Catalunya: el juego de los espejos
En el caso catalán desde hace años se libra una batalla enconada en la que las trampas y la forma sucia de actuar, a modo de la serie televisiva de Juego de Tronos, han sido los elementos determinantes del conflicto.
Vayamos por partes: Con Catalunya, el Gobierno central ha emprendido un delirante juego de espejos, en el que el papel de lo político y lo judicial va cambiando, adoptando formas más o menos distorsionadas, incluso grotescas, según el momento y el interés de cada cual. Por su parte, el sector independentista también ha situado sus piezas sobre el tablero y se ha movido en la parte del circuito que le ha interesado sin aceptar ni las reglas ni la responsabilidad de quien está al frente de la totalidad de un pueblo, le hayan votado o no. Ellos mismos, el Govern y el Parlament han llevado la teoría de la mayoría parlamentaria, que no la de votos, al extremo y se han olvidado, como el nuevo President, de la mitad de sus conciudadanos. Los partidos que se han dado en llamar constitucionalistas tampoco han hecho un gran esfuerzo, si dejamos al margen su apoyo al Gobierno de la Nación en la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Los resultados son ya conocidos.
De alguna forma estos eran los jugadores que se preveían y que deberían haber sido los únicos actores en la crisis que nos consume. Sin embargo, por la torpeza de unos o la ligereza y temeridad de otros, se dio entrada a un nuevo protagonista, el Judicial, que, al final, se ha convertido en el más importante y de mayor incidencia y el que más distorsión ha introducido. El Tribunal Supremo, a impulsos de la Fiscalía General del Estado, entró por la zona en la que los espejos presentaban la mayor distorsión. Aquellos en los que la cabeza se deforma, se estrecha, se alarga a la vez que el cuerpo se vuelve redondo y obeso.
De modo transversal a todos ellos otro actor, no menos importante, ha sido y es el mediático. Aquí cada medio informativo ha sumado su propia imagen de lo que va aconteciendo. Algunos de estos medios dejaron de lado, hace ya tiempo, la obligación de informar y han introducido como eje central la opinión militante en una opción u otra, según el interés de cada cual. La “guerra” cibernética declarada por los supuestos ataques y apoyos de especialistas vinculados a las instituciones españolas contra imaginarios o reales hackers rusos y el imaginario soporte del Kremlin, era la guinda que faltaba para no saber dónde estamos ni a donde vamos.
Denostar a Assange
En este ámbito, me he visto directamente afectado como defensor de Julian Assange que, por sus opiniones en uso de su libertad de expresión, se ha visto atacado por las autoridades diplomáticas españolas. Incluso con exigencias a las autoridades del país (Ecuador) que lo tiene asilado en su embajada en Londres para que actúen contra él; y, de alguna forma consiguiéndolo ante la incomunicación a que se ve sometido para que no opine sobre este y otros temas. Es curioso, pero determinados medios de comunicación en vez de defender la libertad de expresión le han atacado y denostado. Curiosa situación a la que se debe añadir el que se le acuse de haberse puesto a servicio de la Generalitat en el procés ante lo que no tienen reparo alguno en decir además que ha recibido una percepción económica. La ligereza de algunos me excusa de su descalificación. En todo caso, en este tema, la última palabra aun no está dicha. Todavía hay mucho por hablar y también por descubrir, hasta llegar a saber cuáles han sido los verdaderos intereses geopolíticos y geoestratégicos de quienes pusieron en marcha esta maquinaria implicando a personas y estructuras que nada tienen que ver con los deformados espejos del procés catalán en los cuales ninguna imagen responde a la realidad.
Identifiquemos a los intérpretes principales de este juego laberíntico, a veces frívolo y distorsionante que ha puesto de manifiesto la ineficacia de unos responsables políticos quienes, incapaces de solucionar una crisis política muy compleja pero resoluble, han ido enredando la madeja hasta muñir tal lio que será muy complejo desenmarañar el ovillo. Algunos, todos sabrán a quien me refiero, han renunciado hace tiempo a encontrar una solución y han optado por el peor de los caminos, trasladar la responsabilidad, ante su parálisis, a otra esfera ajena a la política. Es decir, entregar la identificación del mal al Poder Judicial que, dicho sea con los debidos respetos, es el más inepto, para resolver cuestiones políticas.
