Los derechos de los trabajadores autónomos ya no esperan

Que el inicio de este año 2020 coincidiese con la andadura del nuevo Gobierno central supuso una buena noticia tras varios meses de bloqueo e incertidumbre con implicaciones no sólo institucionales, sino también económicas. Que los primeros pasos del Ejecutivo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos hayan puesto el mundo del trabajo y la agenda laboral en un lugar destacado de su actuación -con el acuerdo social para la subida del Salario Mínimo Interprofesional o la derogación parcial de la reforma laboral de 2012 en relación al despido por bajas médicas- es, también, positivo: no sólo por lo que supone de recuperación de derechos tras la travesía del desierto de la crisis y los recortes sociales, sino por la importancia de poner el foco en el trabajo como un espacio de ciudadanía.

A qué nos dedicamos, dónde trabajamos, cuántas horas y a cambio de qué retribución, en qué condiciones se desarrolla nuestra vida laboral,o la preocupación por la pensión que tendremos el día de mañana, son algunas cuestiones que forman parte central de nuestro día a día y determinan en gran medida cómo nos relacionamos y convivimos. Sin embargo, el debate público parece haberlas desplazado a los márgenes de lo estrictamente privado. Como si no procediese, como si no fuera pertinente, como si nunca tocase ponerlas encima de la mesa. Que nos lo digan a los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, que, a pesar de los discursos oficiales que en los últimos años se han extendido, hablando de las bondades del emprendimiento, sufrimos una situación histórica de desprotección y desigualdad que es, además, invisible. Por ello, esta legislatura debe de ser, también, la de la incorporación de los autónomos al Estado del Bienestar.

El trabajo autónomo debe dejar de ser el cuarto de atrás de la precariedad. El fenómeno de los llamados falsos autónomos ejemplifica muy bien la vulnerabilidad estructural del colectivo: muchas grandes empresas -como las plataformas digitales de mensajería y comida a domicilio- camuflan la relación laboral de sus trabajadores arrinconándolos al autoempleo porque les sale más barato. Esto es intolerable, y debe combatirse reforzando la labor y los recursos de la Inspección de Trabajo frente al fraude, y reconociendo los derechos como asalariados que deben asistir a los 'riders' y otros falsos autónomos. Parece que la ministra de Trabajo así lo ha comprometido en su comparecencia en la Comisión de Empleo del Congreso el pasado viernes. Pero hay que ir más allá: la generalización de los falsos autónomos debe llamarnos la atención sobre la precariedad a la que estamos condenados los trabajadores y trabajadoras autónomas y empujar a tomar medidas al respecto.

Las transformaciones de las últimas décadas en la economía y el mercado de trabajo han ido imponiendo el autoempleo como alternativa a las vicisitudes de la 'selva' laboral, asociándolo a una retórica competitiva de empoderamiento y triunfo que era pura fachada. Si nos fijamos en la brecha de las pensiones entre trabajadores asalariados y autónomos, veremos que estas últimas son un 37,1% inferior, que en las mujeres autónomas se agrava hasta un 47%. O si nos paramos a analizar el resultado de la llamada 'tarifa plana' de dos años para nuevos autónomos, medida estrella del anterior gobierno del Partido Popular, debería alertarnos que el 86% de los trabajadores acogidos a ella, pasado ese período de 'gracia', se ve abocado a echar el cierre.

Se acabó el tiempo de las ocurrencias: los y las trabajadoras autónomas necesitamos certezas y condiciones estructurales que hagan viable el emprendimiento con derechos. Es el momento de concretar un sistema de cotización progresivo y justo por ingresos reales, que termine con la anomalía actual -quien ingresa poco se asfixia, y quien ingresa mucho, aporta muy lejos de sus posibilidades- y que se traduzca en más protección, con pensiones y prestaciones sociales dignas.

Los trabajadores autónomos nos hemos ganado por derecho propio nuestro espacio en la agenda política y social. Estamos comprometidos con los retos económicos y sociales de este país, y queremos ser parte de los cambios y soluciones que nos reclaman la transición ecológica, la inmersión digital, la viabilidad de los servicios públicos, la causa de la igualdad de género o la llamada ‘España vaciada’. Tenemos mucho que aportar a ese futuro en común, pero para ello necesitamos no estar en los márgenes de los derechos sociales.

Ahora que el debate del trabajo recupera posiciones en la esfera pública, es necesario que además de la recuperación de lo arrebatado durante lo peor de la crisis, se abran puertas y ventanas para que la luz y el aire fresco entren en ese cuarto trasero que la democracia española no ha encontrado todavía el momento de abordar en toda su dimensión. Los derechos de los trabajadores autónomos no pueden esperar más. Vamos a ello.