¿Somos los autónomos solo un recurso electoral?

La presente legislatura prometía interesante para el colectivo de los autónomos: Unidos Podemos y PSOE incluyeron en sus programas reclamas fundamentales para la mejora de la situación de los trabajadores por cuenta propia. Muchas de esas propuestas eran compartidas, pues se trata de reivindicaciones de sentido común y de consenso en el sector. Ciudadanos, por su parte, tomó como uno de sus ejes electorales la cuestión de los autónomos sin un programa muy ambicioso pero con la fuerza discursiva suficiente para entender que, entre las tres formaciones políticas, tocaba por fin abrir la lata legislativa de una regulación totalmente oxidada.

La tramitación en comisión de la Ley de Medidas Urgentes para autónomos coincide con el primer aniversario del 26J, este jueves 28, por fin. Iba a ser la primera ley aprobada tras el pacto de Ciudadanos y Partido Popular, y por ello fue presentada por la formación naranja la semana siguiente a la investidura de Rajoy. La decepción por su contenido fue tremenda: leyes de muy corto alcance, cosméticas y que no abordaban ninguna de las cuestiones fundamentales que hace de la vida de muchos autónomos una continua escalada tibetana.

Bienvenidas esas pequeñas mejoras, sobre todo lo que concierne a la bonificación del 100% de la jubilación para los autónomos que contraten al menos a un empleado, o la tarifa plana de 50 euros para las mujeres que vuelven tras la baja de maternidad. Pero el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) necesita una remodelación de arriba abajo, y ese melón se iba a abrir durante la legislatura según rezaba el pacto de gobierno; primero tocaba una ley de medidas “urgentísimas” que sería la primera legislación aprobada tras el acuerdo. No quiero adelantarme a los acontecimientos, pero ¿por qué no somos demasiado optimistas? Lo explico:

La urgencia de “la primera ley de la XII legislatura” mutó en una consecución de prórrogas y parones injustificados. Parecía haber otras prioridades legislativas para los promotores de una Ley de Medidas Urgentes que a eso del equinoccio de primavera ya podrían haberle retirado el “urgentes”.

Nuestro recelo también lo motiva una exacerbada celebración por parte del Gobierno, Ciudadanos y agentes del sector cercanos a estos. Lo que venía a ser una ley transitoria, inmediata, para luego abordar con seriedad la reforma del RETA, hoy parece ser el remedio definitivo a los problemas del colectivo. Este entusiasmo –desmedido por lo insuficiente y cosmético de la ley– nos hace temer un cierre en falso de la lata legislativa, una promesa de campaña ya satisfecha, un recurso electoral de 3,2 millones de personas. Esperemos que no.

Sirva este artículo para algo más que una advertencia y una expresión de temor. Desde UATAE tenemos claro cuáles son esas prioridades ausentes y las propuestas son totalmente factibles. El primero de los caballos de batalla del colectivo suena a obviedad. Se trata de vincular la cotización de los autónomos a sus ingresos reales: cuanto más ingresas, mayores son tus cotizaciones. Es decir, igual que los asalariados. Hoy día un autónomo escoge su base de cotización libremente. Si escoges la base mínima tendrás mínimas prestaciones sociales que se van incrementando según vayas acogiéndote a bases de cotización mayores.

Esto acaba traduciéndose en un 90% de afiliados que se acogen a la base de cotización mínima, porque los que ingresan poco no se pueden permitir una más elevada con mayores prestaciones, y porque los que ingresan mucho pueden recurrir a planes de pensiones y seguros privados. El sistema carece de sentido: se ingresa poco en la seguridad social por lo que la seguridad social no protege.

Las otras cuestiones están íntimamente ligadas a lo expuesto. La prestación por cese de actividad, conocida como “el paro de los autónomos”, solo alcanza un 1% de implementación en el colectivo. Adscribirse a él es voluntario y por lo tanto un extra de coste mensual para los trabajadores. Además, una vez cesas tu actividad entras en un laberinto burocrático para explicarle a la administración que no cierras para cobrar la prestación, sino que tu cese lo ha causado circunstancias de viabilidad económica, organizativas, etc. El paro de los autónomos acaba siendo un animal mitológico.

La pensión de jubilación es otro elemento que demuestra que la problemática situación de los autónomos responde a carencias en los principios básicos de nuestro estado de derecho. La pensión media de los autónomos jubilados es un 41% menor que la de los asalariados, esto quiere decir que cobramos de media 500 euros menos al mes. Nuestra propuesta está en la línea de las cotizaciones, vincular esta prestación a los ingresos, al igual que ocurre con los asalariados.

Por último, entendemos que la futura reforma del RETA debe incorporar una regulación acorde con una realidad que se está recrudeciendo. Afecta a quienes queremos ser autónomos, a quienes no lo son, y a quienes no quieren serlo y lo son. En la crisis todos hemos aprendido por experiencia propia o ajena a identificar un “falso autónomo”, la única figura legislativa que le es semejante es la de los TRADE (Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente): son aquellos autónomos que facturan más del 75% a una misma empresa. A partir de analizar las últimas EPA, en UATAE calculamos que existen unos 300.000 TRADE en España pero legalmente solo figuran diez mil.

Ocurre que un TRADE reconocido tiene ciertos derechos similares a los de un asalariado (participación en la negociación colectiva, vacaciones, paro, etc.) por lo que muchas empresas transforman a sus empleados en autónomos pero no les reconocen, al menos, como TRADE para que puedan disponer de los derechos correspondientes. Por eso entendemos que existe la imperiosa necesidad de regular esta situación, facilitar la burocracia del autónomo dependiente para que se reconozca como tal y ser más severos en los controles contractuales en aras de evitar el fraude.

Estas son, y no otras, las cuestiones que debe motivar a los legisladores a debatir, redactar, negociar, transaccionar, votar, sancionar y promocionar –entonces sí– electoralmente su trabajo.