La cuestión se vuelve más espinosa si ponemos en duda que el mal, es decir los hechos, tengan naturaleza delictiva y que su solución sea mediante una sentencia. Esta nunca será una respuesta política, aunque lo pretenda y, por ende, solo resolverá la situación procesal concreta de unos acusados condenándolos eventualmente, pero no para el conflicto que se agravará y hará más inextricable la salida del embrollo.
El poder judicial ejercido en este caso por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y en la instrucción por el Juez Pablo Llarena, definitivamente ha introducido una distorsión irreversible en el juego de los espejos ya que, a diferencia de los demás poderes, éste se controla a sí mismo. Es decir, ni el ejecutivo ni el legislativo pueden ponerle freno a su actuación una vez iniciado el proceso penal. Ese es el efecto más notorio del principio de separación de poderes y en el caso específico, de la independencia judicial que, no obstante, será aprovechada y manoseada ad infinitum por aquellos otros poderes, en beneficio de sus propios intereses.
Espectáculo poco edificante
El problema es que el Tribunal Supremo, ha tomado ya desde hace tiempo conciencia de ese poder y de la inocuidad de cualquier cuestionamiento de su supremacía en el sistema legal español. En tal contexto, hay que reconocerle al presidente del Gobierno que haya sabido interpretar antes que nadie esa realidad en éste y en otros casos que afectan de lleno a su partido- y sumarse al bando ganador, que, en todo caso, estará de parte de quien fija los términos del debate en una sentencia, aunque esta no sea la labor de un tribunal de justicia. Pero esa es la realidad y ello, a estas alturas del partido, está fuera de toda duda en nuestro país.
Siendo esto así, se puede comprender que cuatro políticos catalanes ronden ya 200 días en prisión provisional: Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat y cabeza de lista de ERC para las elecciones catalanas del 21 D; Joaquim Forn, exconsejero de Interior y candidato frustrado a la investidura como President, y los presidentes de ANC y Ómnium Cultural, Jordi Sánchez, asimismo propuesto como candidato y amparado por el comité de Derechos Humanos de la ONU y Jordi Cuixart. Ninguno de ellos debería haber sido privado de libertad desde el minuto uno en el que comparecieron ante el instructor, porque ninguno de los requisitos que autorizan al juez para privar de libertad a un investigado o procesado en una causa criminal, concurría en este caso y en ninguno de los afectados. Aquí, el derecho a la libertad ha sido cercenado por la justicia de manera manifiesta. La disposición a concurrir y someterse a la justicia fue total y sin restricciones.
Pero, no nos engañemos: las decisiones del Tribunal Supremo y en concreto las del juez Pablo Llarena, desde hace tiempo, van más allá de lo que representa o debería representar el estricto marco de actuación jurisdiccional y se han convertido en verdaderas piezas de interpretación y activismo político en contra de quienes piensan y defienden ideas políticas diferentes a las que se sugieren en los autos judiciales. El caso es que, quienes son destinatarios de estas resoluciones, siempre adversas a sus respectivas posiciones procesales, no se hallan en plano de igualdad respecto del juez o Tribunal sino de sometimiento a los mismos y por tanto su capacidad de contradicción política que es el marco en el que se estan desarrollado sus acciones, es nula.
El debate, es pues imposible por la asimetría de los actores en juego, y la consecuencia ineludible es que, gracias a esas cuestionables decisiones judiciales, se ha consumado la deriva del procés, las huidas, las dilaciones, las decisiones del Tribunal Constitucional, el esperpento de dos presidentes uno en el exilio y otro corpore prisionis y ahora el siguiente, el designado y elegido Quim Torra, sin causa judicial (de momento). Y de paso, nos lleva a protagonizar un poco edificante espectáculo internacional difícil de superar, que adquiriría naturaleza de sainete de Arniches si no fuera por la gravedad de los derechos afectados.
