Una cotización justa para todos los autónomos, sin excepciones

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

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Hace unas semanas, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, presentaba las líneas generales de su propuesta para reformar el sistema de cotización de los trabajadores y trabajadoras autónomas, en un momento en que –inmersos ya en la segunda ola de la Covid-19 y en una grave crisis económica– quizás más consciente es el conjunto de la sociedad de la importancia de contar con un Estado del Bienestar fuerte. Y es que, todavía, muchos trabajadores y trabajadoras autónomas por cuenta propia permanecen en los márgenes de la protección social y los derechos laborales, con merma de protección social pública en todos los casos y un tratamiento injusto para este colectivo y para el conjunto de la Seguridad Social. Por eso, no se entendería que el Gobierno se quedara a medias en este avance y, como prevé Escrivá, dejase fuera de la reforma a los llamados autónomos societarios y a los colaboradores, creando autónomos de primera y de segunda.

El sistema actual de cotización de los trabajadores autónomos a la Seguridad Social se basa en las llamadas “bases de cotización” que permiten, a partir de una base mínima fijada, elegir voluntariamente cuánto pagan a la Seguridad Social. Esto significa que quien ingresa unos rendimientos netos superiores a los 60.000 euros puede elegir pagar la misma que quien difícilmente llega a unos ingresos equivalentes al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). De hecho, en la práctica, según los datos de Seguridad Social, el 85% de los autónomos aporta al sistema por la base mínima, y sólo un 14% paga cuotas superiores.

Es una anomalía en Europa que ha producido, por un lado, que quienes lo están pasando mal tengan que asumir, en cualquier circunstancia, una cuota mínima mensual cercana a los 300 euros; y que los que ganan más simplemente no aporten lo suficiente. No solo es injusto, sino que además ha determinado que la protección sea precaria e insuficiente, como consecuencia de este sistema de cotización: los autónomos cobran pensiones de media un 41% inferiores a las de los asalariados, su acceso a las bajas por incapacidad temporal o permisos de maternidad y paternidad, es muy difícil por la pérdida de renta que significa en muchos casos y, finalmente soportan una prestación fallida por cese de actividad (salvo de forma transitoria durante la actual pandemia en que, por primera vez, han podido ser incluidos en el esfuerzo colectivo de la sociedad española para preservar y salvar empleos, si bien muchos han cobrado, también aquí, prestaciones extraordinarias de baja cuantía porque éstas se calculan de acuerdo a la base cotizada).

Por no hablar de la atracción que supone para muchas empresas un modelo de ejercicio de la actividad que no genera obligaciones ni laborales ni sociales, lo que favorece la proliferación del falso trabajo autónomo.

La reforma que prevé el Gobierno sale al encuentro, en su espíritu, de una reivindicación histórica de CCOO, UATAE y de los trabajadores autónomos –la de la justicia y solidaridad contributivas– y de lo acordado en la Comisión Parlamentaria de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, donde de manera recurrente –la última vez, en las Recomendaciones recientemente aprobadas– se ha venido incluyendo la recomendación de caminar hacia la convergencia entre los diferentes regímenes de la Seguridad Social y a la actualización de las bases y los períodos de cotización. Se trata además de un compromiso programático de investidura del actual gobierno de coalición y es coincidente con las conclusiones de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados.

Las organizaciones a quienes representamos ya planteamos en 2018 una propuesta en términos similares en la que lo más importante es que cada persona cotice al menos por sus ingresos reales, sean estos inferiores o superiores a la base mínima actual de cotización, con fórmulas que garanticen a la Seguridad Social los ingresos equivalentes a la existencia de la base mínima de cotización, mejorando en el agregado sus ingresos totales, evitando comportamientos estratégicos y configurando una Seguridad Social con una cotización más justa y el resultado de un sistema más solvente para afrontar una mejora de las coberturas sociales de todas las personas con trabajo autónomo.

Es precisamente esta misma lógica la que nos lleva a la sorpresa ante la intención del ministro Escrivá de dejar fuera de la reforma a los llamados autónomos societarios –que desarrollan su actividad como socios de empresas mercantiles– y los denominados colaboradores –familiares directos de otra persona autónoma titular con la que trabajan–. Entre estos últimos, hay muchas y muchos de los autónomos con menores ingresos, que deberían poder beneficiarse también de una cuota más reducida, y, en cambio, entre los societarios, se concentran muchos de quienes tienen altos rendimientos netos, y por tanto, deberían contribuir en mayor medida.

No hay ninguna explicación técnica –Hacienda tiene, lógicamente, los datos de los ingresos declarados de todos los trabajadores autónomos– que impida incluirlos en la reforma, y sin embargo esta intención supone romper con los principios de igualdad, contributividad y solidaridad que deben regir la Seguridad Social. Con esta inexplicable excepción, en fin, se apuntala la injusta situación actual, se discrimina a determinados autónomos por su condición y se camina en la dirección opuesta a la de la convergencia de los regímenes de la Seguridad Social, puesto que los autónomos pasarán de hecho de tener un sistema a tener dos.

El Gobierno se ha comprometido a negociar, con organizaciones sindicales y empresariales sobre el conjunto del sistema de Seguridad Social, en el marco del desarrollo normalizado del Pacto de Toledo, así como con las organizaciones de autónomos, para que el nuevo sistema esté en condiciones de empezar a implementarse en enero de 2021, con un calendario de aplicación progresiva que debería acabar suponiendo dilaciones innecesarias.

UATAE y CCOO esperamos que las expectativas creadas no se frustren por un empeño en mantener al margen de la justicia contributiva, en términos fiscales y de Seguridad Social, a ningún autónomo, respondiendo a presiones inaceptables. No dejemos a medias ni aplacemos para mañana lo que debería ser una realidad desde hace mucho tiempo. El momento es ahora.

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