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Una corte i-real

Cifuentes y su portavoz de Gobierno, Ángel garrido, en la feria de San Isidro el pasado mes de junio / EFE

Adrián Escudero

Catedrático de Ecología en la Universidad Rey Juan Carlos —

Entender el caso de la presidenta o el de otros aristócratas de la política como el prometedor Casado exigen un esfuerzo de análisis retrospectivo y alguna propuesta prospectiva. No sé muy bien qué es la verdad jurídica ni cómo se accede a ella, pero si lo que es la verdad estadística. Seguro que son las limitaciones propias de alguien que se dedica a ciencia básica. Las evidencias acumuladas hacen imposible tener dudas sobre lo que ha ocurrido. Si se tratase de apostar, uno se jugaría el sueldo de un año. Ganaría; la presidenta no hizo nada del máster o como mucho pagar a destiempo. La pregunta retórica es evidente, ¿qué ha ocurrido? Quizás pueda sorprender a alguien, pero la respuesta no hay que buscarla exclusivamente en los campus de la URJC.

La conformación de una corte alrededor de los nuevos príncipes y princesas que ostentan el poder está conectada con el quehacer histórico de nuestros gobiernos. La sacralización de la monarquía parlamentaria y la paradoja implícita, de que todos somos iguales menos algunos, nuestra familia real, dibuja la justificación ética necesaria para ejercer la diferencia. De una manera racional o no, nuestros líderes políticos se consideran monarcas en ciernes, o en algunos casos monarcas absolutos bien consolidados. En ese marco, no son pocos los que rinden pleitesía como cortesanos a los nuevos príncipes. Ver la cara de la presidente y su perplejidad con lo que le está pasando es sintomático. Ella parece creer firmemente que no ha hecho nada; alguien probablemente le ofreció un máster en ese marco de dádivas y regalos mutuos; y lo acepto sin darle ninguna importancia. Para ella es una persecución porque lo que ha emergido es una nimiedad; pero si yo tengo ya el nivel de abogado que es el que me daba ese título de máster. Lo de mentir es la trampa en la que se ha metido por soberbia y probablemente por falta de formación en valores y ciudadanía ética y responsable. Suena a sermón, pero lo creo profundamente; hacer carrera en el seno de los partidos políticos puede requerir habilidades muy concretas, pero desde luego parece que lo de asumir los errores es algo que no se trabaja mucho.

El respeto por lo público es el único camino para la mayoría de los que estamos en esto de la investigación y la universidad, pero desafortunadamente no son pocos los que consideran los recursos de todos como su patrimonio. Las malas prácticas en el ámbito de la ciencia y de la universidad no son raras como llevamos tiempo denunciando desde Ciencia Crítica. Es paradójico porque las encuestas sociológicas recogen de manera unánime que los científicos son los profesionales considerados más honestos y bien valorados, pero la lista de malas prácticas es también prolija. Cuestiones como plagio, falsificación de datos, maltrato en los grupos, autorías deshonestas, aparecen de forma regular y sacuden a la academia. Son acciones minoritarias, puntuales, porque además el fraude está muy penalizado; pero, sin duda, existen. Como lo que tenemos aquí, profesores que utilizan recursos públicos como si fuera su patrimonio personal de manera deshonesta. Se construye una red clientelar y profundamente jerarquizada donde no se tiene ni idea de lo que es un buen mentor. Todos los que estamos en la universidad sabemos que hay espacios donde el nepotismo existe; no vale la pena extenderse aquí porque se han escrito mucho sobre los problemas que aquejan a nuestra Universidad pública. El buque gigantesco va girando muy despacio, pero queda recorrido para completar la maniobra.

Es por ello por lo que, para salir de esta pesadumbre de pérdida de estima y descrédito, debemos de exigir colectivamente más a nuestros políticos. No podemos permitir que la respuesta ante toda la información tan brillantemente puesta sobre la mesa por periodistas sea, hay que defender a los nuestros. No, no merecemos que los que pilotan nos digan eso. En paralelo necesitamos detectar, denunciar y sancionar todo tipo de malas prácticas en el ámbito universitario. Debemos de reforzar las unidades de inspección de servicios, dotándolas e incrementando sus competencias para hacerlas más eficaces y rápidas. Necesitamos rediseñar los mecanismos de acceso a la carrera docente e investigadora para que los méritos curriculares y no de vasallaje sean el camino. Es imprescindible repensar la gobernanza global de las universidades para que la intromisión política sea mínima y las redes clientelares y de interés mutuos no excluyan a los mejores.

Aprendamos de nuestros errores y no tengamos reparos en reconocer que lo que hacemos es importante y básico para que nuestra sociedad avance. Y si, no tengamos pudor, en decir que la mayoría de la gente que trabaja en la universidad es honesta y que nuestros chicos salen con un nivel de formación increíblemente bueno y competitivo. Defendamos lo público, lo de todos.

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