Camino al caos
Por ello, temo que, definitivamente, se ha olvidado en todo este marasmo, la premisa fundamental: aquellos que tienen que decidir quién será la persona que presidirá la Generalitat son los candidatos elegidos por los votantes, no los jueces. Pero, a pesar de que ya la elección ha tenido lugar, in extremis, me pregunto ¿los diputados que eligieron al president, están desafiando al Estado cuando el mismo elegido afirma que no quiere acatar la legalidad constitucional? ¿O quienes lo están desafiando son El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional sumidos en su tour de force particular y muy poco oculto? Para responder a estos interrogantes, deberemos esperar los próximos acontecimientos, que se prometen tan interesantes como imprevisibles.
Volviendo al apartado estrictamente judicial, el sistema de someter conciencias para obtener la libertad, como pretende, según se desprende de sus resoluciones, el juez instructor del Tribunal Supremo, es muy difícil de alcanzar y además, es inconstitucional por contrario a las propias doctrinas de los tribunales respectivos y porque no responde a la finalidad de la propia institución de la prisión provisional que, en ningún caso puede ser un anticipo de pena, como aquí aparenta. Es muy difícil, que las personas afectadas que están defendiendo posiciones políticas legítimas en el marco constitucional que nos obliga a todos, se vayan a someter ideológicamente a quien pretende imponer un discurso igualmente ideologizado desde una sede judicial. El riesgo de esta postura es que con ella se difumina cualquier posibilidad de confianza en las resoluciones judiciales, cuando estas no se corresponden con la gravedad objetiva de los hechos, sino con la apariencia subjetiva de quien los narra a posteriori.
La prolongación de privación temporal de libertad de los políticos referidos no convierte en política la naturaleza de esa privación, aunque, reviste, cada vez más, la apariencia de que estos son presos de conciencia o que lo están por la defensa de unas ideas y no como consecuencia de unos hechos presuntamente delictivos, más allá de la poca consistencia de los indicios y de la presunción de inocencia de la que disponen, en todo caso. Con esta posición judicial, se está transmitiendo el concepto de que lo único que les libraría de esa reclusión seria la sumisión ideológica a la línea política del juez y no el reconocimiento de unos hechos que no han sido negados, salvo en lo que concierne a la interpretación particular del instructor que, desde luego, difiere de la de los procesados.
El magistrado Llarena, está expandiendo, con el apoyo de la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo, la idea de que se están confrontando dos concepciones políticas de un mismo problema y no dos interpretaciones jurídicas de unos hechos. Esta aparente contradicción, propiciada por el instructor, olvida que las resoluciones judiciales, cuando pierden el sentido jurídico que debe caracterizarlas para resolver el conflicto sometido a su jurisdicción, y lo tornan en criterio político, conducen irremediablemente al caos, aun cuando se hayan dictado con la mejor intención.
Mi impresión, tras leer atentamente los autos del magistrado instructor, es que se mantiene la orden de prisión no porque exista riesgo de reiteración delictiva sino porque no se desea que los presos participen en el debate sobre la posibilidad de independencia y, de esta forma sirva a modo de prevención general para los demás. De ser efectivamente así, supondría secuestrar el propio concepto constitucional de democracia y se estarían afectando derechos fundamentales, como el de libertad ideológica, expresión y participación política, nos guste o no ese debate.
Reinvención de la violencia
Veamos los argumentos. La violencia es el nudo gordiano. El tribunal no cree que sea la violencia física el argumento que sustente el concepto de rebelión. Sin embargo, se ha dado entrada por el mismo a un concepto evolucionado de violencia más que oportunista y para el caso concreto ante la falta de argumentos que justifiquen la presencia de una verdadera violencia en el sentido tradicional del término. Empiezo a vislumbrar una cierta violencia jurídica que se basa en esa dinámica cada vez más retorcida de huir hacia adelante y se apoya en afirmaciones vacías forzando los argumentos en grado sumo. En mi opinión aquí se produce una cuestión de reinvención de la violencia como elemento determinante de esta forma delictiva.
