La LOMLOE o las cosas a medias

Multitud de personas, con pancartas y carteles reivindicativos durante una manifestación por los derechos de la educación pública en la Comunidad de Madrid, a 10 de septiembre de 2022

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“La utilidad de la LOMLOE para el sistema educativo y para el futuro de la sociedad se medirá por su capacidad para frenar y revertir el proceso de desmantelamiento de la educación pública. Servirá de poco si no impide las maniobras privatizadoras y la segregación socioeconómica del alumnado. Si no blinda y potencia la Educación Pública, será una ley inane incapaz de proporcionar para el siglo XXI una educación que pueda transformar y mejorar esta sociedad. De nuevo la ley tiene el mismo aire de ocasión perdida…”. Con esta conclusión, cerraba un artículo sobre la Ley Orgánica 3/2020, publicado hace un año, donde analizaba sus aciertos e insuficiencias.

Los hechos posteriores han confirmado estos fundados temores. El Gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid sigue con su cruzada privatizadora de la educación pública. Aprovecha para ello los vacíos legales y la inacción del Ministerio de Educación, que no ha sido capaz de recurrir las leyes y las medidas de Díaz Ayuso para aplicar esta estrategia.

La mal llamada ley “maestra de libertad educativa” del Gobierno de Madrid busca fundamentalmente blindar la educación concertada, incluyendo la financiación a los colegios que segregan por sexo. Se aprobó con los votos del PP y de Vox y el rechazo del bloque progresista. Una delegación del grupo parlamentario de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid nos reunimos con la cúpula del Ministerio de Educación encabezada por el secretario de Estado, Alejandro Tiana, el 21 de marzo. En ella, les advertimos de lo que sucedería y les pedimos que recurrieran la ley ante el Tribunal Constitucional. No lo hicieron y ahí están los resultados. Hablemos de dos de ellos.

1. Pelotazo educativo en Valdebebas, Villa de Vallecas y El Cañaveral. El Gobierno del PP, saltándose la filosofía de la Disposición Adicional decimoquinta de la LOMLOE, va a ceder gratis a empresas privadas tres parcelas con un valor de 30 millones de euros y una superficie total de 55.000 m2, equivalente a más de cinco campos de fútbol. Siempre aparece el mismo modus operandi. Se desprecia a las familias que se movilizan demandando la construcción de centros educativos públicos. Para que los concertados capten el alumnado, se obliga a construirlos en pocos meses: el de Valdebebas no está adjudicado aún, pero se establece que empezará en septiembre de 2023. Son una golosina desde el punto de vista de la rentabilidad: son barrios con decenas de miles de habitantes sin infraestructuras educativas y, por ello, con fuerte demanda; por ejemplo, en Valdebebas salen 3.000 alumnos a estudiar fuera cada día. Se concederán conciertos a 40 años, prorrogables a 75 años sin que exista aún el centro, algo irregular; y se compromete una financiación de muchos cientos de millones de euros de fondos públicos. Los aspirantes al premio son los sospechosos habituales: el Opus en alguna de sus formas y grandes fondos de inversión. 

En este medio, Daniel Sánchez Caballero llegaba a la misma conclusión que nosotros en el sentido de que la LOMLOE no evita el expolio de lo público: “La nueva ley de educación no consigue frenar la cesión de suelo público para colegios concertados”.

2. Financiación con 51,7 millones de euros por curso a colegios del Opus Dei que segregan por sexo. Son 17 centros pertenecientes todos ellos a grupos ultrarreligiosos que rechazan abiertamente el principio de coeducación sin ningún argumento consistente. La LOMLOE lo impide expresamente en su Disposición Adicional vigesimoquinta del artículo 83. Más allá de su ilegalidad, negar la coeducación obedece a una concepción sectario-religiosa y no tiene beneficio pedagógico alguno ¿Por qué hay que financiar con fondos públicos una filosofía patriarcal y machista de la sociedad y discriminatoria para la mujer? De ella, a los gritos simiescos del colegio mayor Elías Ahúja hay un paso.

El saqueo a la educación pública que hace el PP en Madrid pretende que sea el modelo a exportar a otras comunidades y para el Estado en el caso de ganar las elecciones generales. Además de la negativa a construir centros educativos públicos demandados por las familias, realiza una oferta de plazas públicas muy insuficiente (especialmente en la Formación Profesional). Completan el robo los cheques escolares para estudiar en centros privados a familias con rentas muy altas en las enseñanzas no obligatorias (0-3 años, bachillerato y FP). Las consecuencias son que en Madrid capital menos del 40% del alumno está escolarizado en la educación pública; o que en la última década los alumnos de la FP privada han crecido un 1.523%. 

Las razones de esta estrategia de las derechas son ideológicas, políticas y económicas. Por una parte, se busca controlar la educación para promocionar valores conservadores que mantengan el sistema y que no se planteen reducir las desigualdades y una mayor justicia social. Políticamente, hay un claro objetivo de búsqueda de hegemonía política en estas operaciones de ingeniería social. Lo sabía muy bien Esperanza Aguirre. Como llegó a decir un consejero suyo de Educación, por cada colegio concertado que se instalase aumentaría un 3% el voto al PP en el barrio o localidad. Por último, el aterrizaje de fondos de inversión en el pastel de la educación es muy evidente y proporciona una alta rentabilidad.  

El fondo del asunto es que los colegios privados-concertados son una perversión educativa y un anacronismo. Básicamente ofertan la selección del alumnado e idearios religiosos. Suele haber una ausencia de control sobre ellos por la administración educativa en cuanto al cobro de cuotas ilegales (82%) y la no participación de las familias. Pero lo más escandaloso es pagar con dinero público un sistema segregador que multiplica las desigualdades y que supone dar dinero a los que ya lo tienen.

España no es Europa en educación. Somos una anomalía: el segundo país de Europa en educación concertada, detrás de Bélgica. En todos los demás países: Francia, Alemania, la católica Italia o la envidiada Finlandia, entre otros, la educación es inmensamente pública (89,2% en educación primaria y un 83% en secundaria en la UE-28). Y es que la educación pública es un factor de cohesión social y política al ir juntos a la misma escuela los hijos e hijas de los ciudadanos pertenecientes a todos los sectores y clases sociales.

La educación es algo demasiado importante para dejarla en manos de los sectores conservadores, de la Iglesia y de los fondos de inversión. Lo mínimo que debe hacer el Gobierno de España es recurrir toda medida que intente reventar la timorata LOMLOE. Y realizar todas las modificaciones normativas que impidan la cesión de suelo público y los procesos de privatización. En este sentido, el grupo parlamentario de Unidas Podemos/ECP/GeC presentará una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados. Para tener un futuro sistema educativo de calidad, el gran reto es escolarizar al 90% del alumnado en una red pública única, como es la norma en los países europeos, suprimiendo e integrando los conciertos de forma progresiva.

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