Lecciones británicas

En el Parlamento británico hay ahora mismo 1.961 investigaciones públicas abiertas. Entre ellas, 17 están en la fase inicial en la que cualquiera puede presentar evidencias por escrito. Sobre la pandemia, ha habido 72 y también incluyen la indagación de contratos dudosos a proveedores de mascarillas y test. La web para buscarlas es un ejemplo de eficacia y claridad, como todas las páginas de instituciones públicas en el Reino Unido, un modelo para cualquier gobierno que quiera servir a sus ciudadanos en Internet.

Algunas investigaciones son menores y se resuelven rápido sin que apenas pasen de un intercambio de información en respuesta a una pregunta. Las que investigan asuntos más complejos y controvertidos, como la gestión de la pandemia, el escándalo de las oficinas de correos y el incendio de Grenfell, tienen una designación especial, “investigación pública reglamentaria”. En estos casos, las comisiones de investigación pueden obligar a algunas personas a testificar y se limita de manera explícita la participación del Gobierno en el curso y los términos de la investigación, según regulan dos leyes de 2005 y 2006. 

La investigación pública sobre el impacto de la pandemia, la respuesta del Reino Unido y “las lecciones aprendidas para el futuro” es un ejemplo de cómo funcionan estos paneles de mayor dimensión. En este caso, la preside Heather Hallett, una jueza retirada del tribunal de apelaciones y miembro de la Cámara de los Lores que ya se encargó de la investigación de los atentados de julio de 2005 en Londres. El panel recoge testimonios y establece el alcance de la investigación. Están obligados a testificar primeros ministros, ministros, funcionarios y empresarios. Por ahí han pasado ya el dimitido premier Boris Johnson y el actual, Rishi Sunak. La investigación retransmite sus sesiones, publica la documentación aportada y las transcripciones, y deja registro de lo que hace en una web aparte.

La investigación sirve para que políticos y otros responsables públicos y privados rindan cuentas -en algunos casos, lleva a dimisiones-, para cambiar regulaciones y leyes y para crear una crónica de hechos que puede acabar en los libros de historia y en un proceso penal. Hay quejas sobre la lentitud de estas investigaciones, debates sobre los términos de referencia y falta de seguimiento de algunas recomendaciones, pero no se discute su existencia. No son ni fruto ni objeto de la lucha partidista, aunque lo puedan ser sus resultados. En el Reino Unido sería inconcebible que el Gobierno hubiera bloqueado la investigación sobre la gestión de la pandemia como hicieron el PSOE y sus socios en el Congreso en 2020 o que el partido de la oposición la cuestionara por sus propias vergüenzas como hace ahora el PP. 

Y no es que los partidos de Sunak y Starmer sean más puros que los españoles. No lo hacen, entre otras cosas, porque existe un proceso y una ley que lo regula. Pero también por la cultura de rendición de cuentas que hace impensable que los ministros o primeros ministros boicoteen una investigación relevante. Pueden arrastrar los pies para entregar documentación, pero se considera inaceptable que no colaboren o no acudan a testificar.

El proceso y sus estándares es lo que hace resistentes a las democracias frente a la tentación partidista de ver o hacer como que ves sólo la paja en el ojo ajeno. El famoso y deleznable “what about...” (“y qué hay de...”) tan frecuente en nuestra sociedad para hablar de otra cosa ante algún abuso o aberración que no te encaja se limita cuando hay un proceso que se aplica a todos los gestores sea cual sea su partido político. 

Una investigación pública independiente tampoco es una varita mágica, y en el Reino Unido ya vimos como empresas de amiguetes del Partido Conservador con poca o ninguna experiencia en el sector de salud recibieron contratos millonarios para material a veces defectuoso. Pero ayuda a que cuando hay abusos encima los ciudadanos no tengan que aguantar un pimpampum que no va a ningún lado: el “y tú más” ni sirve para depurar responsabilidades ni ayuda a prevenir abusos futuros. 

Un proceso público, independiente, incontestado y obligatorio para todos es lo mínimo exigible a los políticos a los que les prestamos nuestro voto para que administren los asuntos públicos. El pequeño Reino Unido se cae a trozos (literalmente), pero en esto todavía tiene grandes lecciones que darnos.