En estos asuntos bien cierto es que los diferentes miembros del Gobierno o del Partido Popular acuden en socorro de los jueces apoyando el refuerzo de las teorías que postulan una calificación de los hechos como constitutivos de un golpe de Estado, olvidando que el que sufrimos en España el 23 de febrero de 1981 por ir a casos más recientes, hubo tanques. Sorprende la contundencia del Partido Popular no comparable con la semántica utilizada en otros casos. Por ejemplo, los “golpes blandos” que se produjeron en Paraguay cuando Fernando Lugo fue destituido mediante un controvertido juicio político; Manuel Zelaya destituido en 2009 de su cargo de presidente de Honduras por órdenes de la Suprema Corte de Justicia, hecho condenado por la OEA o la ONU que pidieron su restitución; o el de Dilma Rousseff contra quien el Senado abrió un proceso de destitución que acabó sí o sí con la suspensión de sus funciones como Jefa de Estado, y a la que siguió, mediante el Poder Judicial, la condena a Lula da Silva, Finalmente en el caso catalán, no hubo siquiera declaración de independencia. ¿Dónde está entonces el golpe de Estado?
De ahí que el tribunal alemán que recibió la Orden Europea de Detención emitida por el magistrado Llarena lo que hizo fue un simple control de legalidad, es decir, considerar si los hechos son o no delito en Alemania. Nada fuera de lo habitual, incluyendo lo que el Tribunal Constitucional señala al respecto. Aquí lo que falla desde el principio es que el Tribunal Supremo español y en particular el instructor de este caso, se han regido por unos parámetros que no obedecen al estricto Derecho –su función- sino a una interpretación regida por el principio de oportunidad respecto a la prisión provisional de algunos de los procesados. E innovando, con el amparo de la Sala de Apelaciones, una interpretación de la rebelión muy alejada de lo que piensan la gran mayoría de la doctrina y la jurisprudencia nacionales e internacionales.
Visto que no se cumplían todas las condiciones para que el delito de rebelión fuera asumible por los jueces alemanes, aquella Sala dictó un auto confirmando la prisión preventiva para Jordi Sánchez y apuntando que los investigados podrían haber incurrido en sedición, delito que no exige violencia. Arremetiendo contra sus colegas alemanes -algo totalmente inapropiado en un tribunal de justicia-, los dignos magistrados de la Sala II consideraban que para los interesados en el proceso soberanista “la violencia física pasaba a un segundo lugar, pues sólo era preciso utilizarla en algún cruce o tránsito puntual de la línea de ruta que se habían marcado” y aquí concretaban en el referéndum por la independencia. Añadían que los líderes soberanistas habían inducido “a unos dos millones de personas a salir a la calle para votar ilegalmente”. En su opinión esto dio lugar a que “como era totalmente previsible e inevitable, hubo violencia y hubo enfrentamientos físicos”.
Forzar el brazo de los jueces alemanes
Continuaban en la idea de que los 6.000 policías que se encontraban en Catalunya destinados “en modo alguno podían evitar que la decisión del Gobierno no fuera doblegada”. Concluyen por tanto los jueces: “es muy probable que todo acabara en una masacre y entonces sí sería muy factible que el resultado de la euroorden fuera muy distinto”.
