Exigimos corresponsabilidad

Un carro de la compra en un supermercado (Archivo).

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“El aumento de los precios de la energía tiene un efecto sobre la cesta de la compra de los hogares que se encarece y se suele denominar efecto de primera ronda. A éste le pueden seguir efectos indirectos que incrementan la inflación, como que las empresas no energéticas trasladen a precios finales el alza de sus mayores costes energéticos o que los trabajadores exijan mayores aumentos salariales para mantener su poder de compra. Esos efectos indirectos del alza de los precios de las energías sobre el índice general de precios son denominados efectos de segunda ronda. La tasa de inflación general refleja los efectos de primera y segunda ronda, mientras que la tasa de inflación subyacente es un indicador útil de los de segunda, al eliminar los efectos directos del aumento del precio de la energía y de los alimentos no elaborados”.

De esta forma pedagógica se expresaba Ben Bernanke, entonces presidente de la Reserva Federal de EEUU, hace más de una década. Desde esta premisa de un hombre no precisamente de izquierdas, podemos analizar la actual inflación que sufre nuestro país, y su relación con los salarios y los excedentes empresariales.

Empiezo por la conclusión. La inflación actual que sufre España no tiene nada que ver con los salarios. Son precisamente las y los trabajadores que vivimos de nuestros salario quienes la sufrimos. Tienen que ver con la imputación de los incrementos de “costes de la guerra” a los precios finales con los que las empresas tratan de salvar sus márgenes y beneficios. Esta dinámica debe corregirse mejorando salarios a costa de beneficios empresariales y no de precios. En otro caso, nuestro país será más pobre, más desigual y corre riesgo de instalarse en un escenario de crecimiento débil e inflación alta. Para enfrentar esta situación la negociación colectiva, el salario mínimo interprofesional, el control de precios y la política fiscal deben emplearse hasta donde haga falta.

España, como el resto de países de nuestro entorno, padece una inflación sin precedente en las últimas décadas. En este momento la inflación general se sitúa en un escandaloso 10,4% interanual. La subyacente en un altísimo 6,4%.

Este último dato nos da una pista muy relevante. Y es que las empresas están repercutiendo una buena parte de los costes que sufren a precios al consumo. Esos costes tienen que ver con los precios energéticos, de las materias primas y de los alimentos, todos estos factores relacionados con la guerra en Ucrania y las medidas sancionadoras que se han adoptado. Otros factores como los problemas en las cadenas de suministro, los precios de los microchips o los precios de los portes y los contenedores, también han tenido efectos inflacionistas (sin ir más lejos en la inflación previa a la guerra), pero ahora tienen una menor relevancia respecto a las consecuencias del conflicto bélico.

Siendo esto así, ¿por qué tanto énfasis en la alerta sobre los efectos inflacionarios de los salarios, cuando estos nada tienen que ver con el actual alza de precios? Como siempre, no es difícil intuir que quien plantea la prioridad de las preguntas, está queriendo manejar la narrativa y el orden de importancia de las respuestas.

El año 2021 concluyó con una pérdida de poder adquisitivo de los salarios negociados del 1,3%, producto del fuerte repunte de precios de los últimos cuatro meses del año. En lo que vamos de 2022 el poder adquisitivo de los trabajadores/as cubiertos por la negociación colectiva ha caído un 6,7%, y además hay una parte importante de convenios colectivos cuya renovación está bloqueada. 

El riesgo en España no es que los salarios impulsen una espiral inflacionista. El riesgo en España es que una devaluación salarial deprima la demanda interna, incremente la desigualdad y la pobreza, agrave la situación económica, y a la vez las empresas mantengan amplios márgenes y beneficios, así como los repartos de dividendos sin bajar precios. En definitiva que se consolide una situación de inflación y crecimiento bajo. 

Si alguien requiere de algún dato al respecto, aquí va alguno. Los salarios pactados en convenio colectivo suben al 2,56% (muchos vienen acordados desde antes del incremento de precios de otoño de 2021) mientras la inflación supera los dos dígitos desde hace algunos meses.

En estos últimos años se ha producido un fuerte aumento de los márgenes de beneficio empresarial por unidad producida. Sobre todo en algunas ramas de actividad. Ese margen es lo que gana una empresa una vez descontados sus costes (energéticos, materias primas, salarios, etc.) por unidad producida (un litro de gasolina, una moto, un billete de viaje o un metro cúbico de gas).

Pues bien, las empresas en nuestro país acumulan importantes reservas desde 2016, año que su nivel de endeudamiento se situó por debajo del europeo. Desde entonces y hasta 2021 las empresas no financieras acumularon 211.000 millones en reservas, derivadas a la economía financiera, y por tanto sin repercutir en una mejora de la economía real.

Los sectores energéticos han incrementado sus márgenes de beneficio por unidad producida en un 60% en el último año (46,5% en la Eurozona). También han visto ampliamente mejorados sus márgenes los sectores financieros y los manufactureros (estos últimos el 7,4% frente al 1,3% de la Eurozona según datos de Eurostat). A nadie se le escapa el incremento de precios en los sectores de la hostelería hasta el 45,4% en el último año según el IPC.

Es primordial evitar la espiral de precios, pero también el hundimiento del poder de compra de los hogares. Por eso la posición sindical en la mesa de negociación salarial pasaba por incrementos asumibles al inicio de cada uno de los años 2022-23-24, eso si acompañados de una clausula de revisión salarial. Esta clausula operaría al final de cada uno de los años en un porcentaje, y al final de 2024 en otro porcentaje. De esta manera conseguíamos incrementos salariales paulatinos que evitasen incidir en una inflación de segunda ronda, y mantener el poder de compra de los salarios a lo largo del ciclo económico, teniendo en cuenta que en los próximos años es previsible que baje la inflación. Para que esta idea prospere tiene que haber una contención de los beneficios y del reparto de dividendos. La negativa de CEOE es lo que ha motivado la estrategia de endurecimiento de la negociación colectiva (incremento del 20% de las huelgas), y la próxima convocatoria de movilización sindical.

El diálogo social tripartito y bipartito, ha dado importantes réditos a nuestro país. Lo ocurrido en los últimos dos años es prueba palpable de ello. Pero para que el diálogo social dé resultado es necesaria la corresponsabilidad. Esa que brilló con luz propia en la pandemia, pero que ahora brilla por su ausencia ante la actitud patronal. Desde CCOO emplazamos a CEOE y CEPYME a recuperar una negociación fructífera que derive criterios sobre incrementos salariales a los cientos de convenios por negociar en nuestro país. También al Gobierno, a que utilice todas las herramientas a su disposición en materia fiscal y materia de precios, para garantizar un reparto equitativo de los costes de la inflación. La clase trabajadora no puede volver a ser la pagana de una crisis de precios que ni remotamente ha provocado.

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