CIE: Espacios de no derecho
El pasado martes 18 de octubre, cerca de cuarenta personas internadas en el CIE de Madrid decidieron realizar una protesta pacífica. La mayoría de ellas eran personas recién llegadas a España que habían superado un durísimo viaje de casi dos días en una patera. Varias de ellas se encontraban en mal estado de salud. Las continuas vulneraciones de derechos que sufrieron en el CIE les empujaron a realizar una acción simbólica y desesperada: “dignidad”, “libertad”, “nos tratan como a perros”, gritaban subidas a la azotea del centro. Testimonios posteriores de estas personas manifiestan agresiones físicas al volver a las celdas, situaciones de aislamiento y restricciones en las comunicaciones y visitas tanto con familiares, abogados y ONGs.
Las declaraciones del Ministro del Interior no se han hecho esperar y ha afirmado que España se encuentra a “la vanguardia en cuanto a las garantías de respeto a los derechos humanos” en los CIE. No obstante, las organizaciones Karibu y SOS Racismo Madrid que realizamos labores de acompañamiento a las personas internas en el CIE de Madrid desde hace años queremos atestiguar firmemente que las vulneraciones de derechos son continuas y reiteradas. Y todo ello a pesar de las recomendaciones realizadas por el Defensor del Pueblo, los numerosos autos de los Juzgados de Control del CIE y los informes de organizaciones de defensa de los derechos humanos.
Los CIE son espacios de no derecho. En el CIE de Madrid ni siquiera se está cumpliendo con el Reglamento de funcionamiento y Régimen Interior de estos centros, normativa aprobada en 2014 y que regula mínimamente algunos de los derechos de las personas internas así como las características que deben tener los centros, su estructura orgánica o el régimen de visitas. Es tal el grado de incumplimiento, que los juzgados de control del CIE de Madrid emiten frecuentemente autos instando a la dirección del CIE a respetar los derechos de las personas internas, muchas veces tras las quejas que presentamos las organizaciones sociales en su nombre. Esto pone de manifiesto lo que las organizaciones de defensa de Derechos Humanos llevamos defendiendo durante años: no se puede regular aquello que no debería existir.
Para empezar, cabe recordar que los CIE se ubican en antiguas dependencias policiales y se encuentran frecuentemente en pésimas condiciones. En el caso de Madrid, las instalaciones situadas en la antigua cárcel de Carabanchel han sido sometidas a la valoración de la Fiscalía General del Estado, que ha constatado su “deterioro progresivo”. Además, el Juzgado de Instrucción nº6 de Madrid en un auto del 29 de julio de 2016 afirma que “el centro de internamiento de extranjeros de Madrid-Aluche incumple medidas de seguridad elementales relativas a garantizar la seguridad y la integridad física de las personas internadas”. Es más, dada la gravedad de la situación avisa de que si no se solventa esta situación, habrá una resolución judicial que acordará el “cierre temporal del centro” para que puedan realizarse las obras pertinentes.
El derecho a la salud no está garantizado. Debemos recordar la muerte en 2011 de Samba Martine, la mujer congoleña de 34 años que falleció tras acudir a consulta en diez ocasiones y no ser tratada adecuadamente. Su muerte podría haberse evitado. La atención sanitaria no es permanente y en ausencia de personal médico y en casos de urgencia, las decisiones sobre la salud de una persona las toma el director del centro. Además, la atención sanitaria está subcontratada a una empresa sin existir supervisión alguna por parte de personal médico de la Administración General del Estado, como establece el Reglamento.
Otro de los derechos vulnerados en el CIE de Madrid es el derecho al asilo. En nuestras organizaciones hemos detectado solicitudes de asilo que quedan sin tramitar. Este ha sido el caso de Christopher, un joven nigeriano de 20 años que huyó del país tras la muerte de su padre en la explosión de una bomba y las amenazas que recibió de Boko Haram. Al llegar a España fue trasladado al CIE de Madrid donde solicitó asilo. Sin embargo, su solicitud no fue tramitada y Christopher fue expulsado en un vuelo colectivo, poniéndose en riesgo su vida y vulnerándose su derecho a solicitar la protección internacional.
El Juzgado de Instrucción nº 6 de Madrid ha emitido varios autos instando al director del CIE a garantizar este derecho y a cumplir con el procedimiento administrativo en la recepción de las solicitudes de asilo. Sin embargo, las organizaciones nos hemos encontrado con reticencias en el CIE para la puesta en práctica de dichas medidas.
El abuso de la fuerza también está presente en la dinámica de los CIE. El 18 de abril de 2016 las organizaciones Pueblos Unidos, SOS Racismo Madrid y Karibu presentaron un escrito destinado a la Dirección General de Policía y al Defensor del Pueblo poniendo en su conocimiento los hechos relatados por cinco internos que denunciaban agresiones en el traslado al aeropuerto, hechos que, según se afirma en el escrito, se producen de manera reiterada. Sin embargo, las dificultades para realizar una investigación debido a los tiempos que manejan los juzgados de instrucción y especialmente a la aceleración de expulsión de las personas involucradas, hacen muy difícil el esclarecimiento de los hechos y mantiene la opacidad y la impunidad en el CIE.
Más allá de las condiciones de internamiento y las vulneraciones de derechos que suceden de manera habitual, desde Karibu y SOS Racismo Madrid consideramos que la mera existencia de estos centros vulnera los derechos humanos, por lo que exigimos su cierre como única garantía al respeto de los mismos.