Ahora bien. Esa masacre ¿en qué dirección podría haber ido? ¿En la de los electores pertrechados con sillas y urnas chinas contra los agentes o en la de los efectivos policiales cargando con el sofisticado armamento antidisturbios de que disponen? No aclara ese aspecto la Sala de lo Penal que sin embargo sí recuerda que la Fiscalía dejó abierta la puerta en su escrito de querella para que, si el elemento violencia no se constatara suficientemente en este caso, “se subsumiera la conducta de los sujetos investigados en el tipo penal de la sedición”. Es decir que fuera como fuese había que llegar al fin preconcebido e ideado por el Ejecutivo. “Pues desde la perspectiva del modo o forma de ejecución de la conducta, al no exigirse en la sedición la utilización de la violencia, no se precisa entrar en la cuestión más espinosa que suscita el delito de rebelión”, añade el auto. Aun así, la sala prefiere el concepto de rebelión, pues afirma encaja en un delito “que ataca el núcleo del sistema político y jurídico que impone la norma constitucional desde una perspectiva básica o general” frente al de sedición, que persigue “un conflicto más focalizado que afecte al sistema político/jurídico en un ámbito más concreto”.
El problema es serio porque el Tribunal Supremo ha decidido ser juez y actor político en el proceso y tal decisión distorsiona todo. Con el brazo ejecutor de la Fiscalía General del Estado como nexo de unión con el Gobierno de Mariano Rajoy, se va buscando la manera de forzar el brazo a los jueces alemanes, cambiando los argumentos jurídicos sobre la marcha y con el mismo fin (¿rebelión?, ¿sedición? ¿conspiración para la rebelión? ¿malversación...?)
Esperpento e ilegalidad
La tensión, después del 14 de mayo, en vez de disminuir, va en aumento y me temo que la solución cada vez se alejará más, especialmente después del esperpéntico y provocativo discurso de investidura y las actuaciones posteriores del President Quim Torra quien, como el president Puigdemont lo fue, ahora es rehén de la CUP y parece que va directo hacia la imputación por rebelión en una especie de “continuidad delictiva” que, en cualquier momento puede ser estimada por el órgano judicial.
El contenido de sus discursos, el anuncio del quebranto de la legalidad constitucional, la inversión de fondos para tales fines (incluidos los gastos de viaje a Berlín, si son públicos..) la aparición con el “copresidente” o “presidente legítimo” en la capital germana etc.., pueden abocarle en cualquier momento a una convocatoria judicial o, incluso, a la activación del artículo 155 de la CE. Es decir, un desastre; y mientras tanto cuatro personas siguen encarceladas preventivamente, como si su libertad pusiera en riesgo a todo el país. ¿Seriamente, no creen ustedes que ya está bien? ¿Que alguien debería reconducir todo esto, mientras que sea posible? Si tengo que opinar, afirmo que nos queda poco tiempo para que la razón se imponga con interlocutores que dejen de ser sordos ante el escándalo permanente en el que vivimos. Veremos si queda en un brindis al sol la intención de oferta de “dialogo sin límites” del “presidente custodio” Torra como se ha autocalificado. Fiel al método que habitúa, Puigdemont ha reforzado: “La pelota ahora está en el tejado del Gobierno español”. Por su parte, Mariano Rajoy ha advertido de que no puede haber más que un presidente y una legalidad en Catalunya, tema en el que el líder socialista Pedro Sánchez ha cerrado filas con el presidente del Gobierno. ¿Y entonces?
Pero no perdamos la visión del origen. Puigdemont y sus compañeros cometieron una manifiesta ilegalidad al desafiar la Constitución y el Estatut, que debería haberse resuelto de manera política. Frente a tal desafío la única salida del Gobierno fue en cambio la de reprimir y judicializar. Le hicieron así un favor a la CUP y a los sectores más radicales encantados de la oportunidad de actuar en modo antisistema. Por su parte, el Partido Popular se aferró al conflicto para desviar la atención del escándalo de la corrupción que les asola y de las deserciones en sus filas hacia otro partido con más futuro, Ciudadanos, y, sin reparo alguno, instrumentalizó el Derecho penal para conseguir tales objetivos. Entre medias la sociedad catalana (y la española) sufre los efectos del despropósito dividida y enfrentada y con una dinámica expansivamente corrosiva. Quizás sea la sociedad la única que pueda dar salida juiciosa a este laberinto o “juego” de los espejos en el que la incompetencia política de unos pocos y la codicia judicial de otros, nos han introducido a todos.
