El futuro pospandémico necesita más reflexión y menos dogmatismo y censura

En estos días hace dos años que la pandemia COVID-19 invadió nuestras vidas. Desde entonces la sanidad y la ciudadanía han estado sometidas a fuertes tensiones. Los responsables políticos han debido tomar decisiones en contextos dominados por la incertidumbre, la urgencia, el miedo y, en no pocas ocasiones, el pánico.

Un miedo avivado por los medios de comunicación y las redes sociales mediante un aluvión de datos y de opiniones que, en muchos casos, no solo no mejoraban la comprensión de lo que estaba sucediendo si no que, por el contrario, alimentaban la desinformación.

Por ello ahora, cuando la fatiga es ya, más que ardua irritante, y afortunadamente, se aproxima la salida del túnel, es más necesario si cabe analizar de forma inteligible y rigurosa lo sucedido, tanto desde la perspectiva política como profesional o experta. Porque ni la desconfianza ni el miedo permiten recuperar ni desarrollar una positiva convivencia social, tan necesaria siempre y más aún en estos tiempos crispados. 

De ahí que nos parezca oportuno considerar dos tipos de respuestas estratégicas complementarias. La primera centrada en la crítica, respetuosa pero profunda y sin concesiones a la galería, sobre los eventuales errores cometidos y los dilemas éticos y las consecuencias negativas de las medidas restrictivas de derechos y libertades, así como las responsabilidades de los distintos agentes implicados en los ámbitos de la financiación, investigación, distribución e indicaciones establecidas para los medios diagnósticos, preventivos y terapéuticos para la COVID-19 en distintos países y para los diferentes grupos poblacionales. 

La segunda debería permitir desarrollar iniciativas políticas que corrijan los errores y afronten los dilemas identificados y valorados anteriormente, con el propósito de dotar a nuestra sociedad de los instrumentos necesarios para alcanzar un mejor nivel de bienestar y calidad de vida, a través de una potenciación de los servicios públicos, deteriorados de forma profunda y constante desde la crisis de 2008. Sectores tan relevantes en este sentido como sanidad, educación, servicios sociales (con referencia especial a las personas mayores) necesitan innovaciones acompañadas de una decidida priorización presupuestaria.

Todo lo cual requiere un acuerdo social amplio y profundo capaz de superar la resistencia de aquellos sectores que se limitan a proponer enfoques simplistas, a veces rayanos en la estulticia, que, en el mejor de los casos, solamente servirán para perpetuar los graves problemas sanitarios y socioeconómicos que amenazan con hacer irreversible el aumento de las desigualdades sociales acentuado por la pandemia. Este acuerdo conviene, además, que se visualice de forma clara y rotunda de modo que ayude a vencer la inercia defensiva de muchos dirigentes políticos actuales; incluidos los ubicados en el centro-izquierda del espectro político.

En el ámbito estrictamente sanitario y de salud pública debería poderse diferenciar claramente entre los conocimientos acreditados y las opiniones y las hipótesis, reconociendo además, que el rechazo a las discrepancias —particularmente razonadas, argumentadas y documentada— no es solamente un síntoma de totalitarismo, sino un obstáculo al progreso del conocimiento. Sea dicho esto con las salvedades oportunas pero sin olvidar el verdadero aluvión de “expertos” que han medrado invasivamente en unos medios de comunicación más preocupados por el titular sensacionalista que por la generación de informaciones serias. La intervención hace unos días del Dr. Joan Ramon Laporte en el Congreso de los Diputados ha evidenciado algunos de los problemas citados junto con una inadmisible censura mediática y una absoluta falta de respeto.

Es el momento de mirar hacia el futuro, eso sí, sin olvidar el pasado, para impedir que se hagan irreversibles los deterioros sociales que ha hecho emerger la pandemia, pero que ya estaban presentes antes. Continuar, como pretenden algunos, poniendo parches que no conseguirán solucionar los graves problemas existentes, sería una grave irresponsabilidad que no podemos permitirnos.