodistas independientes y activistas de derechos humanos y ambientales. ¿Cuántos de ellos se atreverán a seguir expresando libremente sus opiniones tras ver que, con tan solo presentar una demanda y sin que se haya dictado una sentencia, una persona puede secuestrarle todos sus bienes?
Se dice que la libertad de prensa es un derecho instrumental, es decir, que sirve de instrumento para proteger otros derechos, y por ello se encabeza como la libertad más sagrada. Se protege sobre todas las demás porque si no hay libertad de expresión, nadie se entera de las violaciones al resto de los derechos.
Reconozcamos que lo sucedido a La Prensa es un puñetazo a los principios de convivencia democrática. Y protestemos contra esta medida que, más que resarcir la honra de un adinerado ex funcionario, lo que busca es silenciar a quien la cuestionó.
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